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Una nueva tensión se dio este miércoles entre la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD) y la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), tras la decisión del tribunal de excluir a la UBPD de una audiencia clave sobre fortalecimiento presupuestal, en el marco de una medida cautelar nacional por desaparición forzada.
El auto de la JEP, en poder de Colombia+20, considera que la UBPD ha cumplido los objetivos presupuestales que motivaron su inclusión en el trámite judicial y que ya cuenta con los recursos necesarios para cumplir con sus tareas y proyectos para 2025.
“La información técnica y presupuestal recopilada demuestra que, para la vigencia 2025, la UBPD ha contado con los recursos necesarios para garantizar su adecuado funcionamiento dentro del Sistema Nacional de Búsqueda, a través de proyectos que fueron formulados, aprobados, financiados y se encuentran en ejecución conforme a los lineamientos de inversión pública”, dice el documento fechado el 19 de mayo y firmado por el magistrado Raúl Eduardo Sánchez.
Según la JEP, la entidad tiene asegurados $76.273 millones para el año en curso en proyectos de inversión debidamente formulados, financiados y en ejecución. Además, destaca que la UBPD ha obtenido concepto favorable para vigencias futuras y ha presentado oportunamente su anteproyecto presupuestal para 2026.
Sin embargo, la UBPD no comparte la decisión y, mediante un comunicado, lamentó el auto y cuestionó de fondo los argumentos del tribunal de paz.
Asegura que la afirmación de la JEP —según la cual ya se habría alcanzado un fortalecimiento presupuestal satisfactorio— desconoce las comunicaciones enviadas, el déficit acumulado y los resultados fallidos de las mesas técnicas interinstitucionales.
UBPD dice que el déficit estructural persiste
La entidad sostiene que, desde su creación, ha enfrentado un déficit acumulado del 19% respecto al presupuesto solicitado entre 2018 y 2025. Para este año, por ejemplo, solicitó $220.385 millones y recibió $193.842 millones, una reducción del 12% que afectó directamente los recursos de inversión destinados a su despliegue nacional y territorial.
“En relación con lo expresado en el Auto, la JEP sostiene que “la UBPD ha contado con los recursos necesarios para garantizar su adecuado funcionamiento dentro del Sistema Nacional de Búsqueda”, afirmación que no corresponde al objetivo propuesto en el marco de la medida cautelar nacional, toda vez que el fortalecimiento presupuestal estaba encaminado a garantizar las operaciones misionales de la UBPD y del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, no al adecuado funcionamiento del Sistema Nacional de Búsqueda”, replica la Unidad de Búsqueda.
Además dice que existe una brecha presupuestal que, según advierte, compromete su capacidad operativa para buscar a más de 127.000 personas desaparecidas y afecta componentes clave de su mandato: la búsqueda humanitaria y extrajudicial en territorios, la participación de las víctimas, y la adecuación de sus capacidades logísticas y tecnológicas.
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La UBPD también destaca que el Sistema Nacional de Búsqueda, como instancia de articulación de políticas públicas, no tiene presupuesto propio, por lo que las entidades participantes —como la UBPD y Medicina Legal— deben asumir con sus recursos limitados las cargas institucionales que implica esa articulación.
“El Sistema Nacional de Búsqueda, como espacio de articulación, no cuenta con presupuestos adicionales, sino que cada entidad debe disponer de los recursos ya asignados para los aportes que se requieran en el marco de sus competencias”, explica la UBPD.
Falta de diálogo
Otro punto crítico es el procedimiento seguido por la JEP. La UBPD asegura que no fue escuchada ni convocada para evaluar la información presupuestal presentada por otras entidades del Gobierno, y que las mesas técnicas creadas por orden judicial no produjeron resultados concretos en términos de fortalecimiento financiero. Según la UBPD, tampoco se abordó con seriedad la situación de las infraestructuras forenses ni las limitaciones operativas persistentes.
“No se dio la posibilidad a la Unidad de Búsqueda de pronunciarse con relación a la información reportada por las entidades del Gobierno competentes en garantizar el adecuado funcionamiento de uno de los mecanismos del Sistema Integral de Paz”, dice el comunicado.
El trasfondo del choque es más profundo. La JEP parece asumir que la asignación formal de recursos implica su disponibilidad y suficiencia, mientras que la UBPD enfatiza que la ejecución efectiva se ve limitada por una planificación presupuestal que no responde a la dimensión del mandato: una búsqueda humanitaria y extrajudicial que debe ser descentralizada, participativa y sostenible.
Según el auto de la JEP, contra esa decisión “no procede recurso alguno”.
Pese al desencuentro, la UBPD reiteró que mantendrá su labor y seguirá buscando apoyos nacionales e internacionales para garantizar el derecho a la verdad de las familias buscadoras.
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Las tensiones entre la JEP y la UBPD
La distancia que hay entre la JEP y la UBPD viene desde hace tiempo y ha estado marcada especialmente por el tratamiento de la búsqueda en La Escombrera, en Medellín.
Precisamente este miércoles el tribunal de paz y la Alcaldía de Medellín convocaron a una rueda de prensa en la que participó el presidente de la JEP, Alejandro Ramelli, y el alcalde Federico Gutiérrez, donde dieron a conocer el futuro de las labores para hallar personas dadas por desaparecidas en ese sector de la capital antioqueña, considerada la fosa común urbana más grande del mundo.
El anuncio más importante es que se iniciará la formulación del proyecto de La Escombrera como lugar de memoria.
La gran ausente de la rueda de prensa fue justamente la Unidad de Búsqueda que es finalmente la entidad que realiza las labores de búsqueda en ese lugar cuya sexta fase de excavación está suspendida por falta de recursos.
Lo paradójico es que el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, en esa rueda de prensa dijo que la JEP le ha pedido a la UBPD que presente un plan de intervención y financiación porque la Unidad no tiene los recursos.
“Lo que le ha pedido la JEP (a la UBPD) es presentar el plan, pero también el mecanismo de financiación. Está muy claro. ¿Quién debe poner los recursos de la UBPD? el Gobierno Nacional. ¿Por qué no está la UBPD en este momento en la Escombrera si debería estar ahí ya trabajando? Porque no tienen los recursos que le corresponde entregar al Gobierno. Así de claro. Esto no es buscar conflictos, mientras más entidades se sumen, mejor. Si se suma la UBPD con recursos, con unas tareas concretas, mejor todavía. Estamos en un proceso muy complejo, que lleva tiempo y lleva recursos, cuando básicamente los recursos están saliendo de dos entidades: de la JEP y de la Alcaldía de Medellín”, dijo el alcalde.
Una respuesta similar dio el presidente de la JEP, Alejandro Ramelli, quien agregó que hay total voluntad de trabajar con la UBPD.
La otra tensión se dio en febrero pasado porque el tratamiento ante la opinión pública que se le ha dado a los hallazgos de restos óseos que se han hecho en La Escombrera.
Varias fuentes enteradas, le dijeron entonces a este diario que la UBPD ha hecho reclamos a la JEP por distintos motivos, entre ellos, llevar prensa al sitio sin la debida preparación de protocolos.
Ese mismo hecho también fue reclamado por organizaciones: “El día de la rueda de prensa en La Escombrera, los periodistas estaban ubicados casi a un metro de donde estaban algunos restos óseos”, dijo una persona cercana a ese proceso.
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El otro tema ha sido la presunta falta de preparación para las familias de las víctimas, pero quizás el más difícil es la identificación de los cuerpos encontrados. Hasta ahora se han encontrado los restos óseos de cuatro personas y se han identificado a dos de ellos.
Hasta el momento, las labores de búsqueda de La Escombrera han permitido los hallazgos de restos de cuatro personas tras remover 41.000 metros cúbicos de tierra y excavado unos 15 metros de profundidad.
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