Ataque a Miguel Uribe muestra que violencia política se recicla y el Estado no logra frenarla

Durante el foro de precandidatos a la presidencia por el Centro Democrático

Foto: El Espectador - José Vargas

El atentado contra el senador Miguel Uribe Turbay no solo estremeció a la opinión pública por su gravedad, sino que reabrió una de las heridas más profundas del país: la persistencia de la violencia contra quienes ejercen la política.


El ataque, el más cruento hacia un precandidato presidencial en décadas, es la muestra más dura de que Colombia no ha roto el ciclo de violencia política y que solo lo ha reciclado bajo nuevas formas y reaviva una pregunta de fondo: ¿es posible construir un acuerdo nacional, como propone el gobierno de Gustavo Petro, cuando aún no se han cumplido compromisos del Acuerdo de Paz de 2016 que buscaban precisamente cerrar el ciclo de la persecución política violenta?


Además, el atentado a Uribe Turbay ocurre en un momento en que el país parece caminar por la cornisa de la polarización, con una campaña electoral que ya empezó de facto y una fractura institucional evidente entre poderes públicos.


En su alocución televisada del domingo tras el atentado, el mandatario condenó el hecho y afirmó: “Todos sabemos que hay una distancia política entre la familia Uribe Turbay y el Gobierno, pero es distancia política y la política es libre. Y siempre hemos defendido que sea libre de violencia. Por eso hicimos la paz. Una política sin violencia es una sociedad sin violencia. En la política se condensa la sociedad”.

Más allá de las palabras, lo ocurrido ha vuelto a interpelar de manera concreta al Estado y a sus instituciones. La violencia política no es un fenómeno nuevo, ni aislado, ni exclusivo de las campañas. Es una herida abierta que el Acuerdo de Paz de 2016 intentó cerrar mediante compromisos explícitos de garantías para quienes ejercen la política. En particular, ese acuerdo estableció la creación del Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política (SISEP), que busca prevenir y responder a los riesgos que enfrentan líderes sociales, excombatientes en proceso de reincorporación y actores políticos de todas las vertientes. Aunque su implementación ha mostrado avances recientes, persisten los vacíos estructurales.


Gloria Cuartas, directora de la Unidad de Implementación del Acuerdo de Paz, explicó a este diario que en lo que respecta a las tareas de esa unidad con el SISEP todo está puesto en funcionamiento y que el gran problema ha sido una falta de articulación de entidades como el Ministerio de Defensa, del Interior, pero sobre todo una inacción del comisionado de paz, Otty Patiño.

“El SISEP requiere un hecho muy importante. La oficina del Consejero Comisionado de Paz, el Ministerio de Defensa y el Gobierno Nacional, en cabeza del señor Presidente de la República, quienes abordan los consejos de seguridad, por ser esto una tarea de orden especial por las reservas que se tienen a información de seguridad nacional, no han puesto eso sobre la mesa. Ha sido totalmente imposible en la istración de Otty Patiño la articulación entre el Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política”, afirmó.

Además, insiste en que ese sistema debería ser el “corazón de la política de paz y seguridad en Colombia”.

“Esto es no sólo para los partidos políticos, las juntas de acción comunal, las organizaciones de la sociedad civil, los liderazgos, sino para desarrollar esa capacidad de inclusión que el punto 2 del Acuerdo de Paz promete, para desestructurar odios, señalamientos, estigmatizaciones, buscar el proceso pedagógico de la no repetición”, afirma.

En reacción al atentado, el ministro del Interior, Armando Benedetti, convocó para el lunes a la Comisión Nacional para la Coordinación y Seguimiento de los Procesos Electorales, con el objetivo de articular una respuesta institucional que garantice la seguridad de los candidatos en las elecciones regionales y nacionales.

Pero lo cierto es que estas medidas, aunque necesarias, son reactivas. La pregunta de fondo sigue siendo por qué, después de un acuerdo de paz tan ambicioso y de múltiples compromisos institucionales, el país sigue atrapado en una dinámica en la que el ejercicio de la política implica riesgo para la vida.

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¿Revive el acuerdo nacional de Petro?

Aún con este vacío, el presidente Petro propuso hace unos meses, de la mano de su entonces ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, un nuevo acuerdo nacional, pero ese horizonte luce borroso cuando ni siquiera se han cumplido los compromisos fundamentales del anterior.

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Entre pactos que no se cumplen y promesas que no arrancan, la violencia política reaparece una vez más, ahora bajo el signo de la polarización y el desconcierto. Ese “acuerdo nacional” volvió a ponerse sobre el debate tras el atentado a Uribe Turbay. 


Varios sectores, especialmente cercanos al petrismo, han pedido no solo bajarle el tono a la discusión, sino unos mínimos entre partidos y opositores para mejor la calidad del debate.

Uno de ellos fue el senador Iván Cepeda, una de las voces históricas por la paz en el Congreso y quien además fue facilitador del Gobierno en el Acuerdo de Paz de 2016, quien ha insistido en retomar la idea de un acuerdo nacional.


“Acuerdo Nacional. Hoy más que nunca es necesario llamar a los dirigentes políticos a hacer un alto en el camino, realizar una profunda reflexión que nos conduzca al diálogo sereno y para superar la violencia política que sigue frustrando la posibilidad de que seamos un país democrático y en paz”, fue su mensaje el domingo en su cuenta de X.

En diálogo con Colombia+20, Cepeda lamenta que, aunque el “acuerdo nacional” ha estado sobre la mesa desde el inicio del gobierno, no ha habido suficiente perseverancia para concretarlo.

“Aún estamos a tiempo”, afirma. “Esto ya lo hicimos antes: en los años 80, en el peor de los momentos, vino la Constitución del 91, que fue un acuerdo nacional. Hoy se requiere una actitud madura, seria, responsable, que asuma que hay temas que no pueden seguir siendo manejados como botines ideológicos”.

Para Cepeda, el “acuerdo nacional” no debería inventar nada nuevo, sino simplemente aplicar lo que ya está pactado en el Acuerdo de Paz. La fórmula, según él, tiene tres componentes: reconocer que no se puede seguir gobernando sin políticas de Estado en temas claves como la paz, el narcotráfico y las relaciones internacionales; definir un temario claro y común que esté fuera del vaivén electoral; y aplicar el pacto de forma incluyente y sin agendas ocultas. Sugiere que el Congreso, con quien el Ejecutivo tiene una pugna constante, podría ser un escenario natural para comenzar esa conversación.

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Pero el escenario no es fácil. Un sondeo por redes sociales muestra discursos de odio en redes sociales, especialmente en X. Además, varios candidatos de oposición al Gobierno han hecho críticas feroces sobre la seguridad como parte del proselitismo de sus campañas.

María José Pizarro, senadora del Pacto Histórico, propuso en su cuenta de X a los partidos políticos “una reunión de urgencia para que en conjunto rechacemos la violencia en la política y acordemos medidas para defender la democracia”.

Y agrega: “En este momento la confianza está rota y el país está dolorido, así que nos toca empezar por sanarnos, por sanar la nación colombiana, por permitir el sosiego, la reflexión por cada uno hacer un compromiso interno de cómo vamos a tramitar nuestras diferencias. No vamos a empezar a pensar distintos y este país no va a cambiar de la noche a la mañana. pero entendiendo que tenemos visiones que defendemos modelos distintos tenemos que aprender a dividir nuestras diferencias de una manera distinta en un solo debate democrático y la primera oportunidad que tenemos es la próxima semana cuando se discute la reforma laboral -que se empieza a discutir esta semana-”, dijo a Colombia+20 la senadora.

Además, recordó también su pasado como hija de un candidato presidencial -Carlos Pizarro- desmovilizado del M-19 y asesinado en 1990, y que por ello el mensaje es claro: no debe haber impunidad.

“No es el momento de mensajes ambiguos, es el momento de actuar con absoluta confidencia, sin ningún tipo de ambigüedad para intentar que la historia de violencia no se siga repitiendo en este ciclo infinito de violencias en nuestro país. Yo quiero recordar que cuando nuestros padres fueron asesinados, Bernardo Jaramillo, Luis Carlos Galán, Jaime Pardo Leal, mi padre en esa campaña presidencial de 1990 era un tiempo de impunidad. Así que aquí debe haber una actitud y una actuación pronta a la justicia”, dijo Pizarro.

Otros también han llamado a la calma y a no comparar lo ocurrido con años como los 80 y 90 donde el país sufrió su más alto pico de violencia.

Las amenazas a otras víctimas de violencia electoral y política

Así mismo, no hay que perder la perspectiva en los territorios. La historia de Uribe Turbay —nieto de Julio César Turbay e hijo de la periodista Diana Turbay, asesinada por Pablo Escobar— también le da impacto mediático y político a escala nacional, pero no ha sido el único hecho violento reciente

En distintos territorios del país se registran casi a diario ataques, amenazas y desplazamientos que, si bien no alcanzan la misma visibilidad, reflejan la persistencia del conflicto armado y sus efectos sobre las comunidades y su participación política.

Sin ir más lejos, hace un mes Luis Alberto Peña, un histórico líder político del municipio de Miranda, en Cauca, y miembro del Partido Colombia Humana, fue baleado mientras realizaba un perifoneo convocando a la ciudadanía a movilizarse en el marco del día del trabajador el pasado 1 de mayo.

Desde el 8 de marzo pasado, cuando empezó el calendario de los comicios al Congreso hasta el pasado 31 de mayo cuando arrancó para las presidenciales, se han presentado 53 víctimas de violencia electoral, entre ellas cuatro homicidios en contra de líderes políticos -incluido el de Peña-, de acuerdo con la Fundación Paz y Reconciliación (Pares).

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Las cifras del Banco de Datos de Derechos Humanos y Violencia Política Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep) muestran, por su parte, que desde enero de 2024 hasta junio de 2025 ha habido 30 casos de violencia política –entre asesinatos, lesiones físicas, raptos y torturas- y dos casos de violencia electoral

Lo cierto es que el atentado contra Miguel Uribe marca un punto de inflexión. No solo porque atenta contra la integridad de un líder político opositor, sino porque pone a prueba, una vez más, la sinceridad del compromiso democrático de todos los sectores.

No hay pacto posible si persiste la violencia. Y no hay reconciliación sin garantías. Si el país quiere evitar volver al abismo que ya conoció en los años 80 y 90, tendrá que tomar decisiones urgentes: blindar la política de las armas, blindar las campañas de la intimidación, y blindar el debate contra la estigmatización.

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