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El Gobierno Nacional anunció este martes que las y los firmantes del acuerdo de paz que habitan el Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR) de Caño Indio, en Tibú, Norte de Santander, contarán con viviendas definitivas.
El anuncio se hizo durante la sesión Consejo Nacional de Reincorporación (CNR), que realizó en Cúcuta con foco en la crítica situación humanitaria que atraviesa la región del Catatumbo por los ataques del ELN y posteriores enfrentamientos entre esa guerrilla y la disidencia de las antiguas FARC, conocida como Estado Mayor de los Bloques y Frente (EMBF)
El proyecto se da, según se mencionó en el CNR, por un convenio entre el Ministerio de Vivienda y la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN), y contempla la construcción de unidades habitacionales con servicios públicos básicos, como agua potable y energía, así como la participación directa de los firmantes en el diseño, planificación y ejecución de las obras. “Los y las firmantes contarán con tierra suficiente y productiva, además contarán con vivienda, que es una garantía fundamental para su proceso de reincorporación”, afirmó Alejandra Miller, directora de la ARN, al referirse al traslado y consolidación del ETCR en un predio de 802 hectáreas.
El anuncio llega tras más de cuatro meses de emergencia humanitaria en la zona, durante los cuales han sido asesinados seis firmantes, otros siete están desaparecidos, y cientos han sido desplazados o confinados.
En total, según la ARN, 195 firmantes han sufrido confinamiento forzado y al menos 216 han tenido que abandonar sus hogares. Tibú, El Tarra, Teorama y Convención figuran entre los municipios más golpeados.
En la jornada se presentó un balance de la situación en el territorio. Lorena Corvera, coordinadora territorial de Norte de Santander de la ARN, detalló cómo la emergencia humanitaria que enfrenta la región ha tenido profundas repercusiones para el proceso de reincorporación económica, social, comunitaria y política. Además, dijo que actualmente hay 516 firmantes de paz activos en el Catatumbo, de los cuales 198 residen en cascos urbanos y 318 en zonas rurales dispersas.
Durante la sesión del CNR, autoridades nacionales y representantes de los firmantes hicieron un llamado urgente a garantizar la seguridad en la zona y a acelerar la respuesta institucional.
El pasado 11 de mayo, la ARN ya había anunciado que entregó 1.055 hectáreas en zona rural de Cúcuta para la reubicación y consolidación ETCR de Caño Indio, ubicado en la región de Catatumbo y que estaba en riesgo por los ataques y amenazas del ELN.
Además de la crisis humanitaria, los proyectos productivos de los firmantes también han sido blanco de violencia y abandono. Según la ARN, 31 de estas iniciativas han sido despojadas por grupos armados, 63 fueron abandonadas tras desplazamientos y 110 más enfrentan serias dificultades operativas. Solo 57 no han registrado afectaciones. Frente a este panorama, se anunció una inversión de 6.000 millones de pesos para su reactivación.
Desde el ETCR de Caño Indio, Dairo Vallejo, firmante y líder del espacio, reconoció el respaldo estatal, pero subrayó la gravedad del momento. “Gracias a la ARN y a algunas entidades teníamos proyectos productivos. Hoy quedamos en cero. Pero seguimos insistiendo, porque la guerra no es la salida. Vamos a demostrarles a nuestros hijos que este es el camino”.
Durante la jornada también se destacaron otras acciones institucionales, como la entrega de más de 1.500 ayudas humanitarias, kits de higiene, atención médica y distribución de alimentos en albergues como el Ciami.
En el segundo bloque del CNR se discutieron los avances del Programa de Reincorporación Integral (PRI) y se definieron compromisos entre el Gobierno y los firmantes.
Mientras se avanza en la implementación, el mensaje que quedó sobre la mesa es claro: sin garantías reales de seguridad y arraigo territorial, la paz pactada seguirá en riesgo. La promesa de una vivienda propia, para quienes dejaron las armas, podría ser un primer ladrillo para sostenerla.
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