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Este jueves 13 de febrero fue presentado desde la Universidad de Antioquia el balance sobre el plan piloto contra la extorsión que fue anunciado el 19 de diciembre de 2024 desde la cárcel de Itaguí por delegados del Gobierno Nacional y de las bandas criminales que están en el espacio de conversación sociojurídico del Valle de Aburrá.
El plan piloto tenía una duración de un mes y estaba focalizado en 25 barrios de Medellín y Bello.
Al inicio de la presentación, Isabel Zuleta, coordinadora del Gobierno en el espacio de diálogo, aseguró que este plan piloto no será el único y que no está aislado de los otros compromisos pactados en la mesa, entre los que hay temas de explotación sexual infantil y tráfico de estupefacientes.
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En el encuentro, las partes acordaron extender el plan piloto por tres meses más. “Anunciamos que nos da mucho gusto comunicar a la sociedad civil que se ha decidido prolongar por tres meses más este piloto para que la paz tenga una oportunidad irreversible”, dijo Jorge Vallejo, vocero del proceso.
El balance sobre el plan piloto
En el balance entregado por la Comisión de Observación Seguimiento sobre el plan piloto se mencionaron algunas dificultades que hubo para hacerle seguimiento los compromisos de las bandas, pues hubo escasez de registros confiables y un subregistro sobre el delito de extorsión, lo que dificulta dimensionar de fondo la problemática.
Según Alejandro Sierra, coordinador del equipo de seguimiento, la ausencia de información institucional también dificultó que hubiera una línea base confiable sobre este flagelo.
Además, el monitoreo dio como hallazgo que en los barrios incluidos en el piloto la orden de cobros extorsivos se hizo efectiva mayoritariamente, aunque de manera parcial. Los eventos de cobro persistieron en el periodo
Sin embargo, comerciantes aseguraron que no hubo exigencias de pagos ilegales por parte de las estructuras armadas, pero sí se dieron casos en los que los ciudadanos tuvieron que hacer pagos por “cuotas navideñas” o por el miedo a perder la “prestación de servicios de seguridad”.
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Según Sierra, esto refleja una problemática estructural, pues la extorsión ha sido naturalizada en las comunidades de Medellín como un método de gobernanza criminal.
“En estos contextos, los habitantes ven en estos pagos no solo una imposición, sino una forma de garantizar seguridad y estabilidad. En algunos casos, la extorsión ya no se manifiesta únicamente a través de amenazas directas, sino que se presenta como ‘pagos por seguridad’ o ‘contribuciones a la comunidad’, consolidando un sistema de regulación económica y social controlado por estructuras ilegales”, dijo el coordinador.
Fuentes en terreno también explicaron a Colombia+20 que los cobros de extorsión se adelantaron en algunos sectores y que dentro de las modalidades o conductas de extorsión también está la venta de lotes, cobros por mejoras en vivienda, multas por temas de convivencia, monopolio de la canasta básica, cobros a transportadores y cobros por regalos navideños con cuotas que iban desde 500 mil pesos hasta 2 millones de pesos para comerciantes.
“La extorsión no desapareció en los territorios intervenidos; en algunos barrios se redujo temporalmente, pero en otros persistió bajo nuevas modalidades. Esto indica que, más allá del cese puntual de cobros, los grupos armados mantienen su capacidad de regulación económica y social. La extorsión sigue siendo una práctica central en la gobernanza criminal y, en algunos casos, se transformó en formas más sofisticadas de control territorial al que, aunque subyace el recurso al uso de la violencia, no suele recurrir al ejercicio físico de la misma”, dijo Sierra en la presentación del balance.
Además, el coordinador del equipo de seguimiento dijo que uno de los hallazgos hechos en este primer mes del plan piloto es que hay desconfianza de las comunidades en las instituciones encargadas de prestar seguridad; así como también una falta de respuesta efectiva por parte del Estado para frenar la extorsión.
Las dudas que estuvieron presentes durante la ejecución del plan piloto
Desde que el modelo fue planteado el 19 de diciembre del año pasado, expertos y habitantes del Valle de Aburrá pusieron sobre la mesa las dudas sobre la implementación del plan piloto, pues el flagelo de la extorsión en Medellín es una problemática que está muy enquistada y que se desarrolla de diferentes modalidades.
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Fuentes cercanas al proceso y algunas personas de los barrios le confirmaron a Colombia+20 que en algunos puntos se realizó el cobro de extorsión bajo diferentes modalidades antes y durante el mes en el que estuvo la puesta en marcha del piloto anunciado desde el espacio de diálogo.
Expertos apuntan a que existen al rededor de siete estrategias de extorsión en los barrios y comunas. Entre ellas resalta el cobro para fiestas navideñas y el cobro por seguridad.
Otra de las dudas que se había planteado era la inexistencia de un modelo que permitiera medir la disminución de este flagelo. Este reto también fue expuesto por la comisión de seguimiento: “es importante destacar que no existen metodologías validadas internacionalmente para el monitoreo de fenómenos urbanos asociados a estructuras criminales con dinámicas de relación complejas con la sociedad, el mercado y el Estado”, dijo el delegado.
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