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El conflicto armado en el país golpea sin distinciones. La expansión de los grupos armados y la búsqueda de mayor control territorial han provocado enfrentamientos que afectan a comunidades enteras. Incluso, a pesar de estar protegidas por el Derecho Internacional Humanitario, las acciones humanitarias también se han visto significativamente atacadas, sin importar que precisamente ayuden a los afectados en medio de las oleadas de violencia.
El más reciente informe de la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) señaló que las agresiones directas contra el personal humanitario de organizaciones nacionales e internacionales, así como las misiones médicas, aumentaron de manera considerable a través de hurto de vehículos, como ambulancias; amenazas; extorsiones; e interferencias en actividades humanitarias.
“Evidencian un desconocimiento del DIH y un deterioro en el respeto por la acción humanitaria en contextos de emergencia”, fue una de las conclusiones de OCHA.
El informe da cuenta de 208 eventos contra el humanitario en el país entre enero y diciembre de 2024, los cuales impactaron directamente a por lo menos 277.502 personas que tuvieron que enfrentar interrupción de sus servicios básicos, como por ejemplo el a la salud, debido a barreras e imposición de restricciones y confinamientos por parte de los grupos armados con presencia en diferentes puntos del territorio nacional.
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El número total de eventos tuvo una reducción del 13% en comparación al mismo periodo de 2023, en el que se registraron 240 eventos. Sobre este aspecto, el informe señala que dicha disminución pudo responder a los ceses al fuego y esfuerzos de negociación.
Sin embargo, actualmente solo algunos de los tableros de negociación que tiene el Gobierno están volviendo a moverse. Como la disidencia Estado Mayor de Bloques y Frente, al mando de Calarcá Córdoba; y la disidencia Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, que espera retomar diálogos en abril. Otros están suspendidos como el proceso con el ELN. Y las conversaciones con el Clan del Golfo hasta ahora están en etapa “no pública”.
De ahí que el principal y mayor pedido de las comunidades sea la continuidad del cese al fuego y de la salida negociada del conflicto, pues son ellas las que sufren de primera mano las consecuencias de la violencia y los enfrentamientos entre grupos armados.
Según el balance de OCHA, los cinco departamentos con mayores afectaciones al humanitario durante 2024 fueron Cauca, Norte de Santander, Chocó, Nariño y Caquetá. En esos lugares se concentró la mayor cantidad de restricciones.
Asimismo, los principales municipios afectados fueron Corinto, Suárez y Buenos Aires (Cauca), Milán (Caquetá) y Puerto Guzmán (Putumayo). El informe además señala que las afectaciones se extendieron a 109 municipios, lo que evidencia un impacto mayor a nivel nacional.
Los ataques al personal humanitario y a las misiones médicas
Dentro de los principales impactos que identificó el informe fue contra las organizaciones de desminado humanitario, así como contra las misiones médicas que continúan siendo un blanco de ataque.
Las campañas de desminado, por ejemplo, han visto mucho más limitada su capacidad para operar en territorios donde hay presencia de grupos armados, mientras que las misiones médicas han sido víctimas de hurtos de ambulancias, incursiones en centros de salud y agresiones directas al personal en departamentos como Cauca, Guajira, Amazonas y Putumayo.
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“Para 2024, el hurto a vehículos sufrió un incremento del 15% con respecto a 2023, con al menos 15 vehículos hurtados y 1 vehículo incinerado. Reflejando un desafío para la seguridad del personal y los bienes humanitarios”, dice el informe.
Según OCHA, el 69% de las barreras estuvieron vinculadas al accionar de grupos armados, lo que obligó a suspender 165 misiones humanitarias, un aumentó del 258.7% frente a 2023.
“Estos actores siguen siendo los principales responsables de las limitaciones impuestas al sector humanitario y a la misión médica, debido a disputas territoriales y el control de economías ilícitas”, agregó el balance de la ONU.
Un ejemplo de estas barreras al humanitario se enmarca en la imposición de paros armados que impidieron a las comunidades tener bienes y servicios básicos. En Chocó, los paros registrados en febrero, abril, agosto y noviembre provocaron que las misiones humanitarias se tuvieran que suspender. El panorama se agravó a raíz de las inundaciones por la temporada de lluvias en esa zona del país.
Las afectaciones humanitarias por regiones
En un mapeo general por todo el territorio nacional, el informe de Naciones Unidas pudo identificar las principales afectaciones en las diferentes regiones. En lo que respecta al Pacífico, que comprende a Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño, el balance señala que durante 2024, esta región concentró el 44% de los eventos de humanitario a nivel nacional, lo que representa el mayor número de incidentes y barreras.
“Las principales restricciones incluyeron enfrentamientos, retenes ilegales, paros armados, ataques contra la misión médica, amenazas al personal humanitario y el uso de minas antipersonal (MAP), trampas explosivas (TE) y artefactos explosivos improvisados (AEI) como métodos de guerra”, explica el informe.
Esta región tiene tres de los cuatro departamentos entre los de mayor impacto, entre ellos, Cauca, que se perfiló como el más afectado. El evidente impacto violento en ese territorio se explica a raíz de la ruptura del cese al fuego en ese territorio con la disidencia Estado Mayor Central, al mando de Iván Mordisco, y el colapso de ese tablero de negociación.
“La subregión concentra las mayores afectaciones por desplazamientos y confinamientos. La disputa entre estos grupos por el control territorial y las economías ilícitas, sumada a las constantes violaciones contra la población civil y el personal humanitario, agrava los desafíos de y seguridad, limitando la operatividad de la respuesta humanitaria y la seguridad del personal”, agrega el balance humanitario.
Al noroccidente del país, que comprende Antioquia, Córdoba, Bolívar, Cesar, Sucre, Atlántico y Santander, el informe señaló que en algunas subregiones los grupos armados instalaron retenes ilegales en los que el personal humanitario fue sometido a revisiones de celulares y dispositivos electrónicos, incluyendo la descarga de datos. Además, se registraron acciones armadas, como enfrentamientos y combates, que obligaron a suspender la respuesta humanitaria en esa zona del país.
En la frontera con Venezuela, zonas como La Guajira, Norte de Santander y Arauca, se registró un alto número de hurtos de vehículos pertenecientes a organizaciones humanitarias con un 53%. En esos territorios, los grupos armados impidieron la presencia de organizaciones humanitarias, lo que afectó directamente a las poblaciones vulnerables.
En territorios como Amazonas, Caquetá, Guaviare, Meta, Guainía y Putumayo se ha interferido principalmente las acciones de desminado humanitario y también se ha atacado directamente a las misiones médicas. Caquetá se posicionó entre los cinco territorios con mayor ocurrencia de eventos de humanitario, debido a intensas confrontaciones y extorsiones por parte de actores armados.
Hacia el centro del país, en Cundinamarca, Risaralda, Tolima y Huila, se han documentado incidentes significativos, como la destrucción de un vehículo de misión médica y la revisión de teléfonos celulares al personal humanitario por parte de grupos armados de la zona.
“Las afectaciones a la población civil, incluidas restricciones a la movilidad y homicidios selectivos podrían intensificarse en 2025, aumentando el cierre del espacio humanitario y generando nuevos eventos de desplazamiento y confinamiento vinculados al conflicto armado”, apunta el informe de OCHA.
Frente al panorama que se espera para el año en curso, la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios señala que es fundamental reforzar estrategias de incidencia para garantizar el respeto al DIH y el reconocimiento de la acción humanitaria como neutral, imparcial e independiente.
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