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En un giro dramático y común en su istración, el presidente Gustavo Petro anunció en menos de 24 horas dos decisiones que parecen contradictorias.
El jueves en la mañana se conoció que no autorizó la ampliación del cese al fuego con la disidencia conocida como Estado Mayor de Bloques y Frente (EMBF), al mando de Calarcá Córdoba, pero antes de la medianoche de ese jueves publicó en su cuenta de X una parte de un decreto que casi que echaba para atrás su decisión.
En el documento, el jefe de Estado le ordenaba a las Fuerzas Militares y de Policía suspender las operaciones militares ofensivas contra ese grupo durante un mes hasta las 24:00 del 18 de mayo de 2025. La suspensión de operaciones no significa que la Fuerza Pública dejará de cumplir sus misiones constitucionales, tal como lo dice el decreto, sino que se evitarán acciones ofensivas directas contra las disidencias durante el plazo establecido.
Además, se conformará un equipo para evaluación política, que “examinará el día 17 de mayo de 2025 el avance de los objetivos de las medidas adoptadas en el presente decreto”.
También se creará un mecanismo de comunicación, conformado por un representante del Ministerio de Defensa y un representante de la Fuerza Pública, un representante de la Oficina del Consejero Comisionado de Paz y un representante de la delegación Estado Mayor de los Bloques y Frente. El mecanismo, precisa el documento, se creará “con el fin de facilitar la comunicación para prevenir incidentes entre las partes”.
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La decisión del presidente provocó diversas reacciones, unas a favor de la medida y otras, la mayoría de organizaciones sociales en contra.
Leonardo González, presidente de Indepaz, afirmó que la prórroga limitada a un mes refleja una posición de equilibrio delicado del Gobierno.
“Por un lado, no accedió plenamente a lo solicitado por la contraparte (mostrando firmeza ante los incumplimientos y dejando abierta la opción de retomar operaciones militares). Por otro lado, evitó una ruptura total: al mantener aunque sea un cese temporal, dio al proceso una ventana adicional para reconducirse. Este enfoque busca asegurar que cualquier extensión más allá de mayo esté respaldada por hechos tangibles (desescalamiento real, concentración de unidades guerrilleras, cese de hostilidades con otras fuerzas, etc.)”, explicó.
La Red Nacional de Iniciativas Ciudadanas por la Paz y contra la guerra, Redepaz, también manifestó en un extenso comunicado su “profunda preocupación” pues “expone gravemente a la población civil que puede quedar nuevamente en medio de las confrontaciones armadas, especialmente en las regiones más vulnerables del país”.
En esa misma línea, la exministra de Ambiente, Susana Muhamad, se pronunció en sus redes sociales sobre la negativa a la extensión del cese al fuego y le pidió al mandatario protección para los líderes sociales en el marco de las transformaciones territoriales.
“La no-Renovación del cese del fuego con el bloque de Calarcá, implica una altísima responsabilidad del gobierno de proteger a los liderazgos sociales del norte de la Amazonía, que entraron en Pactos de No-deforestación con el gobierno del Presidente Petro”, dijo.
La zona de concentración en Catatumbo
Pero el decreto tiene un objetivo mucho más ambicioso: autoriza avanzar y facilitar las condiciones para el preagrupamiento del bloque Magdalena Medio de esa disidencia que hace presencia en Catatumbo.
En otras palabras, que los guerrilleros de esa estructura se ubiquen en una zona remota de ubicación, donde se haga el tránsito a la vida civil, se decidan los proyectos territoriales y su participación en ellos y eventualmente se haga una entrega de armas -aunque esto aún no está especificado-, entre otras.
La decisión de Petro se lee para varios expertos como un ultimátum a esa disidencia para acordar de una vez las zonas de concentración y avanzar de manera express hacia un acuerdo definitivo.
“El Gobierno Nacional considera necesaria la suspensión temporal de las operaciones militares ofensivas y las operaciones especiales de Policía en contra del citado grupo armado organizado al margen de la ley, con el propósito de garantizar las condiciones de seguridad logísticas necesarias para el preagrupamiento del Bloque Magdalena Medio Comandante Gentil Duarte del EMBF, en la Región del Catatumbo”, dice el decreto.
Y agrega que igualmente se espera avanzar “en la construcción de condiciones para que el restante de los integrantes del EMBF transiten hacia el desarrollo de una fase avanzada del proceso de paz, mediante el tránsito a zonas de ubicación”.
El presidente Petro dijo en su cuenta de X: “Los frentes que dialogan tienen hasta el 18 de Mayo para acordar zonas de concentración y territorios de paz, con Conpes pactados con la población civil para el desarrollo humano en dichos territorios y entrar a un proceso de paz avanzado”, señaló.
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Además se refirió al tema de extradición que, en el caso de esta disidencia ya tiene a un guerrillero Willinton Henao, también conocido como Mocho Olmedo, detenido en febrero pasado en la cárcel por una orden de extradición. John Mechas, también de esa disidencia, no está capturado, pero sí tiene una orden de extradición y circular roja de Interpol.
“La política de extradición dependerá de entrar en procesos avanzados de paz, he solicitado a la Fiscalía configurar grupos de trabajo especiales para examinar la situación jurídica de quienes hagan la paz. La protección de la población civil y el desmantelamiento de las economías ilícitas son el fundamento de los nuevos procesos de paz”, dijo el mandatario
La Consejería Comisionada de Paz también emitió un comunicado en el que detallaron que el objetivo será crear las condiciones necesarias para que los integrantes de la disidencia se movilicen hacia las zonas de ubicación con miras al avance del proceso de paz.
Aunque la disidencia aún no se ha pronunciado, una publicación hecha en X por Andrey Avendaño, delegado del grupo armado en ese proceso de paz y uno de los mandos políticos del Frente 33 que hace presencia en Catatumbo, pareciera aceptar el plazo que les da el presidente Petro.
“Señor presidente, como lo hemos dicho reiteradas ocasiones la paz nos necesita a todos, hagamos que este mes sea de mucho provecho y beneficio para las comunidades”, dice el mensaje firmado por Avendaño, Richard Suárez y John Mechas, este último jefe del Bloque Magdalena Medio.
Y agregan: “El diálogo y la concertación siempre estarán en el orden del día, estamos en plena disposición de llegar a acuerdos que ayuden a disminuir los efectos de la violencia en el territorio, a transformar las condiciones sociales y desde luego a quitarle el motor a la guerra que es las economías ilegales, convertir al Catatumbo en un fuerte económico debe ser la divisa, estos acuerdos deben ser dentro de las construcciones colectivas y que el mayor beneficiado sea el pueblo humilde, trabajador y los campesinos”.
Aún se desconoce si otros de esa disidencia, cuya estructura de decisión está basada en distintos mandos, Calarcá Córdoba es uno de ellos, aceptará ese ultimátum del Gobierno.
Para Laura Bonilla, subdirectora de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares), se trata de una especie de “mes de gracia”, para que el proceso avance lo suficiente.
“Están replicando la experiencia de concentrar e ir desarmando paulatinamente estos grupos tipo Comuneros del Sur. Hay cierto nivel de desesperación en el gobierno en que tienen que hacer algo que funcione (...) Lo que es claro es que al parecer cualquiera de estos grupos disidentes que no se concentren entonces sale de las negociaciones con el Gobierno. Es como una especie de ultimátum que pone Petro”, explicó.
En la misma línea está el experto en crimen y seguridad, Jorge Mantilla, y dice que no cree que ese diálogo esté listo para esa etapa de concentración. “Desde luego lo veo como un ultimátum, pero no creo que la conversación con ellos esté tan avanzada para una fase de concentración de tropa. Si tuvieran acuerdos de fondo creo que ya los hubieran anunciado dado el contexto político tan complejo que ha enfrentado la paz total”.
Además, advierte el experto, este mes podría usarse para “fortalecer” las posiciones de la disidencia de Calarcá “con respecto a otros grupos como ELN y el Estado Mayor Central, de Iván Mordisco. “En zonas donde a esta gente le están pidiendo que se preagrupe están bajo el fuego de sus adversarios”, explica Mantilla.
La idea del preagrupamiento del Frente 33 viene cocinándose, según conoció este diario, desde que se desató la crisis en Catatumbo en enero pasado. Con el ataque del ELN y los posteriores ataques entre esa guerrilla y el EMBF, esa disidencia habría quedado disminuida y el Gobierno buscaba hacer una transición a la vida civil.
El mismo comisionado de paz, Otty Patiño, había dado algunos puntazos de esa idea. Fuentes cercanas al proceso le aseguraron a este diario que el Gobierno trabaja a toda máquina por un plan más grande, que incluya la concentración del Bloque Magdalena Medio, el reciente Pacto Catatumbo y que no solo esté centrado en las negociaciones de paz, sino sobre todo en la protección de la sociedad civil y los proyectos que permitan la transformación del territorio, como la sustitución de cultivos de uso ilícito.
La decisión del presidente deja entrever el viraje que le está dando al Gobierno en materia de seguridad. De hecho, fuentes muy cercanas a la mesa afirman que la decisión de no ampliar el cese al fuego fue una petición de las Fuerzas Militares que venían insistiendo al mandatario no extenderlo.
Los anuncios se dieron en medio de una oleada de ataques por parte de grupos armados, uno de los hechos más recientes fue en La Plata, Huila, donde dos hermanos, Luisa Fernanda y Sergio Trujillo, de 19 y 17 años de edad, murieron a raíz de un artefacto explosivo que detonó cerca a la estación de Policía de ese municipio. El hecho violento, al parecer, respondería a la muerte de Jhon Medina, conocido también como Tornillo, quien era el jefe de finanzas de la disidencia de Calarcá en ese departamento.
El Frente 33 del EMBF tiene mayor presencia en Catatumbo y ha sido uno de los protagonistas en la reciente crisis humanitaria en ese territorio a raíz de las confrontaciones con la guerrilla del ELN que dejó casi una centena de muertos, más de 60.000 desplazados y 16.000 personas confinadas, por lo que ha sido un desafío en el proceso de diálogo pues el Gobierno necesita ese frente en la negociación, pero debe equilibrar no avalar sus acciones ofensivas.
Lea aquí el decreto:
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