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Tras casi tres años de su implementación, las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (CITREP) enfrentan un obstáculo jurídico que amenaza con volver a ponerles obstáculos para el próximo ciclo electoral, tal como les ocurrió en las pasadas elecciones legislativas.
El Ministerio del Interior debe emitir de forma urgente un nuevo decreto que reemplace el 1207 de 2021 -que regula, entre otras, quiénes pueden ser candidatos para estos escaños, su elección, el presupuesto destinado para sus campañas, entre otros- y que fue declarado inconstitucional por la Corte Constitucional en agosto de 2023.
Entonces, el alto tribunal dijo que había vicios de procedimiento en el trámite del decreto y que fue expedido sin pasar por el control previo de constitucionalidad. “A pesar de que el decreto reguló materias que son objeto de la reserva de ley estatutaria, el presidente omitió el deber de enviarlo automáticamente a la Corte para su control previo, integral y definitivo de constitucionalidad”, dijo la Corte.
Aunque esa decisión no afectaba ni la elección 2026-2030 ni la de 2030-2034 de las circunscripciones especiales, la Corte sí le pidió al Ejecutivo corregir el vacío normativo y actualizar el decreto.
Dos años después, esa actualización aún no se ha dado. La alerta es una carrera contrarreloj que podría tener repercusiones en la próxima campaña a las elecciones legislativas al no haber claridad en las reglas del juego para las siguientes elecciones de las curules de paz. Esto podría generar un clima de incertidumbre jurídica y política para quienes aspiran en la próxima legislatura a representar a los territorios más golpeados por la guerra.
La advertencia sale del más reciente informe Del Capitolio al Territorio, de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), que también hace un balance legislativo de las curules de paz, así como de su impacto territorial.
“Es urgente la expedición del decreto que reglamenta estas circunscripciones pues sin este, no habría claridad sobre las reglas con las que se elegirán estos representantes en el 2026”, dice el informe.
La curules fueron creadas en el Acuerdo de Paz de 2016, fueron concebidas como una medida para saldar la deuda histórica con las víctimas del conflicto armado y los territorios más golpeados por la violencia, la pobreza y la exclusión estatal.
Las consecuencias de esta omisión son múltiples. De no expedirse pronto un nuevo decreto, podrían repetirse las improvisaciones que marcaron la elección de 2022. En total, 16 representantes de zonas PDET ocupan hoy escaños en la Cámara, tras una elección marcada por la baja pedagogía, escasa financiación y denuncias por candidaturas permeadas por intereses y maquinarias de partidos tradicionales -algo que el mismo decreto prohibía-.
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Además, aunque la paridad fue una obligación en las candidaturas, no se tradujo en los resultados: solo tres mujeres lograron una curul, evidenciando un patrón de exclusión que persiste incluso en esquemas de participación diferencial.
Sobre este punto, también hace advertencia el informe. “El decreto debería resolver las limitaciones que impidieron que hubiera paridad de género en las elecciones de 2022, por ejemplo, permitiendo la presentación de listas conformadas únicamente por mujeres y reduciendo los requisitos exigidos a las organizaciones de mujeres”, se afirma.
De hecho, el documento exhorta al Gobierno a apurar la expedición del nuevo decreto y corregir las limitaciones que tuvo el decreto 1207 en términos del diseño institucional.
“El decreto es responsabilidad del Ministerio del Interior y tienen que mandarlo previamente para que la Corte Constitucional lo revise y tenga ese control previo de constitucionalidad. El tema además es de tiempo, están muy cortos en el tiempo”, dijo a este diario Carolina Varela, coordinadora del proyecto Del Capitolio al Territorio.
A esto se suma que varios representantes electos aún enfrentan cuestionamientos éticos o familiares con actores armados, lo que exige fortalecer los filtros y mecanismos de control para el próximo proceso.
“Al Ministerio del Interior expedir de manera urgente el decreto que reglamenta las CITREP con el fin de establecer las reglas de juego que orientarán la elección en el 2026. Este decreto debería, por un lado, solventar los problemas ya descritos por diversas organizaciones en el periodo de campaña y elección de los actuales representantes; por el otro, debe expedirse con tiempo suficiente para evitar lo que ocurrió en 2022: unas campañas sin suficiente preparación y con poco tiempo para adelantar acciones de pedagogía”, dice le informe.
El reloj corre. La Corte Constitucional ya dio el campanazo de alerta, pero el Gobierno no ha actuado con la celeridad que el caso exige. La demora no solo pone en riesgo la campaña electoral de 2026 para esas curules, sino que disminuye la confianza de las comunidades en un mecanismo que prometía ser un símbolo de apertura democrática y reparación colectiva.
El balance legislativo
Pero más allá de lo técnico, está en juego el sentido profundo de estas curules: garantizar una voz en el Congreso a comunidades históricamente excluidas. Según la Fundación Ideas para la Paz, las CITREP han impulsado proyectos clave, pero su balance legislativo también revela brechas preocupantes en capacidades técnicas, producción normativa desigual y baja eficacia en el control político.
“En la legislatura 2022-2023 fueron radicados un total de 419 proyectos, de los cuales 367 tuvieron origen en la Cámara de Representantes. De ellos, cada representante a las CITREP ha sido autor o coautor de 13 proyectos en promedio, es decir el 3,5% de los proyectos radicados.”, dice el informe.
El documento también afirma que en promedio, cada representante a las circunscripciones transitorias especiales de Paz ha sido autor o coautor de 34 proyectos en las dos legislaturas estudiadas (2022-2023 2023-2024).
Según la investigación, también se evidenció una diferencia en la producción legislativa entre los 16 representantes cuya explicación podría ser las capacidades de estos y sus Unidades de Trabajo Legislativo (UTL) “que en buena medida no habían trabajado en el Congreso anteriormente o por la comisión de la que hacen parte”.
Los propios representantes y sus equipos han alertado sobre la precariedad con la que operan. Como señaló un asesor en el informe de la FIP, “muchos llegamos sin saber cosas y las inducciones fueron limitadas; aprendimos a estrellones”. Esta falta de preparación se suma a un diseño institucional débil, sin herramientas efectivas para hacer contrapeso a las élites políticas ni para articularse con el Ejecutivo y los gobiernos locales.
En ese análisis sobresalió el ritmo de producción de la representante Karen Manrique, de la curul de paz de Arauca, quien entre ambas legislaturas tuvo un aumento de producción del 222%. Manrique está involucrada en el escándalo por contratación de la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo de Desastres.
En lo legislativo, los resultados son mixtos. Si bien se destaca el impulso a normas como la comisión legal de paz y el reconocimiento del campesinado como sujeto político, solo una fracción de las iniciativas promovidas se relaciona directamente con la construcción de paz. El representante John Fredy Núñez, de la curul de paz de Caquetá es el único de los 16 representantes que en las dos legislaturas no ha presentado ni un solo proyecto relacionado con temas de paz.
Algunos de los temas de esos proyectos de ley han sido claves como la jurisdicción agraria, los derechos del campesinado, vivienda rural y el tratamiento penal diferenciado para pequeños cultivadores. Entre los logros legislativos está la inclusión de las víctimas en el Plan Nacional de Desarrollo, la creación de la Comisión Legal de Paz en el Congreso y la aprobación del Acto Legislativo que reconoce al campesinado como sujeto político de derechos.
En el caso de la Comisión Legal de Paz, de la que hacen parte todos los representantes de las curules para las víctimas, se han convocado algunos debates de control político, especialmente algunos para avances del Acuerdo de Paz y las políticas de paz total.
Los 16 representantes a las curules de paz no tienen la obligación de declararse de gobierno o de oposición y al no pertenecer a ningún partido, pueden moverse individualmente sin arriesgar su capital político. Sin embargo, sí han tenido un rol dentro del apoyo a la agenda del Gobierno y los proyectos presentados por el Ejecutivo. Los representantes han respaldado “nueve proyectos de origen gubernamental, seis de los cuales ya son leyes”, dice el informe, entre ellos, la Ley de financiamiento y la reforma a la salud.
Además de su rol normativo, las CITREP han sido claves en debates de control político sobre temas como la ejecución del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS), los avances de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), la situación de seguridad de algunos territorios, el desvío de recursos del OCAD Paz y la reforma rural. No obstante, los logros en términos de gestión territorial son modestos: visitas protocolarias, acompañamiento a jornadas estatales y escasa capacidad para materializar obras en regiones con baja institucionalidad.
Uno de los aspectos más críticos es su débil conexión con los territorios. Aunque su mandato es representar las agendas locales, la priorización de proyectos suele responder a lógicas clientelares o electorales, y no siempre refleja una visión estratégica de transformación territorial.
“Hemos podido servir de enlace para que algunos alcaldes puedan reunirse con entidades del orden nacional, pero bajar los recursos al territorio en forma de proyectos ha sido difícil por la baja capacidad técnica y istrativa de los municipios PDET, que en su mayoría son categoría 6”, fueron algunas de las declaraciones de los representantes a los investigadores del informe.
Visibilidad y los escándalos de algunos representantes
Además, el deterioro de la seguridad en zonas como Cauca, Arauca y Putumayo ha limitado su capacidad de trabajo de base, mientras que la falta de articulación con el gobierno nacional y los entes territoriales reduce su impacto operativo.
En eso influye, dice el informe, en que necesitan ganar visibilidad y reconocimiento político. Para ello, se requiere “mejorar su desempeño legislativo, pero también por un proceso pedagógico con los partidos y demás Congresistas sobre esta figura y sobre el Acuerdo de Paz”, explican los investigadores.
Esto concuerda con otro de los hallazgos de la investigación en el que se afirma que aún falta mejorar el manejo de la visibilidad no solo de los representantes de las curules de paz, sino de su trabajo legislativo y de su rendición de cuentas ante su electorado.
La mayoría de los congresistas itieron que difunden su labor por redes sociales (WhatsApp, Facebook y X) lo cual, dice el informe, es llamativo “especialmente considerando que gran parte de su electorado se encuentra en zonas rurales con limitado a internet”. Por ello, insta a los representantes a amplia las estrategias hacia otros medios físicos o presenciales.
También se identificó que, aunque estos representantes no representan solo a las víctimas sino a los territorios más afectados por el conflicto, no han logrado articularse con organizaciones de víctimas en los territorios y han mostrado cierta “reticencia” para colaborar con firmantes del Acuerdo de Paz en proceso de reincorporación.
Ello se suma a que, aunque varios de los elegidos goza de reconocimiento en sus regiones y tiene comentarios “positivos” sobre su actividad legislativa, persisten los cuestionamientos sobre otros acerca de su trayectoria.
Otros casos más graves son los de representantes que han sido cuestionados por el apoyo que recibieron en la campaña. Sobre esto Colombia+20 hizo un trabajo muy juicioso acerca de las alianzas que se tejieron en ese entonces. Otro más se han visto envueltos en investigaciones por delitos de corrupción. El caso más sonado es el de la representante por la curul de paz de Arauca, Karen Manrique, quien es parte de los nueve congresistas que, según la Fiscalía, habrían participado en hechos de corrupción relacionados con la contratación en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
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Esas investigaciones y cuestionamientos que tienen algunos de los representantes debilitan la legitimidad de estas curules y minan la confianza de las víctimas y las organizaciones que las aglutinan en los próximos procesos electorales.
Las curules de paz enfrentan hoy un dilema de fondo: ¿podrán consolidarse como mecanismo de representación permanente o serán un experimento fallido más de la arquitectura institucional del posacuerdo?
Aunque esos escaños han logrado abrir caminos en el sistema político colombiano, pero aún no consolidan un espacio firme hacia una representatividad territorial. Su futuro dependerá no solo de reformas institucionales, sino de una voluntad política real para reconocer, sostener y potenciar la voz de las víctimas en el centro del poder. La vigencia de ocho años parece insuficiente para revertir décadas de exclusión.
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