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Este fin de semana, las delegaciones de Gobierno y de la disidencia conocida como Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB) dieron a conocer el acuerdo con el que se pactaron al menos dos Zonas de Ubicación Temporal (ZUT) en Nariño y Putumayo.
Aunque los detalles de su funcionamiento y seguridad recién se discutirán el miércoles en una reunión que se tendrá en Tumaco, la delegación de Gobierno ha adelantado algunos detalles de esas nuevas zonas que también se denominaron de capacitación integral.
El viernes pasado se oficializó otra ZUT, pero en Catatumbo con el Frente 33 de la disidencia Estado Mayor de los Bloques y Frente (EMBF).
En diálogo con Colombia+20, Armando Novoa, jefe de la delegación de Gobierno en ese proceso, contó algunos avances del diálogo, el impacto de la masacre de 11 militares en Ecuador perpetrado por una de las estructuras adjunta a esa disidencia y lo que se espera del proceso de extradición de Giovanni Andrés Rojas, Araña.
¿Cómo se llegó al acuerdos sobre la Zona de Capacitación Integral y Ubicación Temporal?
Este proceso de paz tiene que comprenderse dentro de una idea de integralidad de los avances. Entonces, uno de esos avances es que la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB) está comprometida en el proceso de sustitución de cultivos de uso ilícito en los territorios de su influencia. Y en ese orden, lo que se acordó es ubicar una zona de transformación territorial de superación de la economía en la Laguna de Chimbusa, en Roberto Payán, en donde iniciaría ese proceso. En ese mismo polígono o en esa misma área se ubicarían 60 de la coordinadora en Nariño y 60 en Putumayo para vincular a esas personas dentro de lo que en el documento se llama una Zona de Capacitación Integral y Ubicación Temporal.
¿Por qué se utiliza el nombre combinado de Zona de Capacitación Integral y de Ubicación Temporal?
Porque en la misma zona se harían coincidir el propósito de la sustitución de cultivos con la presencia de los integrantes de la CNEB y el asentamiento de ellos en ese sector. En esa área se brindarían unas condiciones de protección y seguridad especial para que las comunidades sientan el apoyo del Estado para adelantar ese proceso de “arrancar matas” y reemplazarlas por cultivos lícitos. Los del CNEB concurrirían allí sin armas y sin uniformes.
Hablemos del tema de las armas. En la Zona de Ubicación Temporal del Frente 33 de Catatumbo se habla de “disposición de las armas” y en el acuerdo que ustedes dieron a conocer se habla de desuso. ¿Qué se acordó sobre ello?
Lo que se dice en el acuerdo es que la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano realizará una entrega supervisada del material de guerra que se defina en la Subcomisión de Seguridad. Eso tendrá un acompañamiento de la comunidad internacional y de las agencias del Estado con competencia del asunto, empezando por la Fuerza Pública. Pero ese tema, de manera más concreta, tendrá que tratarlo una subcomisión que se ha constituido sobre temas de seguridad en el territorio.
Los aspectos de detalle sobre el funcionamiento de esa zona deben tener la autorización del presidente mediante un decreto.
Usted dice que habrá una “entrega supervisada del material de guerra”. ¿Será todo su material?
Es algo similar a lo que se avanzó con Comuneros del Sur. Es una entrega inicial dentro de un principio de gradualidad para la dejación de armas. Avanzan las economías de transformación territorial, avanza la dejación de armas, avanza la reincorporación de los integrantes de estos grupos a la vía civil. Son tres aspectos que marchan en forma simultánea y paralela en el concepto de un desescalamiento integral del conflicto en el territorio.
Para esa gradualidad de dejación de armas, ¿hay un tiempo estimado para eso?
El domingo presentamos un documento que llamamos una hoja de ruta para la firma de un acuerdo definitivo (ese acuerdo se había planteado en el ciclo pasado). No alcanzamos a precisar ya los aspectos de cronograma, pero eso ya está a consideración de la mesa. Por supuesto, la idea es que aquí se está dando un primer paso dentro de un concepto gradual e incremental para llegar al fin del conflicto.
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¿Y en esa hoja de ruta se precisa el tiempo para llegar a ese acuerdo definitivo?
El cronograma tenemos que constituirlo. Están los temas mencionados. Pero, por supuesto, nosotros le entregamos una propuesta a la mesa. La idea nuestra es que ese acuerdo definitivo esté en disposición en el mes de agosto o de septiembre. Ese es nuestro planteamiento. Pero, por supuesto, hay que mirar cómo reaccionan la disidencia al tema. El acuerdo definitivo es un acuerdo en un documento cuya implementación, que incluye la dejación integral de armas, hace parte del cronograma.
Le pregunto más puntualmente, ¿el tema de la dejación de armas ha sido un tema de la mesa y sí ha sido aceptado por la disidencia? Porque en la entrevista que este diario publicó este lunes con Walter Mendoza, comandante de la CNEB, dice que no se ha hablado del tema. Le cito la respuesta: “Eso hay que mirarlo y analizarlo, puede ser ya al final de todo, con garantías jurídicas, con todo lo que tiene que haber para poder hacer eso. Por ahora no hemos hablado del tema”.
Este es un primer paso. Se habló de entrega de 60 fusiles de esas 60 personas que se vinculan a la zona en Nariño y las 60 en Putumayo como primer paso en esa ruta reincorporación integral.
Quiero preguntarle sobre el episodio que ocurrió en Ecuador. ¿Qué información hay sobre la masacre de los 11 militares en la provincia de Orellana? ¿Eso tuvo un impacto en la mesa?
Es un tema un poco difícil, pero que sí discutimos en detalle. Nosotros le pedimos a ellos (la disidencia) que nos presentaran su posición en relación a lo que ocurrió del otro lado de la frontera. Ellos dicen tres cosas, primero que no son responsables de ese ataque y que no tuvieron ninguna participación allí. Lo otro es que no hacen ingreso al territorio ecuatoriano, a pesar de que entendemos que es una frontera muy porosa. Y lo tercero que la persona que se presenta como integrante de la Coordinadora que fue dado de baja por la Fuerza Pública ecuatoriana, un señor que tiene un alias de Compa o Compadre, sí hizo parte de Comandos de la Frontera, pero que él desertó y se vinculó a uno de esos grupos que están operando en Ecuador. Esa es la única prueba que hasta ahora se ha presentado como demostración de que Comandos de la Frontera estuvo vinculado a ese hecho, pero ellos dan esa explicación en relación a ese punto particular y dicen que esa persona no hacía parte del grupo.
Nosotros no tenemos posibilidad de formar una comisión investigadora porque los hechos ocurrieron en Ecuador, entonces eso nos dificulta un poco adoptar un instrumento para clarificar el tema como el que se menciona. Eso tendría que hacerlo las autoridades de ambos países, pero no la mesa.
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¿Qué dice la información que les ha llegado de las autoridades colombianas?
Los informes que nosotros hemos recibido apuntan a que al parecer los hombres de los Comandos de la Frontera sí participaron, pero repito que no son informaciones concluyentes.
¿Y eso no es suficiente para parar la mesa o no tiene un impacto en el proceso?
Por ahora no, porque lo que acordamos fue avanzar y agilizar las medidas que deben darse para que haya una reincorporación integral de los integrantes de la Coordinadora Nacional a la vida civil.
Comandos de Frontera, la estructura relacionada con esa masacre, también ha sido como la más “rebelde” de este proceso. ¿Lo que pasó en Ecuador no muestra una ruptura en la unidad de mando?
No, eso lo verificamos en la reunión. Estuvieron todos, incluido el señor Andrés Rojas.
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Hablemos del señor Rojas, conocido como Araña. ¿En qué va el proceso de extradición y cómo superó la mesa su captura?
El expediente se encuentra a órdenes de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, a la que corresponde conceptuar sobre si se cumplen las condiciones que exige la ley colombiana para otorgar o no la extradición, y está en ese trámite. Entiendo que ese es un procedimiento que se adelanta allí, en donde hay una etapa probatoria.
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El presidente Petro frenó el viernes pasado la extradición de Gabriel Yepes Mejía, H.H., quien, aunque no ha sido capturado, también tiene una orden de extradición de Estados Unidos. ¿Ve posible que esto mismo le pueda pasar al señor Rojas y el presidente frené su extradición? El mismo mandatario dijo este lunes que hay avances en ese proceso
Tenemos que ser muy cuidadosos con eso porque esa es una competencia exclusiva del presidente de la República. Él ha reiterado que si el proceso se encuentra en un estado avanzado, pues tiene la potestad de suspender las órdenes de captura con fines de extradición. Si me pregunta, el proceso ha avanzado, pero la valoración del grado de avance es un asunto de la facultad exclusiva del presidente. A nosotros nos corresponde avanzar en el menor tiempo posible todo lo que podamos. No solamente por la posibilidad de la extradición, sino porque es que así lo demanda la sociedad colombiana.
¿La no extradición de Araña es una condición del grupo armado para el acuerdo de paz definitivo? ¿Se lo han expresado así?
Claro. La extradición del señor Andrés Rojas sí colocaría el desarrollo del proceso en una situación muy compleja. Esperamos no llegar a ese momento, sino que tengamos unos resultados que permitan una solución similar a la del señor H.H., pero repito, todavía no estamos en ese momento y si se llega, la decisión está en manos del presidente.
Uno de los puntos del acuerdo conocido el domingo es que el señor Rojas participe en el acto de instalación. ¿Se refiere a la instalación de la ZUT? ¿Es así?
Sí. En otros casos ha sido posible que personas que están vinculadas a procesos de paz se pueda autorizar su salida para determinados eventos especiales con el acompañamiento y bajo el control de vigilancia de las autoridades penitenciarias. Una vez ocurrido eso puedan volver a su centro de reclusión.
El decreto de la ZUT de Tibú dio 45 días para el traslado de los hombres y marcó una duración de siete meses. ¿Este será el proceso para todas las Zonas de Ubicación o cada una tendrá sus propias reglas?
Cada procedimiento tiene sus características especiales. Hay unas reglas generales que contemplan la Ley 2272 y leyes anteriores, pero esto requiere de un diseño técnico en detalle, para lo cual es necesario contar con la presencia de la fuerza pública, los observadores militares, el programa de sustitución e integrantes de ambas delegaciones.
El marco jurídico es un tema pendiente en todos los tableros de negociación de la paz total de presidente Petro. ¿Se ha avanzado en algo? ¿Hay sobre la mesa cuál será el componente de justicia y el de verdad para las víctimas?
Este aspecto es muy importante porque si nos remitimos a pronunciamientos anteriores de la Corte Suprema de Justicia, el aspecto de las víctimas es un elemento vertebral de las soluciones de justicia o de la terminación de conflictos de esta naturaleza. La Oficina del Alto Comisionado de Paz está trabajando en el tema. Necesitamos dar respuesta a unos aspectos puntuales que la legislación actual no contempla, que estamos identificando, pero ya hay un equipo técnico trabajando en eso para que podamos tener a disposición un texto para dar respuesta a la necesidad de ese marco jurídico sin el cual se produciría un cuello de botella.
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Entiendo que todos los delegados de las mesas se reunieron hace unas semanas en Villeta para hablar sobre ese tema. ¿Ese proyecto del que habla será para acobijar todos los procesos que lleva el gobierno?
Es lo razonable y es lo lógico. Tiene que ser una respuesta transversal a todos los procesos porque sería completamente imposible dar una respuesta al menudeo, según cada mesa a la cual se le intente dar una respuesta concreta.
¿Por qué se está inclinando el Gobierno? ¿Un tema de beneficios dentro de la justicia ordinaria o un tribunal parecido a la JEP?
No, una jurisdicción especial está descartada. Se está hablando de utilizar la jurisdicción ordinaria con las herramientas que hoy ofrece la ley más otros aspectos que deberían ser precisados si encontramos que no hay herramientas suficientes en la actualidad. Pero es jurisdicción ordinaria utilizando los mecanismos legales que existen en la actualidad, tal vez adicionándolos en algunos aspectos, un concepto de justicia restaurativa que integre a las víctimas, que integre componentes de verdad porque ese aspecto es determinante incluso para lograr beneficios judiciales a quienes se acojan al proceso de paz.
¿Habría cárcel?
Hay sanciones, pero no necesariamente cárcel. Son sanciones que pueden implicar penas restrictivas de la libertad. Ese es el aspecto principal. Penas restrictivas de la libertad y para ese caso hay que tener en cuenta las figuras que ofrece el Código Penitenciario y Carcelario que no necesariamente implica cárcel. Pueden presentarse o digamos cumplirse esas penas privativas en condiciones especiales que están señaladas en nuestros códigos.
Y en el caso del proceso que usted lleva, ¿ellos qué han pedido a cambio?
Piden que haya una solución de justicia que les brinde certeza de que, por ejemplo, se les va a respetar la vida. Piden permanecer en los territorios que son zonas actuales de influencia de ellos. Las soluciones que piden como de cambio de modelo económico les hemos dicho que deben pensarse en el ámbito de lo territorial para que sean viables, para que sean verificables y para que puedan ser reales. Por eso, se les permita ser partícipes de los procesos de transformación territorial y por eso nosotros en el documento se habla de creación de unas zonas de capacitación integral y de ubicación temporal.
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