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El presidente Gustavo Petro le exigió al Ejército de Liberación Nacional (ELN) cesar “todo tipo de hostilidades” contra los pueblos indígenas del Pacífico nariñense, tras atribuirle el asesinato de tres de la comunidad Awá, entre ellos el líder Luis Aurelio Araújo Guanga, ocurrido el pasado lunes en zona rural de Ricaurte, en Nariño.
“Ahora hay que ir a esta zona, ministro (de Defensa), y se la toma, respetando la cultura indígena. Pero aquí el ELN no va a matar más indígenas. Desde la frontera con Ecuador del Río Mataje, hasta la primera ciudad, el Ejército se toma la zona (...) ¿Por qué pasa? Habla el ELN: La paz de los cadáveres, la paz de los sepulcros. Malditos. Con la sangre indígena no se juega, porque son ancestros de toda Colombia”, dijo el mandatario durante su consejo de ministros.
Araújo Guanga fue hallado sin vida con signos de tortura, según denunció la población. El líder asesinado era integrante del Resguardo Inda Guacaray y del Cabildo Mayor Awá de Ricaurte (CAMAWARI), organización que ha denunciado de forma reiterada el incumplimiento estatal en la protección efectiva de sus comunidades y que ha sido históricamente víctima de masacres, desplazamientos y amenazas de diversos actores armados.
Su asesinato se suma al de otros dos indígenas reportados durante el mismo fin de semana, hechos que el Gobierno atribuye al ELN, una de las organizaciones que mantiene presencia en esa zona estratégica del suroccidente del país.
La tragedia se produjo apenas horas después de que ONU Derechos Humanos advirtiera públicamente sobre la desprotección que enfrentan los líderes awá en Nariño a propósito del asesinato el lunes de William Arias, Gobernador Suplente del Resguardo Awá Quejuambí Feliciana y sus acompañantes en Tumaco.
En una serie de mensajes en la red X, la oficina expresó su preocupación por las amenazas y atentados recientes, y recordó que los autos de la Corte Constitucional, como el 004 de 2009, establecen que varios pueblos indígenas —incluido el Awá— se encuentran en peligro de desaparición.
La petición de la ONU enfatizó la necesidad de que la UNP garantice esquemas de protección culturalmente adecuados, no solo para individuos, sino también para las comunidades en su conjunto.
“Llamamos especialmente a la UNP a fortalecer medidas de protección individuales y colectivas, incorporando los enfoques étnico, de género y territorial, según autos de la Corte Constitucional q declararon el riesgo de exterminio físico y cultural del Pueblo Awá”, dijo ONU derechos humanos en su cuenta de X.
4/Llamamos especialmente a @UNPColombia a fortalecer medidas de protección individuales y colectivas, incorporando los enfoques étnico, de género y territorial, según autos de la Corte Constitucional q declararon el riesgo de exterminio físico y cultural del Pueblo Awá
— ONU Derechos Humanos Colombia (@ONUHumanRights) June 2, 2025
Aunque la UNP ha entregado esquemas de protección a algunos líderes indígenas, organizaciones como CAMAWARI denuncian que estos resultan insuficientes y poco pertinentes frente a los riesgos colectivos que enfrentan los territorios.
La orden directa de Petro al ELN busca detener una ola de asesinatos que amenaza con desestabilizar aún más las regiones en donde se intentan implementar los diálogos de paz. Sin embargo, expertos advierten que, sin una respuesta efectiva del Estado en materia de protección y justicia, la situación podría continuar deteriorándose.
El riesgo de exterminio
Entre 2024 y 2025, la situación del pueblo Awá en el suroccidente de Colombia se ha agravado de forma alarmante. Las comunidades asentadas en Nariño, especialmente en los municipios de Tumaco, Ricaurte, Barbacoas y Samaniego, han enfrentado un recrudecimiento de la violencia armada, con presencia activa de grupos como el ELN, las disidencias de las FARC y estructuras del narcotráfico.
Esta presencia ha derivado en asesinatos selectivos, confinamientos, desplazamientos forzados y restricciones a la movilidad, lo que ha afectado gravemente la autonomía territorial, la pervivencia cultural y la seguridad alimentaria de los Awá. Aunque la Corte Constitucional ya había declarado su situación como de “riesgo de exterminio físico y cultural”, las acciones estatales no han logrado frenar el deterioro.
En 2024, la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) reportó que más de 58,000 indígenas fueron víctimas de hostigamientos, desplazamientos y otras formas de violencia, afectando gravemente a comunidades como la Awá. Además, el programa Somos Defensores documentó 157 asesinatos de defensores de derechos humanos en Colombia durante ese año, siendo los líderes indígenas uno de los grupos más afectados.
El asesinato del líder Araújo Guanga elevó a 73 el número de líderes sociales y defensores de derechos humanos asesinados en Colombia en lo que va del año.
En varias ocasiones, se han activado alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo y se han presentado solicitudes de intervención urgente ante el Gobierno nacional y organismos internacionales. Sin embargo, la respuesta ha sido fragmentada y, en muchos casos, limitada a medidas individuales que no responden a la dimensión colectiva del riesgo.
Los episodios de violencia ocurren en un contexto en el que el Gobierno Petro tiene congelado los diálogos de paz con el ELN tras el ataque de esa guerrilla en el Catatumbo. Desde entonces agresiones contra comunidades étnicas van en aumento.
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