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La Sierra Nevada de Santa Marta, el territorio sagrado de los pueblos indígenas Kogui, Arhuaco, Wiwa y Kankuamo, lleva más de 70 años resistiendo a la presencia de actores armados de todos los orígenes. Guerrillas, paramilitares y bandas criminales se han disputado el control de esta región empotrada en las montañas del Magdalena, La Guajira y Cesar, dejando miles de víctimas a su paso.
En la actualidad, la región está bajo el poder de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), grupo heredero del paramilitarismo con el que, en las últimas semanas, el gobierno del presidente Gustavo Petro anunció un proceso de diálogos sociojurídicos con miras a la construcción de paz y el fin de esa estructura ilegal.
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Desde antes de que se oficializara la decisión de conversar con las ACSN, varios sectores venían abriendo la discusión sobre la importancia de buscar salidas al conflicto en la región, que en los últimos cinco años se ha enfrentado a una guerra silenciosa entre los conquistadores y el Clan del Golfo.
Producto de esa confrontación se han presentado desplazamientos y confinamientos de cientos de familias de las comunidades indígenas, campesinas y afro, además de una dinámica de homicidios selectivos, masacres y amenazas que en 2024 dejaron a Santa Marta como una de las ciudades más violentas del país.
La voz de la comunidad
Uno de esos escenarios de diálogo tuvo lugar el pasado 11 de febrero en la Universidad del Magdalena, donde se llevó a cabo el conversatorio ‘Dinámicas de negociación territorial entre el Gobierno y los grupos armados’.
El encuentro fue impulsado por la Plataforma de Defensores de Derechos Humanos, Ambientales y Liderazgos de la Sierra Nevada (PDHAL), la Coordinadora Humanitaria, Vivamos Humanos, la Mesa Humanitaria de la región Caribe y el Instituto Colombo-Alemán para la Paz (Capaz).
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En la charla participaron líderes sociales, investigadores, académicos y de la comunidad internacional que pusieron de relieve los elementos cruciales para consolidar cualquier apuesta de paz en la Sierra.
Uno de los llamados clave fue que cualquier proceso cuente con la participación de la sociedad civil y que se ofrezcan garantías.
“Sea cual sea la naturaleza del actor armado que en el marco de la paz total quiera hablar con el gobierno, el Estado debe ser garante de que esas comunidades lleguen a esas mesas de conversación con sus propias voces y agenda. Es necesario que los actores (armados) entiendan que no pueden seguir atentando contra líderes sociales, contra jóvenes y creando formas de violencia permanentes y continuas en el territorio”, dijo uno de los asistentes.
A su turno, una lideresa que hace parte de la Mesa Humanitaria de la región Caribe pidió que la institucionalidad se esfuerce en profundizar la comprensión de las dinámicas del territorio porque, de lo contrario, “el desconocimiento deviene en una mayor vulnerabilidad de las personas que lideran procesos sociales”.
La urgencia de buscar mínimos humanitarios
Esa preocupación por la seguridad de los pobladores, indicaron durante el conversatorio, debe llevar a que, en el marco de los diálogos con grupos armados ilegales, se busque desescalar el conflicto y garantizar la vida de las comunidades.
“Hay una cosa determinante que se llama tiempo, y los tiempos han sido muy complejos y nos han costado vidas humanas. Hoy en el territorio hay una actualización de la violencia muy fuerte y una innovación en la criminalidad. Es muy importante establecer unos mínimos humanitarios en el espacio de diálogo. Si no vamos a contener las violencias, no podemos permitir que sigan avanzando”, aseguró Lerber Dimas Vásquez, antropólogo, defensor de derechos humanos y representante de la PDHAL.
Incluso, durante el evento surgió una propuesta en la que han insistido en varias oportunidades las comunidades: la búsqueda de acuerdos no solo entre el grupo armado y el gobierno, sino multilaterales.
“Para salvaguardar a la población civil en medio del conflicto es necesario que haya un cese de hostilidades multilateral con todos grupos armados que hacen presencia en los territorios del Caribe, es insuficiente un cese al fuego bilateral con las Fuerzas Armadas cuando se enfrentan entre grupos armados y en medio queda atrapada la población civil”, propuso María Fernanda Díaz, miembro del área de derechos humanos de la Corporación Vivamos Humanos.
En entrevista con Colombia+20 de El Espectador, el jefe militar de las Autodefensas Conquistadoras, José Luis Pérez, aseguró que las ACSN tienen disposición de explorar una tregua con el Clan del Golfo (o EGC). Sin embargo, aún no se conoce una propuesta de aceptación por parte del Clan.
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La importancia de la verdad
Pese a que el Gobierno Nacional ha anunciado que iniciará diálogos con los dos grupos que se disputan la región (ACSN y EGC), una de las principales preocupaciones está relacionada con el reconocimiento de verdad y responsabilidad de estos grupos respecto de las afectaciones que han generado en la población civil.
Norma Vera Salazar, defensora de derechos humanos e investigadora, aseguró al respecto: “Si no hay a la verdad, unos mínimos de verdad, reparación y justicia, es muy difícil iniciar un proceso, es muy difícil que haya confianza y es muy difícil que la gobernanza criminal no siga consolidándose de la manera en que se ha consolidado el territorio”.
Vera agregó que, entre los temas que los grupos armados deben reconocer, se incluye su relación con las economías ilícitas, incluido el narcotráfico.
“El debate social del narcotráfico pasa no por la estigmatización, sino por el reconocimiento de que actores políticos e institucionales han hecho parte del negocio narcotráfico, que ha permeado la economía y ha permeado las actividades inmobiliarias de la ciudad. Esa discusión es el primer elemento para mirarnos de frente y reconocer que eso debe hacer parte de la agenda de negociación”, dijo la investigadora.
Una metodología clara y con lecciones del pasado
Luego de múltiples intentos de paz en esta región, una de las mayores preocupaciones es que el conflicto siga reciclándose y nuevos grupos ilegales lleguen a ocupar las zonas que otros abandonan, como ocurrió en el pasado.
Al respecto, Juan Myer, exministro de Ambiente y fundador de la Fundación Prosierra, invitó a hacer una reflexión sobre cómo debe ser el proceso, qué se ha aprendido, qué contribuciones hay, y cómo debe ser un proceso de mediano y largo plazo.
“En un año y medio (que le resta al Gobierno Petro) no podemos hacer mucho más. Este es un tema de transformación social, transformación del pensamiento, ordenamiento del pensamiento que está muy disperso y muy desordenado. Se necesitan liderazgos”, aseguró Myer.
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En ese sentido, Juan Carlos Gamboa, experto en dinámicas de violencia en la región Caribe, indicó: “Hay que ver cómo han funcionado los espacios en otros territorios, comparar qué sirve y qué no. Es importante delimitar qué es un diálogo sociojurídico y cuáles son los alcances para poner las expectativas alrededor de estas posibilidades”.
Stefan Peters, director del Instituto Colombo-Alemán para la Paz (Capaz), planteó la importancia de tener una visión integral sobre lo que puede ocurrir con este espacio de conversaciones.
“Es necesario llegar más allá sobre los cambios que se necesitan y tener dentro de las instituciones una capacidad y forma de pensar cómo se buscan implementar aquellos acuerdos que se den en el proceso. Se necesita fortalecer especialmente el trabajo de cumplir desde los diferentes niveles del gobierno. Además, necesitamos conversar, debatir, investigar, en diferentes lugares, no solo desde la academia, ya sabiendo que en el contexto en el que estamos no es fácil”, dijo Peters.
La profesora Norma Vera añadió que, además de la necesidad de una metodología clara, cualquier escenario de diálogos debe tener mecanismos de verificación que se puedan constatar internacionalmente y que puedan hacerle seguimiento cualitativo y cuantitativo a cada una de las violaciones a los derechos humanos cometidas en el territorio.
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Hasta el momento, no hay fecha clara del inicio del proceso de diálogos en la Sierra Nevada de Santa Marta. Para las comunidades y varios sectores de la sociedad, pese a los desafíos, esta es la única forma de impulsar la construcción de paz en un territorio que lleva décadas sufriendo la violencia de los grupos armados. Los próximos meses serán claves para saber si la apuesta de espacios sociojurídicos con las ACSN y el Clan del Golfo pueden llegar a buen puerto.