Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
Un duro regaño le dio la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) a varias entidades del Gobierno por no confirmar su asistencia a la audiencia pública que estaba programada para el próximo 27 de marzo de 2025, cuyo objetivo era evaluar la grave situación de riesgo que enfrentan los firmantes del Acuerdo de Paz.
A través de un auto, conocido por Colombia+20, el tribunal no solo llamó la atención de esas entidades, sino que tomó la decisión de aplazar la audiencia.
“Se tiene que ni la Fiscal General de la Nación, ni el Vicefiscal pueden asistir, los Ministros de Defensa y del Interior no han confirmado su participación, lo mismo ocurre con el Director de la Unidad Nacional de Protección, las Directoras de la Unidad para la Implementación del Acuerdo Final de Paz y de la Agencia para la Reincorporación y Normalización (Gloria Cuartas y Alejandra Miller) delegaron su participación”, dice el auto, que también afirma que la única entidad que confirmó la asistencia de su director fue la Agencia Nacional de Tierras.
La Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad (SAR) de la JEP, en cabeza de la magistrada Reinere de los Ángeles Jaramillo Chaverra, había convocado a las entidades con competencias en materia de seguridad y reincorporación de los excombatientes. Sin embargo, de acuerdo con el auto muchas de estas entidades no confirmaron su asistencia o delegaron su representación a pesar de la prohibición expresa de hacerlo.
Ante esta situación, la JEP expresó su preocupación por la falta de compromiso de las entidades responsables de garantizar la seguridad de los firmantes del Acuerdo Final de Paz. “Esta sección advierte una actitud de indiferencia respecto a la respuesta institucional (… ) Dando a entender a esta magistratura que la seguridad de los y las firmantes no es un tema prioritario en sus agendas”, señala el auto.
La audiencia, que tenía como fin conocer de primera mano las acciones institucionales frente a las crecientes amenazas y homicidios de excombatientes, pero también las acciones de reincorporación integral de los y las firmantes del Acuerdo de Paz, se realizará el 10 de abril.
La SAR reiteró que la asistencia es indelegable y que los representantes principales de cada entidad deben comparecer de manera presencial durante toda la diligencia. Además, a cada entidad le pidió una lista de tareas.
Según conoció Colombia+20, en el caso de la directora Miller, la JEP la citó el mismo día a una audiencia sobre el caso de Dabeiba y por ello pidió tener una persona delegada, a lo que el tribunal le habría dicho que no había problema.
Desde 2016, la violencia contra los excombatientes ha sido una de las mayores preocupaciones en el proceso de reincorporación. Según datos del 2 de marzo de 2025, 456 firmantes.
La misma JEP en el auto afirma que el 2025 ha sido un año muy violento para los y las excombatientes. “Solo en enero de registraron el asesinato de 11 personas en proceso de reincorporación, desde la firma de Acuerdo de Paz el trimestre del 2025 ha sido el más violento, superando años como 2019, 2020 y 2021 que fueron bastante agresivo para la población firmante”, explica el tribunal.
Este inicio de año tan violento se explica en parte por el cruento ataque que perpetró el ELN en Catatumbo y, luego, los enfrentamientos con la disidencia de las antiguas FARC conocida como Estado Mayor de los Bloques y Frente. Esa arremetida de la guerrilla incluyó ataques con los firmantes de paz. Según varias entidades, al menos seis ex-FARC fueron asesinados y otros seis permanecen desaparecidos.
La JEP también menciona los desplazamientos de los antiguos espacios territoriales de capacitación y reincorporación y de las Nuevas Áreas de Reincorporación que “afectan los procesos de reincorporación y los medios de vida de los excombatientes y sus familias, así como el tejido social y comunitario”.
A inicio de esta semana, se dio un nuevo hecho. Los exguerrilleros de las FARC que adelantaban su tránsito a la vida civil en la vereda San Francisco de Yondó, Antioquia, anunciaron que saldrán desplazados de la Nueva Área de Reincorporación (NAR) Omaira Díaz debido a las amenazas en el territorio.
Además: Así van los diálogos de paz urbana entre Petro y las bandas criminales de Quibdó
Hace menos de un mes, casi 100 personas del NAR Simón Trinidad, en Mesetas Meta, también se desplazaron por amenazas. El año pasado tuvieron que irse también de ese lugar firmantes y familias del ETCR Mariana Páez y también los que estaban en Miravalle, Caquetá.
El pasado 5 de marzo el líder de reincorporación Diego Tovar le envió una carta al presidente Gustavo Petro en la que exponía la falta de resultados en la implementación del Acuerdo de Paz.
“Las y los firmantes ya no sabemos que decir al salir de nuestros hogares, porque contamos por cientos los asesinatos y cada vez, se hacen más frecuentes, más sistemáticos y selectivos. Con franqueza le digo, presidente, nos aterra que estas prácticas, junto a los desplazamientos masivos y forzosos, los secuestros de familiares de firmantes, las amenazas y la estigmatización se vuelvan parte del paisaje y termine por hacer de la indiferencia la única respuesta de su gobierno”, dice la misiva, que se suma a múltiples pronunciamientos de los exguerrilleros.
Además, los firmantes también rechazaron la propuesta del comisionado de paz, Otty Patiño, de crear instancia que una el Acuerdo de Paz con la Paz Total.
“Frente a esta iniciativa gubernamental queremos dejar claro que el Acuerdo Final de Paz y la política de Paz Total del presidente Gustavo Petro, son procesos distintos en su origen, en su naturaleza constitucional y en sus compromisos. Mientras el Acuerdo de Paz de 2016 es un pacto de Estado que debe cumplirse con garantías y seguridad jurídica, la Paz Total sigue siendo una estrategia en construcción, sin un marco normativo claro y con efectos inciertos para la estabilidad del país”, dice el comunicado conocido este lunes.
En contexto: Ex-FARC rechazan idea de Otty Patiño de crear instancia que una Acuerdo de Paz y Paz Total
El tribunal también dijo que han aumentado los casos de estigmatización. “Ante las diversas denuncias y demandas de la población firmante, la Sección considera pertinente conocer las acciones que las instituciones estatales están implementando para garantizar una seguridad integral y humana”, afirmó.
La JEP, a través de la SAR, insiste en la necesidad de que el Estado garantice condiciones de seguridad para los excombatientes y cumpla con los compromisos adquiridos en el Acuerdo de Paz. La inasistencia de las entidades clave a esta audiencia pone en duda la voluntad institucional para abordar la crisis de seguridad que enfrentan los firmantes y sus familias.
✉️ Si le interesan los temas de paz, conflicto y derechos humanos o tiene información que quiera compartirnos, puede escribirnos a: [email protected]; [email protected]; [email protected] [email protected] o [email protected].
