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Cuando la lluvia de balas se detuvo y por fin pudo regresar a su casa, todo lo que Juan* encontró tenía rastros del combate. Los platos estaban rotos; la ropa, perforada, y la pantalla del televisor, fisurada. Perdió la cuenta de los orificios que los proyectiles abrieron en las paredes de madera de su vivienda, levantada sobre una planicie en el sur de Bolívar. En el piso del patio había más de 60 casquillos de bala. Su hijo, de apenas un año, gateaba cerca de lo que parecían ser restos de un mortero. “Nos revolcaron todo. Quedamos en medio del fuego cruzado y nos tocó salir corriendo, porque los grupos no respetan ya, se vienen a posicionar en las casas de los campesinos”, dijo en un video que circuló en la región el martes 1° de abril. En lo corrido del mes no ha parado la zozobra.
El testimonio de Juan se suma a los de decenas de pobladores de este departamento del norte del país, donde aún no se toman medidas efectivas para frenar la guerra que estalló en 2021 entre el Clan del Golfo (o Ejército Gaitanista de Colombia, EGC), las disidencias de las FARC y el ELN.
Además de su caso, en las últimas semanas se ha reportado la retención de vehículos y funcionarios de una empresa de telecomunicaciones del municipio de Río Viejo para presionar el cobro de extorsiones, el hallazgo de un cuerpo desmembrado en la parte alta de la serranía de San Lucas, el desplazamiento masivo de varias comunidades por combates en Cantagallo, el homicidio del exconcejal Hémerson Reinel Pérez, el atentado sicarial contra un militante de la Colombia Humana y un toque de queda que mandó a la virtualidad las clases y labores istrativas en algunos municipios el pasado 5 abril, cuando se anunció la muerte del quinto máximo comandante del Clan del Golfo, José Miguel Demoya Hernández (“Chirimoya”) en una operación de la Policía y la DEA.
Todos estos son apenas retazos de una crisis a la que poca atención se le presta, pese a la magnitud de sus efectos. Según el balance humanitario del Comité Internacional de la Cruz Roja, en 2024 Bolívar fue uno de los territorios donde más se intensificó el conflicto. Fue el cuarto departamento con más desplazamientos individuales (13.691 casos), el quinto con más personas heridas y fallecidas por artefactos explosivos (53 víctimas) y el sexto con más desapariciones.
Varios líderes sociales consultados por Colombia+20 denuncian que las disputas están fuera de control, y son las estructuras ilegales las que dominan buena parte del territorio. Incluso, el secretario de Seguridad de la Gobernación de Bolívar, Manuel Berrío, reconoce esa situación: “En las zonas rurales los grupos ilegales son la ley. Estamos perdiendo el terreno de la institucionalidad”. El funcionario señala como responsable a la apuesta de paz total del gobierno de Gustavo Petro, que, dice, redujo la capacidad ofensiva de las Fuerzas Militares e incentivó el fortalecimiento de las estructuras responsables de esta ola de violencia.
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Sin embargo, en la región aseguran que la respuesta de las autoridades locales también ha sido insuficiente, especialmente en el sur de Bolívar y los Montes de María, dos regiones claves del departamento, que muestran los matices de esta nueva etapa del conflicto en la que el Clan (el grupo ilegal más poderoso del país) ha acorralado y les ha quitado posiciones históricas al ELN y las disidencias, especialmente en la serranía de San Lucas, que guarda una de las mayores reservas de oro del país.
Los informes de inteligencia, asegura el secretario Berrío, estiman que el departamento produce, entre minería legal e ilegal, unas 500 toneladas de oro al año (una cifra que desborda los registros oficiales de la Agencia Nacional de Minería). De ahí que EGC, ELN y la disidencia Estado Mayor de Bloques y Frentes (EMBF) mantengan viva la guerra por el control de estas multimillonarias rentas.
Aunque los tres grupos se apuntaron a las negociaciones con el Gobierno, actualmente con el Clan solo se mantienen diálogos exploratorios. El proceso con el EMBF avanza, aunque esta semana no se renovó el cese al fuego, el más largo de la paz total de Petro.
El conflicto se expande
Las paradojas de la guerra saltan a la vista en el sur de Bolívar. Mientras que en la vecina región de Catatumbo el ELN desató una arremetida para extinguir cualquier rastro de los disidentes de las FARC, acá esos mismos grupos mantienen viva su alianza, una decisión pragmática para hacerle frente al Clan del Golfo antes de que los repliegue.
Según Berrío, en los últimos dos años se multiplicó la presencia de estas estructuras en la subregión sur. “A finales de 2023 los reportes indicaban que eran 400 personas entre todos los grupos, pero hoy hablamos de que son alrededor de 2.500. Ha habido un incremento desproporcionado”, asegura el secretario de Seguridad de Bolívar.
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Sin embargo, el recrudecimiento de la violencia no se vive solo en el sur. A menos de dos horas de Cartagena, en los Montes de María, los habitantes resisten una nueva arremetida criminal. La diferencia es que allí el Clan del Golfo ya logró el dominio de casi todo el territorio e impuso un nuevo sistema de control: la violencia es más selectiva y silenciosa, pero con unos efectos tan graves, que dejan casi el mismo panorama de homicidios de finales del siglo pasado, en la peor época de la arremetida paramilitar de las AUC.
En una reciente visita al territorio, varios defensores de derechos humanos le expresaron su preocupación a Colombia+20. “Acá en Montes nada sale a la luz, pero la violencia sigue. Todos tenemos que pagar extorsiones, los campesinos no podemos ir a las fincas, los profesores no pueden llegar a los colegios, si ellos no dan permiso, y las autoridades los dejan estar como Pedro por su casa”, dijo una lideresa, que pidió reservar su identidad por temor a represalias.
Cooptación disparada
Como si no bastara con la crisis humanitaria, los tentáculos de los grupos ilegales (especialmente los del Clan) se han extendido a las instituciones públicas, hasta lograr un nivel de captura del Estado que tiene encendidas las alarmas y que se suma a una degradación ambiental sin precedentes. Así quedó documentado en el libro “Territorio, violencias y derechos humanos”, del Instituto Internacional de Estudios del Caribe, de la Universidad de Cartagena, que fue presentado el pasado 9 de abril en Bogotá. Entre 2022 y 2024, los profesores Amaranto Daniels y Francisco Méndez realizaron trabajo de campo en el sur de Bolívar y los Montes de María para indagar en la metamorfosis del conflicto y los intereses de las estructuras ilegales.
Según esta investigación, hay una “innegable cooptación del Estado y del ordenamiento social existente en el territorio”, que se habría visto reforzada por la incidencia del Clan del Golfo en las elecciones de alcaldes, concejales, gobernadores y diputados en octubre de 2023, una situación que ya había alertado la Defensoría del Pueblo. Frente a los señalamientos, desde la Gobernación de Bolívar niegan que haya connivencia entre los mandatarios locales y el grupo ilegal.
En todo caso, la preocupación persiste y se extiende a la injerencia de la estructura en la sociedad civil. “El Clan del Golfo actualmente tiene una relación con las comunidades basadas inicialmente en una persuasión o coerción sin acudir a mecanismos como las masacres indiscriminadas del pasado. Se utiliza el diálogo e incluso apoya tareas como el arreglo de vías, reparto de mercados y ayudas escolares. Seguidamente tratan de subordinar a los líderes de las organizaciones sociales, de las reivindicaciones campesinas, como el al agua, la minería y los movimientos de víctimas, la creación de redes de informantes y la participación en los recientes procesos político-electorales, como la conformación de las juntas de acción comunal”, dice el documento.
Medio ambiente, en riesgo
Las afectaciones humanitarias no son lo único que preocupa a las comunidades de Bolívar. De la mano de las economías ilegales que controlan los grupos armados también hay una alerta por la deforestación, los cambios de uso del suelo para la exploración y explotación de hidrocarburos y minerales, y la contaminación de fuentes de agua.
En el sur del departamento se ha documentado el recurrente vertimiento de mercurio y cianuro, usados en la extracción de oro. Algunos estudios apuntan a que el proceso de amalgamación del mineral lleva más de 180 años y hay registros de varias ciénagas y ríos en los que los peces sobrepasan el nivel de mercurio aceptado internacionalmente. También se ha identificado que mineros y pescadores presentan síntomas de intoxicación mercurial.
¿Y la respuesta del Estado?
En Bolívar, los pobladores se preguntan cómo es posible que la ilegalidad haya establecido su dominio, cuando hay más de 5.000 efectivos de la Fuerza Pública. En la zona sur está la Fuerza de Tarea Conjunta Marte (con cuatro batallones) y una veintena de estaciones de Policía; en los Montes de María hay otros dos batallones y al menos 225 agentes de Policía. No obstante, son frecuentes las denuncias de falta de acción de las autoridades para prevenir o combatir el actuar de los grupos armados.
“En Regencia hay presencia de paramilitares, armados con fusiles, y en Villa Uribe están los hombres del ELN con banderas, 15 o 20 minutos los separan. Eso lo sabe la Fuerza Pública, la inquietud que a uno le queda es por qué no hacen nada el Ejército y la Policía”, afirmó uno de los habitantes citados en el informe de la Universidad de Cartagena.
Algunos pobladores, incluso, señalaron que hay connivencia entre las autoridades y los grupos ilegales para coordinar patrullajes sin encontrarse, una situación que también ha documentado la Defensoría del Pueblo en algunas alertas tempranas.
Cuestionado sobre estas denuncias, el secretario de Seguridad de Bolívar, Manuel Berrío, respondió: “Es muy poco lo que desde la istración departamental podemos hacer, porque no tenemos Ejército propio, sino que todo depende de una política nacional que es la paz total. Para que las tropas se movilicen tienen que notificar al mecanismo de monitoreo del cese al fuego, por eso solo actúan por reacción, no se pueden adelantar. Tenemos armas, vehículos blindados y una nueva brigada de selva, pero no pueden actuar porque ese política pública superior nos impide atender eso”.
La respuesta llama la atención, porque desde hace más de dos años no hay cese al fuego con el Clan del Golfo y, desde agosto de 2024, tampoco con el ELN, los principales actores armados en el territorio. Según el Instituto Internacional de Estudios del Caribe, aunque efectivamente la apuesta de paz total incidió en el aumento de la violencia, la responsabilidad también recae en los gobernadores y alcaldes que, constitucionalmente, son responsables de conservar el orden público en los territorios. “En la realidad hay un gran vacío e ineficacia, como lo ratifican el posicionamiento y control territorial que ostentan los actores armados ilegales. A esto se adiciona la debilidad recurrente en la coordinación nación-territorio no solo sobre políticas públicas de seguridad, sino en la garantía del goce efectivo de los derechos como educación, salud y generación de ingresos”, se asegura en el informe.
Al margen del debate sobre los roles que la institucionalidad, local o nacional, ha jugado en la actual crisis que enfrenta Bolívar, las comunidades están a la espera de que se tomen medidas para solucionar de raíz los factores que han llevado al reciclaje de la violencia.
“Acá ya sufrimos por los paramilitares, ya sufrimos por las guerrillas, y ahora nuevamente están acá otros grupos. Nuevamente vivimos con miedo, con desconfianza entre las mismas comunidades, con el riesgo de que recluten a nuestros niños, con el afán de conseguir plata para pagar las vacunas. Otra vez estamos viendo que quienes perdemos somos las víctimas, porque los victimarios siguen impunes maltratándonos”, sentencia una lideresa.
*Algunos nombres fueron modificados o reservados por solicitud de las fuentes.
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