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En las últimas semanas, el departamento del Guaviare se ha convertido en escenario de intensos enfrentamientos entre dos facciones de las disidencias de las FARC: el autodenominado Estado Mayor Central (EMC), comandado por Iván Mordisco, y el Estado Mayor de los Bloques y Frente (EMBF), que responde a Calarcá Córdoba y con el que el Gobierno de Gustavo Petro tiene un proceso de paz.
La ruptura entre ambos no es nueva, pero ha escalado con ferocidad en las últimas semanas. Ambas disidencias intentan consolidar una presencia unificada en varias regiones clave del sur del país, como Caquetá, Meta y Guaviare, y por ellos los combates y enfrentamientos han venido incrementándose.
El más reciente choque armado se produjo en la zona rural de San José del Guaviare, donde se reportaron ráfagas de fusil, reclutamiento forzado, amenazas a líderes comunitarios y desplazamientos de familias campesinas atrapadas entre el fuego cruzado.
Además, desde el pasado 26 de mayo, un bloqueo armado impuesto el Bloque Amazonas al mando de Mordisco ha afectado de manera crítica la “Trocha Ganadera”, una vía que conecta cerca de 60 veredas.
Según la Defensoría del Pueblo, el bloqueo armado ha dejado 10.000 personas confinadas, comunidades enteras están incomunicadas y han crecido las denuncias por desapariciones y reclutamiento forzado de menores.
De acuerdo con Kyle Johnson, investigador en Fundación Conflict Responses (Core), esta acción armado es una respuesta de Mordisco, quizás una de las más duras de los último meses, para frenar la constante expansión de Calarcá.
“El paro armado y el confinamiento fue impuesto por el Frente 44 como medida para frenar la expansión de Calarcá por la ‘Trocha ganadera” (…) Calarcá ha venido queriendo ganar terreno en Guaviare, especialmente en el municipio de Calamar, que es totalmente fuera de su zona típica, que es Caquetá. Ahí se disputa el control del territorio con Mordisco”, explica Johnson.
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La Defensoría afirma que la disputa territorial y política entre ambos bandos ha desatado una ola de violencia con graves consecuencias humanitarias: el confinamiento, además, ha impedido el tránsito de misiones médicas. Así mismo, bloquea el a alimentos y bienes esenciales, y pone en riesgo a estudiantes, docentes y líderes sociales de las zonas rurales de San José del Guaviare, incluyendo Charras Boquerón, San Francisco, Guacamayas y Cámbulos.
“Entre estos dos grupos armados continúan recrudeciéndose, aumentando el riesgo para la comunidad, que permanece incomunicada y expuesta a nuevas vulneraciones de sus derechos”, dijo la Defensoría en un comunicado publicado el lunes.
La Defensoría también le solicitó al Gobierno la instalación de un Puesto de Mando Unificado en San José del Guaviare, así como la activación de mecanismos humanitarios para restablecer la libre circulación y el a bienes básicos.
El falso comunicado con la muerte de Mordisco
La situación se complicó aún más el pasado 28 de mayo, cuando comenzó a circular en redes sociales y canales de mensajería un supuesto comunicado del Bloque Magdalena Medio de la estructura de Calarcá anunciando la muerte de Mordisco en combate.
Sin embargo, tanto el Ministerio de Defensa como la Presidencia desmintieron la información. El ministro Iván Velásquez afirmó que no existen pruebas sólidas que confirmen la muerte del jefe disidente, y el presidente Gustavo Petro afirmó en su cuenta de X, aunque después eliminó el trino, que al parecer Mordisco habría sido herido en un combate con el Ejército y que por días “estuvo herido en la selva”, donde fue perseguido.
La incertidumbre sobre el paradero y el estado de salud de Mordisco sigue latente, mientras su organización guarda silencio absoluto, lo que ha incrementado el clima de tensión e inestabilidad en los territorios donde opera. Por ahora, las autoridades mantienen no solo que el jefe disidente sigue vivo, sino que está activa la recompensa de 4.450 millones de pesos por información que dé con su paradero.
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La disputa territorial y el diálogo con Calarcá
Las razones de esta disputa empiezan por la consolidación que ambas estructuras quieren tener en el eje amazónico entre Caquetá, Guaviare y parte del Meta. Esto podría tener consecuencias sobre el proceso que lleva el Gobierno con la disidencia de Calarcá.
Ambos grupos compiten por el control de corredores estratégicos que conectan regiones selváticas y fronterizas con Ecuador, Brasil y Perú, utilizados para economías ilícitas como el narcotráfico y la minería ilegal. “El conflicto viene de la división que se dio el año pasado entre la gente de Calarcá y la de Mordisco. Eso provoca un problema de identidad de la autoridad y una disputa por rentas de deforestación y oro. Pero esto es básicamente un conflicto por liderazgo y la autoridad”, explica Johnson.
Respecto a la mesa de paz, el proceso con las disidencias de las FARC ha enfrentado múltiples desafíos. Aunque algunos bloques, como el comandado por Calarcá Córdoba, continúan en diálogos con el gobierno, la fragmentación interna y las tensiones con otras facciones han dificultado los avances.
Aunque la mesa ha tenido reuniones extraordinarias con algunos avances, como la que ocurrió en abril pasado, cuando se anunció la creación de algunas Zonas de Reserva Campesina y la intención de frenar la deforestación.
En mayo, también se reunió parte de las delegaciones para establecer la Zona de Ubicación Temporal (ZUT) en Tibú para facilitar la concentración de aproximadamente combatientes del Frente 33, con el objetivo de iniciar su transición a la vida civil.
Sin embargo, no hay ciclo de negociación desde octubre pasado y, dado el acuerdo de la ZUT, todo está concentrado en Catatumbo, La guerra entre Mordisco y Calarcá no solo fractura a las disidencias armadas, sino que pone en entredicho la viabilidad de una negociación nacional sin una estructura cohesionada.
La guerra entre disidencias en Guaviare no solo amenaza con desestabilizar un proceso de diálogo, sino que evidencia la necesidad de que la mesa vuelva a poner el foco en los bloques de Calarcá.
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