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Este viernes el presidente Gustavo Petro firmó la resolución ejecutiva número 158 en la que tomó la decisión de suspender la extradición de Gabriel Yepes Mejía, conocido como H.H. y comandante de Comuneros del Sur, el frente que se separó del ELN y con el que el Gobierno lleva un proceso de paz.
Según la resolución, se “suspenderá la entrega” del ciudadano a las autoridades de Estados Unidos que lo requieren por delitos de narcotráfico “mientras contribuya con aportes verificables y resultados concretos en el proceso de la consecución de la Paz Total”.
H.H. es negociador de la mesa de diálogos que se lleva con Comuneros del Sur. Este es el primer pronunciamiento del presidente sobre una extradición en el marco de la paz total.
En el documento, firmado por el presidente Petro, y el secretario jurídico del Dapre y ministro encargado de Justicia, Augusto Ocampo, también se explica que, en caso de que, a juicio del Gobierno Nacional, “se interrumpa su participación o cesen sus aportes al proceso de Paz Total” se procederá a hacer efectiva la entrega de Yepes Mejía.
El primero en dar el anuncio fue Armando Novoa, jefe de la Delegación de Gobierno en los diálogos que se siguen con la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, y quien también ha acompañado el proceso con Comuneros del Sur.
“Esa resolución acude a una figura que está en el Código Procedimiento Penal según la cual, el Presidente de la República puede autorizar una extradición o suspender sus efectos”, dijo desde Tumaco.
Sobre si hay tiempo definido para esta suspensión de la orden, Novoa dijo que era “indeterminado”. “Usted entenderá que los avances en un proceso de paz no tienen unas fechas fijas, sino que están sujetos a una serie de variables que no se pueden determinar como por ejemplo la satisfacción de los derechos de las víctimas”, explicó.
Las denuncias de la ministra Buitrago
La decisión del presidente se da en la misma semana en la que la saliente ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, denunció presiones para frenar la extradición de H.H.
El punto más sensible de las denuncias gira en torno al caso de H. H.Según reveló Buitrago, hubo presión para frenar ese proceso, con el argumento de que H. H. -a quien el pasado 14 de abril la Corte Suprema le avaló su extradición- podría tener información relevante y que su traslado a Estados Unidos impediría seguir adelante con el diálogo de paz, uno de los más avanzados en la política de paz total de Petro.
Según la denuncia, cuando Buitrago regresó del viaje que hizo a Washington en compañía del ministro de Defensa, encontró en su despacho un documento redactado con un “concepto desfavorable” supuestamente dirigido a impedir la extradición de H. H.
En el fondo, ese “concepto desfavorable” escrito por la Oficina del Consejero Comisionado no tiene ninguna razón jurídica.
De acuerdo con el trámite regular que se hace en los procedimientos de extradición, solo el presidente puede negar o avalar la solicitud de extradicion. Por ello, no se entiende de qué serviría o no un concepto de la ministra de Justicia, pero Buitrago aseguró que la negativa a firmar ese documento fue uno de los factores determinantes que sellaron su salida del gobierno.
Sobre las denuncias de Buitrago, Carlos Erazo, coordinador del Gobierno en el diálogo con Comuneros del Sur, le dijo a Colombia+20 que no tenía información al respecto, pero sí fue enfático en decir que posible extradición de Yepes Mejía frenaría ese diálogo con Comuneros. “Indudablemente, un Yepes Mejía extraditado pues mata el proceso”, afirmó a este diario.
Las cuentas pendientes de H.H.
H. H. fue llamado a juicio desde el 14 de julio de 2022, cuando fue acusado por la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Este de Texas. Ante ese tribunal norteamericano es que debe rendir cuentas y responder por varios delitos.
Según la Corte, “es responsable de la producción de cocaína, la coordinación de envíos de cargamentos de cocaína, y la supervisión y dirección del despacho de cargamentos de cocaína desde la costa de Colombia con destino a lugares predeterminados en las inmediaciones de Centroamérica y México”.
Para el tráfico, el grupo ilegal utiliza “lanchas de alta velocidad, embarcaciones de carga, embarcaciones de pesca, embarcaciones sumergibles, aeronaves, vehículos motorizados y otros medios para contrabandear cocaína”.
En Colombia está vinculado actualmente a cinco procesos penales: dos por homicidio, uno por desaparición forzada, fabricación, tráfico y porte de armas, y terrorismo.
Además, tiene 22 registros de órdenes judiciales en su contra y una sentencia condenatoria vigente por el delito de rebelión, así como seis órdenes de captura suspendidas por delitos de deslazamiento forzado, homicidio, terrorismo, concierto para delinquir y tráfico de armas, entre otros. Por algunos de esos mismos delitos, tiene 13 órdenes de captura que no están vigentes y dos medidas de aseguramiento pendientes.
Esta es la resolución
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