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La escalada de violencia urbana en Quibdó volvió a encender las alarmas sobre los riesgos del proceso de diálogo que el gobierno de Gustavo Petro sostiene con estructuras armadas de ese departamento.
El llamado esta vez vino de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la OEA (MAPP-OEA), que expresó su “profunda preocupación” por el deterioro de la seguridad en la ciudad y urgió al Ejecutivo a “reactivar” el espacio de diálogo que lleva con las bandas criminales.
“Instamos al Gobierno Nacional a implementar medidas integrales de protección, a que se fortalezca la presencia institucional en el territorio y a que se reactive de manera urgente el Espacio de Coordinación Sociojurídico (ESCJ), como herramienta clave para la construcción de paz”, dice el comunicado.
Quibdó se ha convertido en uno de los puntos más críticos de esta estrategia. La capital chocoana sufre una combinación letal: presencia de múltiples actores ilegales, disputas territoriales en entornos urbanos y un aparato institucional debilitado.
Pese a que el Gobierno ha incluido a Chocó dentro de su política de “paz total”, el diálogo con bandas locales ha venido atravesando una situación difícil que ha puesto en riesgo las garantías de seguridad para la población.
El proceso de diálogo no ha acabado, pero sí está en una suerte de suspensión. Las principales bandas criminales en Quibdó siguen sin una tregua formal en el espacio de diálogo luego de que el pasado 31 de marzo se venciera la medida entre Los Mexicanos, Locos Yam, RPS, Los Z y Revolución Cabí.
La tregua entre las cinco estructuras alcanzó a estar vigente durante tres meses, sin embargo, tras la no extensión de la medida, las bandas anunciaron que aunque no se llegó a un pacto formal, mantendrían en firme la tregua entre los grupos. Además, han hecho una especie de alianza para frenar al Clan del Golfo que ha consolidado una presencia en el territorio.
La presencia del Clan del Golfo en el Chocó -autodenominado como Ejército Gaitanista de Colombia- ha crecido de manera sostenida durante los últimos años, consolidándose como una de las principales amenazas para la seguridad en el departamento.
Ese grupo armado, el más grande que tiene Colombia ha logrado expandir su control territorial en zonas rurales y urbanas, aprovechando la débil presencia estatal, las rutas de narcotráfico y la fragmentación de otros grupos armados. En Quibdó, su avance se ha traducido en extorsiones sistemáticas, amenazas a líderes sociales, confinamientos y enfrentamientos urbanos que ponen en riesgo a la población civil.
Aunque en algunos momentos ha emitido comunicados manifestando voluntad de diálogo -de hecho, está en un proceso exploratorio con el Gobierno-, en la práctica el Clan del Golfo combina gestos políticos con una ofensiva armada constante, lo que socava la confianza de las comunidades y bloquea cualquier avance institucional. Su presencia en el Chocó se ha convertido en un obstáculo clave para la “paz total” del gobierno Petro.
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El proceso está sin jefe negociador
A eso se suma que hace dos semanas, Brenda Rentería, quien el pasado 19 de marzo de 2025 fue nombrada como jefe de la delegación por parte del Gobierno en el espacio de diálogo sociojurídico, renunció a ese cargo.
Es el segundo cambio en el equipo negociador en menos de dos meses tras la salida del representante a la Cámara, David Racero, quien pasó a ser parte de la delegación, junto con el exsenador Luis Evelis Andrade.
“LA MAPP-OEA expresa su profunda preocupación por el recrudecimiento de la violencia y el grave deterioro de la situación de la seguridad en la ciudad de Quibdó, Chocó, evidenciados en el avance, a plena luz del día, de grupos armados, su crecimiento, y en el aumento de enfrentamientos entre estructuras ilegales, la fragmentación de actores armados y sus disputas por el control territorial”, dijo la organización que acompaña estos diálogos.
La MAPP/OEA también denunció amenazas contra servidores públicos en el departamento, lo que refleja una situación de debilitamiento de la institucionalidad local y pone en riesgo no solo a funcionarios sino a cualquier actor que intente intermediar en procesos de paz urbana.
“Hacemos un llamado a las autoridades competentes del nivel nacional y territorial para que se garanticen las condiciones de seguridad para las comunidades y autoridades locales, y en especial, se rechace categóricamente cualquier tipo de amenaza contra servidoras y servidores públicos”, puntualiza.
El llamado de la misión internacional coincide con una creciente preocupación de organizaciones sociales, que ven con escepticismo los anuncios del Gobierno sobre “paz total”, mientras territorios urbanos como Quibdó, Buenaventura o Barrancabermeja siguen sometidos a dinámicas de extorsión, confinamiento y control armado.
A pesar de los riesgos, el gobierno insiste en que el diálogo urbano es necesario para desmontar estructuras criminales que por años han sembrado el miedo en ciudades como Quibdó, Buenaventura y Medellín/Valle de Aburrá. Pero la falta de resultados visibles, el deterioro de la seguridad y el silencio institucional están debilitando la credibilidad del proceso.
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Además, sin institucionalidad fuerte, sin mecanismos activos de control y sin resultados visibles, la promesa de una “paz total” urbana corre el riesgo de diluirse entre balaceras, extorsiones y desconfianza.La paz urbana, como advierte la MAPP/OEA, no puede construirse sin presencia ni voluntad real.
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