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La Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia presentó el lunes su más reciente informe sobre la implementación del Acuerdo de Paz. Entre la conclusiones y los llamados, dice que la expansión de grupos armados es una realidad y una amenaza para ese pacto y que los diálogos de paz total ha tenido un “éxito limitado”.
En el informe, que abarca el período del 27 de diciembre de 2024 al 26 de marzo de 2025 se aborda la crisis del Catatumbo y también los actuales diálogos de paz total que el Gobierno lleva con al menos nueve estructuras ilegales entre guerrillas, disidencias de las antiguas FARC y bandas criminales.
De acuerdo con el documento presentado por el secretario general general de las Naciones Unidas, António Guterres, la dinámica del conflicto en Colombia se ha vuelto más compleja por la proliferación de actores armado. Además, asegura que el el intento del Gobierno de combinar “los esfuerzos de implementación” del Acuerdo de Paz con la celebración simultánea de “procesos de diálogo con múltiples grupos armados” ha tenido un “éxito limitado”.
“Este enfoque ha tenido un éxito limitado hasta la fecha, como han reconocido algunos funcionarios del Gobierno. Desafortunadamente, las iniciativas de diálogo de paz emprendidas hasta la fecha no han producido, en general, los resultados claros y sostenidos que se esperaban”, dice el informe.
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Este informe se diferencia de los otros en que por primera vez se hace un balance de los casi nueve años que se lleva de la implementación del Acuerdo de Paz, ¿por qué lo incluyen ahora?
Nos pareció muy importante hacer un alto en el camino y, primero, ilustrar los efectos positivos que ha tenido el Acuerdo de Paz en Colombia. Es decir, si uno piensa en los años de conflicto en Colombia y piensa después del 2016, es claro que Colombia es un mejor país, con menos violencia, con mayor seguridad y creo que era importante verlo en perspectiva. Y luego, ya tendiendo los ocho años y medio de implementación del Acuerdo de Paz, creo que era importante también ilustrar los avances, los progresos, los desafíos, los retos, las áreas que necesitan aún más esfuerzo, más priorización. Creímos que era importante hacer ese recuento, además de los tres meses de reporte.
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Hay una frase del informe que los avances de la implementación han sido desiguales. ¿En qué puntos más desiguales que en otros?
Un tema que ha sido priorizado y que ha avanzado de manera sostenida es el tema de la reincorporación, sobre todo reincorporación económica, social y política de los excombatientes. Es decir, ahí ha habido avances en cuanto a la vinculación de los distintos excombatientes a proyectos productivos. Por otro lado, en los distintos gobiernos, la reforma rural avanzó muy poco. Ahora, en esta istración, está avanzando más y eso es algo que también reconocemos en este informe, pero aún lejos de las metas. En el tema de adjudicación de tierras, particularmente de tierras, donde la meta es de 3 millones de hectáreas, estamos apenas en el 6% apenas, pero el avance del 94%, de ese 6%, ha sido durante el gobierno del presidente Petro y eso lo reconocemos. Otro punto sería el programa de sustitución de cultivos de uso ilícito que tampoco ha avanzado como se esperaba, particularmente por la no llegada del proyecto alternativo a esas 99 mil familias que firmaron los acuerdos y eso ha derivado en que las economías ilícitas sigan presentes en los territorios.
La crisis del Catatumbo también entró en el informe y decía que lo que ocurrió mostraba la persistencia en los desafíos de las violencias. ¿Es una forma muy diplomática de decir implementemos rápido el acuerdo así se evitan otros “Catatumbos” en la región?
Bueno, sí, realmente lo que se pide es la implementación integral, priorizada y acelerada. La ventana de oportunidad que se generó en 2016, en alguna medida se cerró parcialmente porque el Estado no entró cuando las FARC salieron y entonces otros actores llenaron esos vacíos.
Pensando en el Catatumbo y en otras zonas del país, le dimos la bienvenida al diagnóstico que se hizo inicialmente para el tema de la paz total y era que para implementar el Acuerdo de Paz de 2016, generar bienestar, seguridad, reducir violencia en los territorios, era necesario lidiar con los actores armados que están ahora en territorio. Lidiar de la manera en que se diseñara la política del gobierno. Nosotros la acompañamos. No significa que no se pueda implementar el acuerdo de 2016 sin estos elementos, pero claramente al estar en territorio. Le dimos la bienvenida al buscar a través del diálogo las salidas, pero también al tratar de implementar el Acuerdo de Paz de mejor manera.
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¿Pero entonces usted diría que la balanza ha estado más inclinada hacia los diálogos que a acelerar la implementación del Acuerdo de Paz?
Yo no los pondría en competencia. Lo que es importante es que se priorice la implementación de ese Acuerdo de Paz que existe, que es una hoja de ruta para el país. El presidente Petro lo ha señalado y se ha comprometido a hacerlo, inclusive ha protegido recursos presupuestarios en un año complicado de presupuesto hacia las entidades y hacia las áreas de implementación. Pero es importante priorizar aún más, sobre todo en estas áreas estructurales, como la reforma rural y otras, para avanzar lo más que se pueda en este año y medio que queda de la istración. Y ya en el lado de los diálogos, el llamado del secretario general es a una priorización más orientada a aquellos diálogos con actores que están realmente comprometidos con la paz en los procesos, en los cuales inclusive los actores se puedan comprometer a acciones que sean más benéficas y tangibles para las comunidades que han sufrido mucho.
Este informe es quizás el más duro en términos de los resultados de paz total. Dice que los diálogos han tenido éxito limitados y no han producidos los resultados “claros y sostenibles que se esperaban”. ¿Es un cambio de postura de la ONU o es simplemente un llamado a que esto debe tener efectos más certeros y, como usted dice, sin dejar de lado la implementación?
Bueno, yo no sé si es más duro.
Entonces, el menos diplomático…
No, a mí me parece que es realista, inclusive uno lo puede argumentar como una autocrítica porque nosotros acompañamos las mesas. Creo que es un llamado, algunos mensajes de lo que creemos debe priorizarse. El tiempo no es infinito y queda no demasiado, 16 meses más o menos de este gobierno. Creo que es importante hacerlo.
La Misión de Verificación acompaña dos procesos: el que se lleva con la Estado Mayor de los Bloques y Frente, que es esta facción que se dividió del Estado Mayor Central de Iván Mordisco, y la Coordinadora Nacional de Ejército Bolivariano, que también se dividió de la disidencia Segunda Marquetalia. Esta semana ambos están en ronda de diálogos. ¿Cómo evalúa esos procesos a la luz de la prorización que se pide en el informe?
Ha habido avances en ambos. En el de la Coordinadora Nacional del Ejército Bolivariano hubo, sobre todo, reuniones de carácter técnico, asesoramiento para un eventual cese o desescalamiento. En el del Estado Mayor de los Bloques y Frente estas reuniones próximas tienen que evaluar entre otras cosas, el cese al fuego, cuya vigencia se acaba el próximo 15 de julio. Creo que ya es el momento de tener beneficios tangibles para las comunidades en estos meses por delante. Pero bueno, corresponderá a las partes hacer esas evaluaciones y esas decisiones
El gobierno presentó en octubre del año pasado un plan de choque que estaba en cabeza del Ministerio del Interior, en ese momento Juan Fernando Cristo, y prometía esa aceleración de la implementación. Hoy el ministro Cristo ya no está, sino Armando Benedetti al frente de esa cartera. ¿Han tenido reuniones con él? ¿Se ha hablado de ese plan de choque?
Sí, hemos tenido reunión con el ministro Benedetti, hemos hablado del plan de choque y también del plan Catatumbo, que también es parte de los pactos territoriales. El pacto de Cauca también está ya, según información que nos dio, a punto también de ser firmado. El de Cauca. Yo sentí receptividad, voluntad de continuar con el tema que ha sido recibido de manera importante por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, y que esperamos esto siga hacia adelante. Es parte de la estrategia de aceleración y parte de nuestra expectativa de que se va a priorizar el Acuerdo de Paz.
Eso me lleva a otra de las recomendaciones que se hacen en el informe está orientado a desmitificar esta falsa dicotomía que hay entre temas de seguridad y paz, cuando son complementarias porque ambas deben ser tendientes a protección de la ciudadanía y de las comunidades. Unas a través del diálogo, otras a través del Estado de Derecho, que tiene que hacer valer el Estado para proteger a sus ciudadanos. Y entonces esperamos también que esto siga avanzando para que realmente haya una complementaridad que sea en beneficio de la población.
¿Y el cambio de Ministro de Defensa por uno con una carrera militar no refuerza eso que usted llama como “falsa dicotomía”? El ministro Sánchez ha dicho en varias ocasiones, por ejemplo, que está en contra de los cese al fuego…
Yo no sé si a este punto yo tendría la capacidad para hacer una evaluación de los acentos o de los matices de cada ministro y su gestión. Lo que me parece importante es que, entre quienes están encargados de las políticas de seguridad, como el ministro de Defensa, como el ministro del Interior, y otros que tienen una función más de paz, haya más complementariedad. Al final es un solo gobierno. Entonces, lo importante es que se conjuguen más, que se complementen más y que se tomen, obviamente, decisiones de gobierno, de Estado, para ver cómo enfrentar los distintos retos de seguridad y de generación de paz en los territorios.
Hace unos días, el comisionado de paz Otty Patiño habló sobre la creación de un Consejo de Implementación que reúna a las distintas entidades del Estado que hacen la implementación del Acuerdo de Paz y que hay un borrador sobre ello. La ONU ha venido insistiendo en fortalecer la arquitectura institucional de la implementación. ¿Qué sabe sobre esto?
No tenemos mayor información, más allá de la que comentas, que fue información pública. Estamos pendientes de alguna conversación con el Comisionado de Paz, precisamente de varios temas de implementación del Acuerdo de Paz y de otros temas como de diálogos, y ahí creo que podemos tener un poco más de información sobre cuáles son las ideas de cara al futuro. Creo que es importante que haya una dirección. El presidente a veces ha dicho que él mismo se va a encargar de la propia implementación. Lo importantes es que haya esa autoridad que sea capaz de aglutinar, de priorizar y acelerar el acuerdo de paz, creo que ayudaría tener una autoridad encargada de esos esfuerzos. Pero nosotros tampoco somos prescriptivos y obviamente le corresponde al Gobierno Nacional determinar cuál es la arquitectura idónea para hacer el trabajo.
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Otro tema pendiente son las sanciones propias. El lunes la JEP aceptó la petición de los ex-FARC de que se emita una sanción única, pero la eterna tensión es en la lentitud de esa emisión de sanciones. La ONU ha hecho de sus buenos oficios para dirimir esa disputa. ¿Qué han sabido de los tiempos de la JEP?
Creo que la decisión que toma la JEP es acertada porque es en consonancia con el acuerdo y el espíritu del Acuerdo de Paz. Ahora, respecto a las sanciones propias, el mensaje, incluso en el informe, es que sí sean lo más expeditas posibles. Hoy hay casos ya muy avanzados, así que esperamos que eso suceda pronto. Que hay una priorización como también es el espíritu del acuerdo hacia los mayores responsables y los casos más emblemáticos. Finalmente la JEP tiene una doble función jurídica pero también política porque es un tribunal de transición, no es un tribunal plenamente digamos 100% judicial y esa función es importante que la tengan en consideración para hacer avanzar al país del conflicto a la paz. Entendemos la necesidad de cumplirle a las víctimas, pero que eso no atente contra lo expedito, contra la orientación y la priorización principal del tribunal que respetamos y hemos apoyado.
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El capítulo étnico, que ha sido desde siempre uno de los más rezagados de la implementación, tenía como padrino a Estados Unidos y, con el cambio de Gobierno muchos temen que ese apoyo a temas indígenas ya no se haga. ¿Ha habido alguna advertencia sobre si han cambiado las prioridades de gobiernos que apadrinan este tema?
No, hasta ahora. Formalmente, tanto Estados Unidos como México son acompañantes del capítulo étnico. Ambos países y gobiernos han sido muy apoyadores. No tenemos todavía ninguna información que nos haga pensar que esto va a cambiar al punto de hoy, pero bueno, son decisiones de los propios gobiernos. Obviamente los países que apoyan siempre son importantes, pero lo más importante son los esfuerzos que pueda seguir haciendo el gobierno por implementar el capítulo étnico.
El informe se presentará el próximo 22 de abril ante el Consejo de Seguridad de la ONU y ahí también habrá un cambio porque es la primera vez que un representante del actual gobierno de Donald Trump esté presente. El Acuerdo de Paz ha sido lo que más consenso provoca en ese organismo, ¿cree que puede haber un cambio en el delegado de ese país con respecto a la implementación o al acuerdo mismo?
De manera general lo primero que destacaría es el apoyo unánime que ha tenido siempre el caso colombiano, la paz en Colombia, de parte del Consejo de Seguridad. Yo no tengo ninguna información que me haga pensar que eso va a cambiar. Obviamente cada país y máxime cuando cambian de gobiernos pues cambian de prioridades, de políticas, de énfasis. Es normal que cada gobierno nuevo que se sienta en el Consejo tenga algunos cambios. Pero no tenemos ninguna información a este punto y yo esperaría que de manera amplia el apoyo se mantenga, independientemente que pueda haber áreas nuevas de prioridad y que esos sean los énfasis particulares de los países.
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