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Este lunes, la Misión de Verificación de la ONU en Colombia presentó su informe trimestral sobre la implementación del Acuerdo de Paz. Por primera vez, el documento hace un balance de los casi nueve años del pacto firmado entre el Gobierno y la extinta guerrilla de las FARC.
En el informe, que abarca el período del 27 de diciembre de 2024 al 26 de marzo de 2025 se aborda la crisis del Catatumbo y también los actuales diálogos de paz total que el Gobierno lleva con al menos nueve estructuras ilegales entre guerrillas, disidencias de las antiguas FARC y bandas criminales.
De acuerdo con el documento presentado por el secretario general general de las Naciones Unidas, António Guterres, la dinámica del conflicto en Colombia se ha vuelto más compleja por la proliferación de actores armado. Además, asegura que el el intento del Gobierno de combinar “los esfuerzos de implementación” del Acuerdo de Paz con la celebración simultánea de “procesos de diálogo con múltiples grupos armados” ha tenido un “éxito limitado”.
“Este enfoque ha tenido un éxito limitado hasta la fecha, como han reconocido algunos funcionarios del Gobierno. Desafortunadamente, las iniciativas de diálogo de paz emprendidas hasta la fecha no han producido, en general, los resultados claros y sostenidos que se esperaban. Confío en que el Gobierno haga los ajustes necesarios para priorizar aquellos procesos de diálogo político con actores que han demostrado su compromiso con la paz y aquellos con potencial para proporcionar beneficios tangibles a las comunidades afectadas”, dice el informe.
Además, asegura que la expansión de los grupos armados en zonas donde se esperaba una consolidación de la paz, “es una realidad y una amenaza para el Acuerdo de Paz”.
El informe también hace mención a la fragmentación de varios grupos armados, como el de la disidencia conocida como Estado Mayor Central, cuya división el año pasado provocó que los hombres de Iván Mordisco se fueran de la mesa, mientras los de Calarcá Córdoba se mantuvieran en el diálogo, pero ahora bajo el nombre de Estado Mayor de los Bloques y Frente (EMBF).
La disidencia Segunda Marquetalia, de Iván Márquez, también se fragmentó en noviembre del año pasado. En la mesa quedaron los hombres de Walter Mendoza, ahora autodenominados Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano. En el caso del ELN, el frente Comuneros del Sur que tenía operación en Nariño, también se separó.
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De acuerdo con la ONU, esta fragmentación ha cambiado las negociaciones de unas mesas más nacionales a unas más territoriales. “Recientemente, tras la fragmentación de varios grupos armados involucrados en estos esfuerzos, el foco de atención se ha desplazado de las conversaciones nacionales a diálogos de ámbito más reducido y con un alcance más localizado”, dice el documento.
El secretario general Guterres afirmó que los problemas estructurales de país continúan siendo el principal desafío para lograr una paz sostenible. “La implementación del Acuerdo presenta hoy un panorama desigual. Si bien hay avances notables en ciertas áreas, algunas cuestiones estructurales siguen sin abordarse y amenazan con socavar las perspectivas de una paz sostenible para todos los colombianos y las colombianas”, afirmó.
El informe también se refirió al plan de choque que el Gobierno de Gustavo Petro presentó ante la ONU en octubre pasado y que como lo reveló este diario, está conformado por seis puntos: pactos territoriales para acelerar la transformación del territorio; reforma rural Integral y articulada; agenda legislativa para cumplir y avanzar; la articulación de la seguridad en el territorio; acuerdo Nacional para un Pacto Político; y gobernanza.
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Según el informe, la mayoría de los pactos aún no se han finalizado ni implementado. “En el marco de su plan de choque para acelerar la implementación del Acuerdo de Paz, el Gobierno anunció en el segundo semestre de 2024 que establecería una serie de pactos con las comunidades y las autoridades locales para acelerar el proceso PDET. La mayoría de estos pactos aún no se han ultimado ni implementado”, explica el documento.
Y agrega que como su implementación ha sido limitada se necesita “priorizar los planes regionales para integrales” para así lograr “un impacto a largo plazo”.
La situación de Catatumbo muestra los desafíos en temas de violencia
El informe de la Misión también dedico varias páginas a la crisis en esa región de Norte de Santander, provocada por el cruento ataque del ELN y los posteriores enfrentamientos de esa guerrilla con la disidencia de las antiguas FARC, EMBF, específicamente con el Frente 33 que hace presencia en la región.
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El documento dice que lo ocurrido en Catatumbo puso “ha puesto de relieve la persistencia de desafíos y factores estructurales subyacentes a la violencia en curso en las regiones afectadas por el conflicto, que el Acuerdo Final pretende abordar, en particular la presencia limitada del Estado, la reforma de la tierra y las economías ilícitas”.
Todo ello, dice el informe, ha generado nuevos llamados para acelerar la implementación del Acuerdo y ha puesto de presente el “difícil panorama para los diálogos con los grupos armados restantes en el marco de la política de Paz Total del Gobierno”.
En uno de los capítulos el informe señala que las zonas que fueron desocupadas por las antiguas FARC fueron ocupadas gradualmente por otros grupos armados que aprovecharon la “limitada presencia estatal”, como es el caso de Catatumbo, y que fue ello lo que condujo a la situación que se presentó y que deja, hasta ahora, 60 mil desplazados y casi una centena de muertos, de acuerdo con informes de distintas autoridades.
“Esta región fronteriza (Catatumbo) adolece de los muchos males que han afectado a algunas zonas del país durante décadas: ubicación estratégica para las economías ilícitas, pocas oportunidades económicas alternativas para las comunidades, presencia de múltiples actores armados y ausencia de instituciones estatales en muchas partes del territorio”, explica el informe.
“La situación actual de la seguridad en varias regiones del país es preocupante y requiere atención urgente. Es sumamente importante implementar las disposiciones sobre garantías de seguridad contenidas en el Acuerdo Final, pues ofrecen un marco claro e integral para enfrentar los factores y efectos de la violencia que han afectado particularmente a comunidades rurales, líderes sociales, excombatientes, mujeres, niños y niñas, indígenas y afrocolombianos. Lograr una presencia integral del Estado en las zonas afectadas por el conflicto es imperativo para proteger a los grupos vulnerables y prevenir crisis como la del Catatumbo”, precisa el documento.
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El balance de los casi 9 años de implementación del Acuerdo de Paz
Durante este período, dice el informe, se registraron progresos significativos en temas como la reincorporación económica y social de excombatientes, el enfoque territorial de la paz y la justicia transicional. Sin embargo, persisten serios obstáculos, incluyendo la violencia contra líderes sociales, excombatientes y comunidades, especialmente en zonas con presencia de grupos armados ilegales.
La Misión enfatiza la importancia de una implementación integral del Acuerdo de Paz, con participación efectiva de las comunidades, enfoque de género y atención prioritaria a los territorios más afectados por el conflicto.
La implementación del Acuerdo de Paz, dice el informe, avanza a ritmos desiguales. Tras ocho años de su firma, el panorama es heterogéneo: si bien se reconocen progresos en ciertas dimensiones —como el sistema de justicia transicional o la participación política de excombatientes— los problemas estructurales, especialmente en las regiones más afectadas por el conflicto, persisten sin solución.
La promesa de transformación territorial, eje esencial del Acuerdo, aún no se concreta de manera efectiva. Las instituciones estatales arrastran dificultades crónicas para llegar con suficiencia y legitimidad a los territorios. Esta brecha entre el papel y la realidad mina la credibilidad del Estado y debilita el tejido de confianza sobre el que debería cimentarse una paz sostenible.
Además, el informe, como lo ha hecho en sus anteriores ediciones, pone la lupa sobre el tema del a tierras, especialmente para los excombatientes de las antiguas FARC.
“Uno de los desafíos clave para la reincorporación sostenible de los excombatientes ha sido garantizar el a tierras, desafío que los sucesivos Gobiernos han tratado de abordar pese a que el a tierras con fines de reincorporación no es un objetivo contemplado en el Acuerdo”, dice el documento.
Según el conteo de la Misión de la ONU, se han asegurado 14 de los 24 Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR), donde residen unos 1.800 excombatientes. “El a una vivienda adecuada sigue siendo un desafío importante para la mayoría de los ex de las FARC-EP, debido a la insuficiencia de viviendas en la mayoría de los ETCR y al limitado a subsidios de vivienda fuera de estas zonas”, explica.
La ONU reconoce la voluntad política del Gobierno para reimpulsar estos esfuerzos, pero advierte también sobre la urgencia de introducir ajustes significativos. Asimismo, subraya que el próximo año y medio es decisivo para la actual istración si quiere dejar un legado sostenible en materia de paz. De lo contrario, se corre el riesgo de que los avances logrados hasta la fecha se vean erosionados por la persistencia de la violencia, la frustración ciudadana y el descrédito institucional.
“En tiempos difíciles, es necesario mantener el compromiso, revisar las prioridades, tomar decisiones estratégicas e implementar políticas acertadas”, dice la ONU.
En cuanto al asesinato y amenazas a líderes sociales, el informe de la ONU, dice que la situación “continúa siendo extremadamente preocupante”. Para este documento se hace eco de las cifras de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), que registró 40 denuncias de homicidios contra defensores de derechos humanos (9 verificadas) -entre el 27 de diciembre de 2024 y el 3 de marzo de 2025-, contra 37 denuncias del periodo anterior.
Frente a este panorama, el Gobierno aún tiene la oportunidad de redefinir el rumbo. Un compromiso renovado con la implementación plena del Acuerdo de 2016, acompañado de negociaciones más selectivas, bien diseñadas y con garantías efectivas, podría recomponer la credibilidad del proyecto de paz. Pero el tiempo apremia. Sin una dirección clara, lo que hoy se perfila como una paz ambiciosa corre el riesgo de quedar como otra promesa incumplida en la historia del conflicto colombiano.
El informe será presentado en Nueva York el 22 de abril por Carlos Ruiz Massieu, Representante Especial del Secretario General de la ONU y Jefe de la Misión de Verificación de ese organismo en Colombia.
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