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Incidencia de grupos armados ilegales en las elecciones regionales, cooptación de las organizaciones sociales, violaciones a los derechos humanos, vulneraciones a la niñez, debilidad en la gestión pública, participación en delitos ambientales y pocos resultados de la apuesta de paz total.
Estos son algunos de los hallazgos del libro “Territorio, violencias y derechos humanos”, una investigación del Instituto Internacional de Estudios del Caribe de la Universidad de Cartagena que indagó en la metamorfosis de los factores que perpetúan los conflictos y sus consecuencias en dos regiones históricamente golpeadas por la presencia de actores ilegales: los Montes de María y el sur de Bolívar.
Entre 2022 y 2024 los profesores Amaranto Daniels y Francisco Méndez, autores del estudio de caso, desarrollaron su trabajo de campo en estas regiones, que en la actualidad están bajo un control casi hegemónico del Clan del Golfo (autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia), aunque en algunas zonas esta estructura criminal mantiene una disputa territorial con la guerrilla del ELN y las disidencias de las FARC.
Los tentáculos del Clan del Golfo en las elecciones
Una de las conclusiones más preocupantes del documento tiene que ver con la “innegable cooptación del Estado y/o del ordenamiento social existente en el territorio por actores tanto legales como ilegales, que intentan legitimar sus acciones y su injerencia en la vida ciudadana y en la gestión pública territorial”.
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La información recolectada por los autores confirma lo que en su momento advirtieron organizaciones sociales y entidades como la Defensoría del Pueblo: la presión del Clan del Golfo y otras bandas locales para incidir en el proceso electoral de escogencia de alcaldes, concejales, gobernadores y diputados en octubre de 2023. Además de eso, dice el documento, se identificó la “instrumentalización de la contratación pública”.
“Estos grupos ahora tienen una participación más sofisticada, más corporativa. Han sabido dónde tocar las redes de toma de decisiones de poder en el territorio para lograr posicionarse”, dijo el profesor Méndez durante la presentación de libro.
A su turno, el docente Amaranto Daniels, quien dirige el Instituto, subrayó la importancia de tomar acciones urgentes para frenar esta situación: “Pronto se va a discutir la reforma al Sistema General de Participación, para pasar la asignación presupuestal del Estado a las regiones del 24 al 39 %. Si actualmente no hay garantías de transparencia de los recursos que se tienen, al incrementarse puede haber más riesgo”.
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La presentación del libro se llevó a cabo este martes en el Claustro de San Agustín, de la Universidad de Cartagena, e incluyó un conversatorio de los autores con Diana Sánchez, directora de Derechos Humanos del Ministerio de Defensa, y Julián Ríos Monroy, subeditor de Colombia+20 de El Espectador.
El estudio también se presentó el miércoles en el municipio de San Juan Nepomuceno, hasta donde llegaron líderes sociales y defensores de derechos humanos de Bolívar y Sucre, donde se adelantó la investigación.
La crisis de violencia
El estudio de caso también le puso la lupa en la dinámica de violencia en estos territorios.
En el caso de los Montes de María, los autores revelaron que, aunque se suele hablar de esta región como un “laboratorio de paz”, lo que se evidencia es una reestructuración del modus operandi del Clan del Golfo y las bandas locales para no acudir a mecanismos como las masacres indiscriminadas del pasado, sino a la persuasión o coerción, la conformación de redes de informantes y la cooptación o creación de espacios comunales.
Sin embargo, los indicadores de violencia se mantienen casi tan elevados como en la época de la guerra entre paramilitares y guerrillas, a finales de la década de 1990. Entre 2016 y 2023 se cometieron 615 homicidios en los 15 municipios de la región (el 67 % de los casos se concentra en tres: Carmen de Bolívar, San Onofre y Marialabaja).
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En el caso del sur de Bolívar, la situación es distinta. En los últimos años se ha mantenido la confrontación entre el Clan, el ELN y las disidencias de las FARC, lo que ha generado enfrentamientos, confinamientos y desplazamientos forzados.
Solo entre 2018 y 2023 se registraron 553 homicidios. “Existe una tendencia al aumento de la violencia homicida, las ‘limpiezas sociales’, masacres y desapariciones forzadas, las cuales están relacionadas con las disputas por el control del microtráfico y la extorsión masiva a los distintos agentes económicos”, dice el informe.
Abandono estatal e impactos en la niñez
En ambas regiones, un factor común es la ausencia estatal y la falta de a oferta institucional.
El departamento de Bolívar, indica el estudio de caso, tiene un 26,3 % de su población en condición de pobreza, pero en varios municipios la situación es más grave, como en Montecristo (63 %), Tiquisio (60 %), Altos del Rosario (58 %) o Morales (56 %).
Producto de todos estos factores, se identificaron varios escenarios de riesgo para los menores de edad, entre ellos el reclutamiento forzado, las escuelas de sicarios, las redes de explotación sexual infantil y juvenil, las constantes incursiones de grupos armados a escuelas, entre otras afectaciones.
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“Para los menores de edad, crecer en los Montes de María o el sur de Bolívar se convierte en una tragedia. Ante la falta de oportunidades, muchos prefieren ingresar a los grupos ilegales o dedicarse a actividades de minería ilegal o cultivos de coca”, explicó el profesor Méndez.
En las próximas semanas el libro será presentado en la ciudad de Bogotá, donde los autores esperan exponer los resultados de su investigación a entidades del orden nacional para que se tomen acciones inminentes.
“Incluimos, por cada región, un capítulo de conclusiones y recomendaciones, que contempla la puesta en marcha de un plan de choque e intervención por parte del Gobierno Nacional, en asocio con el departamento, las organizaciones sociales y la cooperación internacional. Necesitamos que haya articulación y se tomen medidas”, enfatizó el profesor Daniels.