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En la memoria de varios líderes campesinos del Catatumbo, en Norte de Santander, se mantiene viva la imagen de la visita del presidente Gustavo Petro el 16 de diciembre de 2022. Llevaba cuatro meses en el poder y, en medio de la Primera Asamblea de Organizaciones Cocaleras, Petro hizo una promesa frente a miles de personas. Vestido de guayabera blanca, el jefe de Estado aseguró que impulsaría un modelo gradual de sustitución de coca, una propuesta en la que han insistido las organizaciones desde hace más de 20 años.
“Se establece un periodo donde conviven ambos cultivos. En la medida en que va funcionando el cultivo alternativo van disminuyendo los cultivos de la hoja de coca del campesino”, dijo Petro entonces.
De eso ya pasaron más de dos años, pero según pobladores de la región, nunca se avanzó en la materialización de ese plan de sustitución gradual. Y de hecho, la propuesta RenHacemos Catatumbo, que presentó el mandatario este lunes, durante su segundo consejo de ministros televisado, marca una distancia profunda con esa idea, al plantear que los campesinos deben arrancar sus matas de raíz en 90 días a cambio de un pago, que en caso de incumplimientos no solo se suspendería, sino que llevaría a la aplicación de medidas de erradicación forzosa.
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La meta del Gobierno es sustituir al menos 26.500 hectáreas de coca, la mitad de las 53.000 que habría en el Catatumbo actualmente. Inicialmente se daría un subsidio de 1,2 millones de pesos mensuales durante un año, pero también se ofrecerían proyectos productivos y se agilizaría la titulación de tierras para los campesinos que cambien definitivamente el uso de sus predios.
Aunque no hay mayores detalles, también se contempla construir obras viales y buscar alternativas que aseguren la comercialización de lo que se produzca a base de los nuevos cultivos.
No obstante, al menos tres fuentes en la región del Catatumbo aseguraron que buena parte de las comunidades cocaleras no están de acuerdo con el nuevo plan del Gobierno, que fue socializado en las últimas semanas por Gloria Miranda, jefa de la Dirección Nacional de Sustitución de Cultivos (DSCI).
De hecho, durante el consejo de ministros, la funcionaria no respondió cuántas personas se han vinculado a la iniciativa, aunque aseguró que los primeros participantes tienen un área de 3.000 hectáreas sembradas.
La desconfianza tras el PNIS y otros incumplimientos
La propuesta de Petro no solo se estrella con las dificultades de implementar un modelo de sustitución en un territorio que vive una emergencia humanitaria y donde se mantienen los enfrentamientos entre el ELN y las disidencias de las FARC. También choca con la profunda desconfianza de las comunidades que subsisten de la economía cocalera (tanto por los incumplimientos en el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos, PNIS, que se pactó tras el Acuerdo de Paz de 2016, como en la apuesta de gradualidad de la que habló Petro en 2022).
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De fondo, como lo han advertido varios expertos en política de drogas, el principal problema es que el plan RenHacemos Catatumbo mantiene varias de las características y enfoques del PNIS e, incluso, de las apuestas que se lanzaron durante el Plan Colombia.
El congresista Diógenes Quintero, quien ocupa la curul de paz del Catatumbo criticó la nueva propuesta y dijo que es incluso más reducida que el PNIS: “Es tirar la plata al río. Una renta de $1′280.000 y un proyecto productivo de $15 millones en un año no compite con la economía ilícita de la coca y no es atractivo para los campesinos y campesinas cultivadores de coca. Va a ser un fracaso más”.
El factor Trump y el riesgo de descertificación
Detrás de todo esto estaría, además, la preocupación que hay en la Casa de Nariño por mostrar resultados ante la posible descertificación de la lucha contra las drogas por parte del Gobierno de Estados Unidos, en cabeza de Donald Trump.
Según el último informe de monitoreo de las Naciones Unidas, presentado en octubre de 2024, en el país hay al menos 253.000 hectáreas cultivadas en coca.
“Esa cifra de hectáreas es indefendible, pero mi principal crítica es que el Gobierno ha tenido dos años de anuncios grandilocuentes de la nueva política de drogas, pero no ha hecho nada en la práctica. Solo es más de lo mismo, y ahora quieren hacer responsable al campesinado cocalero de esa falta de resultados”, dice la investigadora Estefanía Ciro, quien coordinó el capítulo de drogas del informe de la Comisión de la Verdad y fundó el Centro de Pensamiento A la Orilla del Río.
El efecto de una eventual descertificación iría más allá de la suspensión de la ayuda humanitaria y militar de Estados Unidos, que también podría elevar sus aranceles y jugar con la expedición o suspensión de visas, como ya ocurrió (por una horas) durante la tensión diplomática entre Petro y Trump a finales de enero.
Seguridad, entre las principales dudas
Para Ana María Rueda, investigadora de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), la puesta en marcha de un programa como RenHacemos Catatumbo es una noticia favorable para el país. Sin embargo, hay una serie de dudas que generan preocupación.
“El lado positivo es que, por fin, después de dos años, el gobierno inicia un escenario de sustitución, que iría acompañado de bienes públicos y junta a varias carteras. No están proponiendo nada distinto a lo que se ha propuesto en el pasado y no se sabe cuál es la planificación que hay detrás. Quedan muchas dudas sobre los componentes, la priorización, la comercialización, entre otros temas”, dice la experta.
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Entre esas cuestiones que aún no están del todo claras, una de las más complejas es la seguridad. “Hablan de sustituir 25.000 hectáreas, y en buena parte de ese territorio no hay control territorial, que es indispensable para implementar cualquier programa de desarrollo. ¿Qué va a pasar si los campesinos que participen se ven afectados por el actuar de grupos armados ilegales?”, cuestiona Rueda.
Bajo el planteamiento del Gobierno, el plan justamente estaría orientado a ponerle fin de raíz a la situación de conflicto que enfrenta esta región de Norte de Santander. “La sustitución tiene una relación directa con el estado de conmoción, toda vez que los cultivos de uso ilícito y la economía que de ahí se desprende es la principal fuente de financiación de los grupos armados que están generando la crisis de orden público hoy en el Catatumbo”, dijo Gloria Miranda en el consejo de ministros del lunes.
No obstante, desde varios sectores se cuestiona que en lugar de tener un plan establecido para brindar, primero, garantías de seguridad a la población, se anuncie un programa que difícilmente podría materializarse bajo el escenario de violencia actual.
Junior Maldonado, vocero de la Asociación Campesina del Catatumbo (Ascamcat), le dijo a Colombia+20 que durante las socializaciones de RenHacemos Catatumbo en territorio, las organizaciones le insistieron en este punto al Gobierno: “Hemos insistido en que debe haber garantías para que se aplique cualquier programa, porque acá sigue la confrontación entre las estructuras. Hoy está roto el DIH en el Catatumbo”.
Ante esta serie de inquietudes sobre la planeación y la seguridad de la nueva estrategia del Gobierno, las expertas consultadas insistieron en la necesidad de que el Ejecutivo no dé pasos en falso ni siembre expectativas que no se puedan materializar en los 18 meses que le quedan a Petro en la Presidencia, y que difícilmente alcanzarían para implementar una estrategia integral que lleve a la transformación de las economías en la región.
La experiencia del PNIS, que se planteó a 24 meses pero siete años después sigue con deudas pendientes, muestra los efectos adversos de programas de sustitución que no llegan a buen puerto.
El fracaso del PNIS y los riesgos de RenHacemos Catatumbo
El profesor Lucas Marín, del Centro de Estudios sobre Seguridad y Drogas (Cesed) de la Universidad de los Andes, recogió varios elementos que demostraron que “el PNIS no tuvo los resultados esperados”.
Con base en la revisión de estudios realizados por una decena de expertos, Marín resaltó, por ejemplo, que el anuncio del programa de sustitución en 2014 aumentó los cultivos de coca. Aunque, ya en la implementación, se logró sustituir las hectáreas esperadas, el efecto neto final fue negativo “porque el anuncio aumentó más el número de hectáreas que las que fueron sustituidas”.
Además de esto, hubo una gravísima relación entre el desarrollo del PNIS y la violencia contra líderes sociales. Según una investigación publicada por Marín en 2022, tras la firma de los acuerdos colectivos aumentó en más de 480% el asesinato de líderes.
A todo eso se suma, producto de los errores en el diseño del programa, el aumento de la coca y la deforestación en zonas vecinas a los terrenos donde los beneficiarios sustituyeron la coca, aumento de conflictos socioambientales.
“El PNIS, lejos de ser un modelo ideal y con múltiples incumplimientos de implementación, es problemático que se replique con las mismas características ahora. Ninguna intervención va a sustituir en el corto plazo los beneficios económicos de la economía cocalera”, concluyó el investigador.
