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Cuando se firmó el acuerdo de paz entre el gobierno de Virgilio Barco y la guerrilla del M-19, hoy hace 35 años, ni Carlos Pizarro, el histórico último comandante de esa guerrilla, ni Rafael Pardo, entonces consejero de paz, llevaban un lapicero. Ambos, en medio de las risas de los periodistas y testigos nacionales e internacionales del que es considerado el primer acuerdo de paz de Colombia con una guerrilla en la historia reciente -el M-19 surgió en los años 70 y el ELN en los 60-, tuvieron que pedirle prestado el bolígrafo al presidente Barco.
Todos estaban en una sala oscura del Palacio de Nariño. Eran cerca de las 8 de la noche y no había más de 30 personas. La ceremonia apenas duró 13 minutos. Pizarro y Antonio Navarro Wolff, el segundo al mando del grupo armado, venían en traje informal. El primero llevaba jeans grises, una camiseta amarilla con rayas negras, una chaqueta de cuero café y, claro, su inconfundible sombrero aguadeño blanco, que ya se había hecho famoso en el país. Navarro tenía pantalón negro, camisa blanca y chaqueta gris. El estilo contrastaba con los elegantes trajes que usaban Barco, Pardo y el expresidente Julio César Turbay —con su inconfundible corbatín—, también presente en la sala.
“Precisamente este no es el traje de protocolo ni somos nosotros expertos en el arte del protocolo, pero sabemos que aquí hemos sido recibidos con calidez y respeto. Todos juntos hemos llegado con satisfacción al final de un proceso intenso donde se ha puesto a prueba la capacidad de unidad de los colombianos”, dijo Pizarro, el primero en hablarle a la prensa.
Lo de Bogotá fue el acto solemne. La firma más simbólica, sin la pompa y los formalismos, se dio ocho horas antes a 508 kilómetros de distancia, sobre la cancha de fútbol del polideportivo de Caloto, en Cauca. Dice la prensa de la época que, aunque el municipio hervía a 40 grados centígrados, los más de 3.000 asistentes no se movieron ni un milímetro.
Lo mismo ocurrió el día anterior, pero en otro punto de ese departamento: el corregimiento de Santo Domingo, en Toribío. Allí se concentraron las tropas del M-19 y se llevaron a cabo la mayoría de las negociaciones de un proceso de paz que duró apenas 14 meses —dos décadas después, el de las FARC tardó casi seis años, si se cuentan los diálogos secretos—. En Santo Domingo hubo otro hecho histórico: la dejación de armas. En total fueron entregadas 640, que se fundieron en 27 lingotes de acero. Ese día fueron dispuestas las últimas 57 sobre un tablón de madera forrado con la bandera de Colombia.
La última de ellas, en una imagen que el país ha visto varias veces, fue la de Pizarro. “Estoy seguro de no estarnos equivocando en este momento supremo del país. Ha llegado el tiempo de dejarlas (…) El M-19, en las manos de su comandante general, hace dejación pública de la última arma en manos del movimiento 19 de abril por la paz y la dignidad de Colombia”, dijo el comandante en ese discurso que terminó con la frase: “Oficiales de Bolívar, rompan filas”. Como último gesto simbólico, en una guerrilla que jugó con ese sello, arropó en una bandera de Colombia su pistola -a la que le había sacado las balas y les había grabado su nombre con una navaja suiza- y la puso en la cima del montón de fusiles.
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En el corazón del Cauca, uno de los departamentos que sigue azotado por la guerra, pasaron los dos hechos históricos. Allí cerca de 900 hombres del M-19, una guerrilla rara, llena de golpes propagandísticos, firmaron el acuerdo de paz que marcó un hito en la historia de Colombia. Fue el primer proceso exitoso de desmovilización de un grupo armado y abrió la puerta para otros acuerdos similares. Sin embargo, persisten las enormes y quizás ya impagables deudas con las víctimas de los crímenes cometidos por esa guerrilla, entre ellos el secuestro y asesinato del líder sindical José Raquel Mercado, el del líder conservador Álvaro Gómez Hurtado, la toma de la Embajada de la República Dominicana y la toma del Palacio de Justicia, en 1985, una de las heridas más grandes del país (ver balcones).
***
El M-19 nació en 1970 como una respuesta al presunto fraude electoral contra Gustavo Rojas Pinilla en las elecciones presidenciales de ese año. Sus iniciaron una lucha armada que incluyó acciones temerarias, como el del robo de la espada de Bolívar, en 1974, y el robo de 5.000 armas al Ejército en el Cantón Norte.
“Para tener presencia en el país había que estar armado. Era una tragedia, pero era así… y nos armamos. Decidimos hacer una guerrilla urbana”, explicó a este diario hace unos meses Carlos Sánchez, uno de los fundadores del M-19.
En las ediciones de El Espectador de esa época, se hablaba de que se trataba de un “nuevo grupo sedicioso” que pretendía crear confusión en la capital mediante atentados y que el autodenominado ‘Movimiento 19 de abril’ era el autor de los “espectaculares asaltos perpetrados en esos días”.
Pero esa espectacularidad y su “guerra contra la oligarquía” no fueron los únicos sellos del M-19, que entre 1975 y 1978 logró convertirse en el mayor grupo subversivo de Colombia por número de hombres, pero sobre todo por el impacto en el país. Como cualquier otra guerrilla, sus acciones empezaron a endurecerse y dejaron a su paso cientos de víctimas. Según el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNHM), en los 16 años de alzamiento armado, el M-19 realizó 557 secuestros, 48 tomas guerrilleras, y fue responsable del 74 % del reclutamiento de menores entre 1979 y 1989.
En esa guerra, el punto de quiebre fue la toma del Palacio de Justicia, uno de los actos más terribles perpetrados por ese grupo insurgente, que también fue el inicio de su declive político. La verdad de lo que ocurrió el 6 y el 7 de noviembre de 1985 es un tema sin esclarecer. Entre otras razones porque la acción también derivó en una retoma, la respuesta del Estado con una operación militar para muchos desproporcionada.
El hecho causó la muerte de 98 personas, entre ellas 11 magistrados. Además, al menos 12 personas fueron desaparecidas —aunque hay un alto subregistro—, muchas de ellas vistas con vida tras ser evacuadas del edificio por las fuerzas militares. Investigaciones han comprobado que algunos fueron torturados, ejecutados y desaparecidos por el Ejército Nacional. En 2014, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado colombiano por esos hechos.
Hasta hoy no se conocen ni las motivaciones (varios informes afirman que la toma se hizo por un “mandado” del narcotraficante Pablo Escobar y que también la había financiado), ni otros hechos que ocurrieron dentro del Palacio de Justicia.
“Ellos tienden a querer reducir esto a una responsabilidad de la fuerza pública, que es cierto que lo es y está en sentencias judiciales, nacionales e internacionales, pero eso no significa que la guerrilla no tenga nada que ver. Ellos entraron, ellos desencadenaron lo que vino después”, dijo a este diario Helena Uran Bidegain, hija de Carlos Horacio Uran, magistrado auxiliar del Consejo de Estado asesinado durante esa toma.
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Exintegrantes del M-19, incluidos los que hablaron con Colombia+20, han dicho de forma pública y privada que tanto el cruento asesinato del líder sindical José Raquel Mercado en febrero de 1976 -su cuerpo fue dejado y expuesto en la calle 63 con carrera 50 de Bogotá- como la toma del Palacio fueron errores y llevaron al grupo a una reflexión.
“El error más grande creo que fue el del Palacio que fue poner como prioritaria la lucha jurídica sobre la política”, aseguró a este diario Alix Salazar, excomandante de células urbanas en el M-19, pero que no participó en la toma.
Hasta la fecha, las víctimas de la toma y la retoma del Palacio siguen reclamando justicia. Aunque se han llevado a cabo investigaciones y se ha condenado a algunos militares por la desaparición de personas durante la operación de rescate, la responsabilidad de los exguerrilleros del M-19 ha quedado en gran parte impune.
“Es impagable. Habría que ponderar el concepto de reparación en este caso y cuál es el alcance. Si es algo netamente de reconocimiento de verdad o si tiene un componente de resarcimiento de la expectativa de vida que acabaron”, afirmó Gabriel Andrade, hijo del desaparecido magistrado Julio César Andrade.
La historia de la negociación
El proceso de paz con el M-19 empezó un viernes 6 de enero de 1989 en el sur del Tolima y duró 14 meses. Esa primera cita que empezó en Ibagué, y a la que acudió el entonces consejero de paz, Rafael Pardo, junto con otros hombres que se volverían claves en el proceso, como Ricardo Santamaría, Carlos Eduardo Jaramillo y Eduardo Díaz, fue accidentada.
Pardo ha contado varias veces, incluso en el libro que escribió sobre la desmovilización, que la guerrilla les hizo dar vueltas por Ibagué y luego por zonas aledañas durante horas: “Más que despistar a eventuales perseguidores, lo que hacía la gente del M-19 era tratar de impresionarnos y darse importancia”.
Tras 12 horas de camino en carro y luego a pie, llegaron de noche al resguardo indígena de Totarco-Piedras, en el sur del Tolima. Tomaron coñac Remy Martín, que la delegación del Gobierno había llevado, y Pardo le entregó a Pizarro un libro sobre Bolívar. Era, según cuentan varios testigos, una forma para distensionar el ambiente.
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“A las cuatro de la mañana vimos que ya era hora de dormir y nos fuimos a una de las casitas. Nos tocaba dormir sobre esteras. Ese día se durmió poco y en la mañana muy temprano vi a Pardo sentado en una silla muy pensativo. Ahora sí había llegado el día, empezaba la negociación”, contó a Colombia+20 Eduardo Díaz, entonces director del Plan Nacional de Rehabilitación (PNR), un programa de la Presidencia que buscaba la normalización de zonas afectadas por conflictos sociales.
Cuatro días duró ese primer encuentro ambientado por las condiciones del terreno, lo poco preparados que iban los delegados para el clima —en las fotos algunos tienen camisas de manga larga, saco y zapatos elegantes— y comidas contundentes, como sopas campesinas y sancochos. Las conclusiones de cada día se pasaban a máquina y al otro día se disponía de un momento para que cada parte las leyera.
En la tarde del 10 de enero, la delegación improvisó una rueda de prensa con periodistas que, dice Pardo, aupados por la guerrilla, habían logrado llegar al lugar. Ese día se dio a conocer la “primera declaración conjunta”, como se le llamó al documento de cuatro puntos con el que oficialmente se abrió el camino para la negociación con el M-19. “La suerte está echada”, dijo Pizarro apenas terminó de firmar el documento. En su libro, Pardo dice una frase más contundente: “Solo teníamos al M-19, que si bien no era todo tampoco era poca cosa”.
“Ese regreso fue lo más duro porque no tuvimos un guía y le tocó a Ricardo Santamaría llevarnos a donde habíamos dejado los carros. Yo en ese momento dije: nos perdimos, nos perdimos en este valle. Teníamos que bregar por un teléfono porque necesitábamos reportarnos. Encontramos un teléfono público en la carretera. Pardo llamó a la Casa de Nariño y dejó la razón de que sí había acuerdo”, cuenta Díaz.
A esos encuentros les siguieron varios más en el Tolima, hasta que la mesa de paz decidió usar una zona desmilitarizada en Santo Domingo, en Cauca, donde se instaló el campamento con la mayoría de hombres del M-19. Un lugar que se convirtió en un centro casi de turismo. Se estima que cerca de 40.000 personas visitaron el lugar.
Mientras duró el proceso se realizaron mesas de trabajo en las que por primera vez, la sociedad civil pudo participar directamente en un proceso de paz, lo cual también muestra cómo sirvió de ejemplo para otros procesos en esa época en países como Nicaragua y El Salvador. Sin ir más lejos, la fallida mesa del ELN con el Gobierno Petro también usó esa figura-. Cientos de solicitudes de organizaciones sociales, campesinas, gremios, sindicatos aterrizaron en la mesa. “Todas fueron leídas y oídas”, dice Pardo.
Mientras las negociaciones avanzaban, en Santo Domingo la vida normal de civil iba abriéndose paso entre los guerrilleros. Tras la declaración de un cese unilateral de hostilidades en septiembre de 1989, los días ya no pasaban planeando el siguiente asalto o pensando en golpes propagandísticos, sino en repartir las tareas normales de un campamento. “Cada quien tenía una función en varias cosas. Unos teníamos que hacer las comidas, otros organizaban armas, teníamos reuniones con los comandantes para saber lo que se iba aprobando. Eso era lo que íbamos haciendo”, cuenta Alix, quien estuvo en esa zona en el último tramo de la negociación.
“A principios de noviembre teníamos acordado prácticamente todo lo esencial: el acuerdo político, el de garantías para la reinserción a la vida civil y el proyecto de ley para indultar a quienes dejaran las armas estaba ya en el parlamento. Faltaba pasar al Congreso, con el trámite de la reforma constitucional”, relata Pardo en su libro.
En efecto, esa reforma constitucional era, sin exagerar, el corazón de ese acuerdo de paz. Decir que el M-19 fue el artífice de la Constitución de 1991 sería falso, pero sobre todo injusto. El origen de la Asamblea Nacional Constituyente se dio por diferentes movimientos como el estudiantil, aunque, claro, la petición de esa guerrilla para la reforma se sumó a ese esfuerzo.
“Teníamos claro que ya en esa época el país no aceptaba ni la Constitución de 1986, ni el accionar de los grupos armados y que ese no era el camino, que el camino era la paz, la reconciliación nacional, y nos la jugamos toda por eso”, recuerda Laura García, también exintegrante del M-19, quien hacía parte de la comandancia y manejaba las comunicaciones. García fue además la última pareja de Carlos Pizarro y es la mamá de María del Mar Pizarro, actual congresista de Colombia.
Para finales de diciembre todo parecía ir encaminado hasta que sobrevino una de las peores crisis: Barco tuvo que retirar el proyecto de reforma constitucional porque carteles del narcotráfico que habían permeado el Congreso querían meterle el “mico” de que no hubiera extradición. “Tuvimos varias crisis, pero la que más recuerdo es esa del tema de la no extradición para nacionales. Barco ordenó hundir la reforma constitucional”, aseguró Pardo.
Ese parecía el final del urgido cambio que se pedía de la Constitución y a su vez de los otros puntos negociados con esa guerrilla que se desprendían de ello. Parecía un obstáculo insalvable para un acuerdo que había avanzado a pasos agigantados. “No vamos a dejar de ser el grupo de la oposición armado más destacado del país, para convertirnos en la oposición desarmado más irrelevante del panorama nacional”, dijo Pizarro en su momento.
La decisión que destrabó el proceso no fue fácil ni muy popular. El gobierno decidió adelantar el indulto a Pizarro y a Navarro para que pudieran participar en las elecciones de marzo de 1990. Los demás guerrilleros siguieron firmes en el campamento temporal hasta que la idea de la Constituyente, que incluyera la posibilidad de una circunscripción especial para que los alzados entraran a la política, destrabó el proceso.
El acuerdo final contempló diez puntos: la incorporación a la vida civil; una circunscripción Especial de Paz -muy parecida a las que tienen hoy los ex-FARC que firmaron el Acuerdo de Paz de 2016-; la creación de un Fondo Nacional para la Paz; la reforma electoral y la reforma a la justicia; una comisión académica no gubernamental sobre Estupefacientes; la desmovilización y dejación de las armas; las garantías jurídicas y programas productivos y de reinserción social; un plan de seguridad; temas relacionados con el Pacto Político por la Paz y la Democracia, y una comisión de seguimiento.
“Estimo que se cumplieron”, dijo tajantemente Pardo al preguntarle si cree que lo que se pactó sí se implementó.
En lo que coinciden todos es en que faltó el componente sin el cual hoy sería impensable un acuerdo de paz: la reparación a las víctimas. Entonces, no existía la Corte Penal Internacional y, por tanto, los Estados no estaban obligados a investigar crímenes de guerra o de lesa humanidad. Tampoco se hablaba de la justicia transicional ni de la centralidad de las víctimas. El proceso con el M-19 no contempló mecanismos de verdad y justicia, como los que se establecieron en procesos posteriores, como el de las FARC con la Jurisdicción Especial para la Paz. Esto ha generado un sentimiento de impunidad entre las víctimas, que aún exigen reconocimiento y reparación por parte de los excombatientes.
“En repetidas ocasiones ellos hubiesen podido reconocer el daño causado y tener un gesto mucho más humano y solidario frente al dolor de muchas de las víctimas. Sé que lo hacen de manera individual y de manera privada, pero no he visto que lo hagan de forma colectiva y en público. Soy testigo de eso y así no vale, así no sirve. No sirve lo que yo comparta en un espacio privado con uno de ellos si el país no es testigo de eso”, asegura Uran.
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El asesinato de Carlos Pizarro
El jueves 26 de abril de 1990, apenas 47 días después de haberse firmado el acuerdo de paz con el M-19, se registró un hecho que, en principio, se pensó que echaría por la borda la implementación del proceso. En un vuelo de Avianca con rumbo a Barranquilla en plena campaña por la Presidencia, Carlos Pizarro fue víctima de un atentado. Según los testigos, ya en el aire, Gerardo Gutiérrez Uribe (Jerry) salió repentinamente del baño del avión y le disparó al exguerrillero con una subametralladora.
Los escoltas de Pizarro reaccionaron y mataron a Gutiérrez. El avión se devolvió a Bogotá y, aunque Pizarro alcanzó a llegar a la Caja Nacional de Previsión Social malherido, murió horas más tarde. A pesar de que sobre sus hombros pesaban decenas de amenazas, la simpatía que había logrado en el público por su carisma, según dicen varias personas de su entorno, parecía blindarlo. Pero no fue suficiente.
“Se tuvo toda la empatía de muchísimas personas y sectores en el país, que le abrieron el corazón y que apoyaron esa paz y a Carlos. Sabíamos del riesgo de vida que se corría y decidimos asumirlo por Colombia. Pero sabían que, matándolo, mataban la esperanza, pero también la fuerza de la opinión que generamos, con la ayuda de todos los sectores, era tan grande que se continuó en la paz y por eso se logró en la gran mayoría la Asamblea Nacional Constituyente”, dice Laura García.
La noticia del crimen se esparció rápidamente. “Todos los periodistas nos volcamos allá en la Caja. Eso se llenó de un gentío, un corre corre y una agitación tremenda, hasta cuando dicen ‘se murió, se murió, se murió, Pizarro se murió’ “, recuerda Rodrigo Barrera, periodista de la época.
Antonio Navarro, se convirtió así en el nuevo jefe del M-19. Antes de saberse sobre la muerte de Pizarro, convocó a los excomandantes de la guerrilla a una reunión de urgencia donde les dijo que sin importar lo que pasaba, debían seguir firmes. Navarro y Pizarro se habían prometido eso tiempo atrás. Que pese a todo, el proceso debía salir adelante.
“En ese momento llegó Navarro y yo creo que todos le reconocimos que fue un hombre muy sensato y muy inteligente porque, a pesar de la muerte de Pizarro, que era algo impresionante, él supo continuar con el proceso de paz”, agrega Barrera.
Tras su muerte, una multitud colmó la carrera séptima de Bogotá con dirección a la Plaza de Bolívar. Cientos de personas también acompañaron el féretro el 28 de abril, cuando sus restos fueron sepultados en el Cementerio Central de Bogotá. “Fue un hombre que leyó el alma del país, lo sintió, lo interpretó y firmó un acuerdo de paz”, dice García.
Navarro Wolff fue designado sucesor de Pizarro y obtuvo el tercer lugar en las elecciones presidenciales de 1990.
Debieron pasar 32 años para que un integrante de esa guerrilla se hiciera con el poder. En 2022, Gustavo Petro fue elegido presidente de Colombia, pero sin una colectividad política del M-19 (a la fecha no existe). El exceso de simbolismos de esa guerrilla en el gobierno de Petro ha sido un punto de crítica hacia su istración, que en varios momentos ha ondeado, literal y figurativamente, las banderas del M-19. Su llegada a la Casa de Nariño significa, entre tantas cosas, un punto a favor en el proceso de reincorporación de los de ese grupo armado.
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El mismo gabinete de Petro también es una muestra de ello, pues parte de su círculo cercano está compuesto de viejos conocidos con quienes compartió la lucha armada. Entre ellos está Otty Patiño, consejero comisionado de paz; Vera Grabe, jefa negociadora del Gobierno con el ELN, y Augusto Ramírez, director de la Unidad Nacional de Protección.
Sin embargo, el protagonismo del M-19 y de sus símbolos en el Ejecutivo ha sido tildado por muchos, incluidas las víctimas, como un abuso y una revictimización.
“Este Gobierno no ha hecho sino hostilizar a las víctimas exhibiendo la bandera del M-19 cada vez que le viene en gana, pero nadie dice del daño que causa a la memoria de las víctimas ver esa bandera”, dijo Gabriel Andrade, hijo del desaparecido magistrado Julio César Andrade.
El acuerdo de paz con esta guerrilla, firmado hace 35 años, marcó un hito en la historia de Colombia al demostrar que la salida negociada era posible. Aunque la desmovilización permitió la reintegración de cientos de excombatientes y contribuyó a la apertura política del país, las heridas del conflicto, en especial las relacionadas con la toma del Palacio de Justicia, siguen abiertas. La deuda con las víctimas aún persiste y la verdad completa sigue siendo esquiva.
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