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El excomisionado de la Verdad y líder social Leyner Palacios está a punto de salir del país para salvaguardar su vida. Así lo dio a conocer este martes desde Bogotá, durante una conferencia de prensa que convocó en las instalaciones de la Oficina del Alto para los Derechos Humanos de Naciones Unidas en el país, luego de haber denunciado amenazas en su contra.
En las últimas semanas, Palacios estuvo en el departamento de Chocó haciendo pedagogía y socializando el Informe Final de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad (CEV) y fue allí cuando recibió las amenazas contra su vida.
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“Llegué al Chocó el viernes pasado en horas de la tarde. Estuve encerrado y al día siguiente tenía una reunión con unos líderes que querían conocer del informe y saber cómo se maneja la plataforma digital de la Comisión para que fueran multiplicadores de ese documento”.
El líder social agregó: “en Quibdó evidencié un nivel de copamiento y autoridad que ejercen los actores armados ilegales. Desafortunadamente el domingo, a eso de las 12:00 del día o 1:00 p.m. me llegó un mensaje diciendo, básicamente, que debo salir nuevamente del departamento del Chocó, que me comunique con ellos pero no especifican cuál es el actor que me envía el mensaje. Y que no vuelva más por allá.”
Según dijo el excomisionado en la rueda de prensa, esto se debe a una situación humanitaria que no ha tenido resolución efectiva en su departamento, donde el funcionamiento institucional es deficiente, así como lo son los mecanismos de defensa individual y colectiva para frenar el actuar de los grupos armados.
Esta no es la primera vez que Palacios, sobreviviente de la masacre de Bojayá (2 de mayo de 2002), recibe amenazas. Desde que comenzó su liderazgo por la dignidad, justicia y reparación del desplazamiento masivo que sufrió su pueblo, fue objetivo de grupos armados que lo quisieron asesinar y lo obligaron a desplazarse por diferentes zonas del país. La situación de seguridad personal de Palacios ha sido tan delicada que en junio de 2021, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) tuvo que otorgarle medidas cautelares para proteger su vida e intentar neutralizar los ataques hacia él.
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Su caso fue el primero en el que el Sistema Interamericano de Derechos Humanos tomó una decisión tan de fondo sobre una persona que ejerciera liderazgo social en el país.
Leyner Palacios unió su situación con las intenciones del Gobierno en materializar su política de Paz Total en los territorios. Dijo que es hora de dejar atrás las conductas de un país racista que no se preocupa por la vida de su población étnica y por eso no se les protege como se debe.
“Ojalá esto sea una motivación para parar esta guerra. Cómo defensor de derechos humanos hoy quiero decirles que tengo mucho miedo, por lo que pueda pasar conmigo pero también por lo que pueda pasar con muchos líderes y lideresas que no pueden hablar. Veo muy reducida la posibilidad de seguir estando en Colombia”, sentenció.
Siguiendo sus denuncias, Palacios manifestó que la connivencia entre fuerza pública y actores armados al margen de la ley siguen latentes, motivo por el cual instó a la Fiscalía General de la Nación para que investigue y sancione a los responsables de las amenazas. “Tenemos sospecha y claridad de cuáles son las personas o grupos que pueden estar detrás de estas amenazas pero eso lo hemos puesto en conocimiento de las autoridades para que investiguen”, sintetizó el líder.
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El papel de las autoridades
A la fecha de publicación de este artículo, Palacios aún no se ha reunido con el director de la Unidad Nacional de Protección (UNP). Y si bien reconoció que desde el alto gobierno ya lo aron, pidió mayor acompañamiento y medidas de prevención de estos hechos.
“El alto comisionado (Danilo Rueda) y la vicepresidenta (Francia Márquez) ya de comunicaron conmigo y valoro mucho la reacción de las autoridades. Pero el problema no es Leyner, el problema es Colombia. Hay que tomar medidas para proteger todas las comunidades. Si se protegieran todas las comunidades, Leyner no tendría que salir del país”.
Junto a Leyner, estuvo presente la embajadora sueca ante Colombia, Helena Storm, quien fue la voz diplomática más visible en todo el acompañamiento al líder desde el domingo 19 de febrero, cuando denunció las amenazas.
En rueda de prensa, la representante adjunta de ACNUDH ante Colombia, Montserrat Solano Carboni, destacó el papel de la embajadora Storm y dijo lo siguiente: “Acá tenemos dos embajadores que han estado muchas veces en el Chocó. Compartimos las preocupaciones por la situación de derechos humanos en el departamento. Tenemos un compromiso y seguiremos estando allí”.
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A lo que se sumó la voz de Storm, quien además de manifestar su preocupación, comentó que “estoy acá acompañando a Leyner para mostrar la solidaridad de la comunidad internacional a su situación y a la situación de todos los defensores de derechos humanos en el país”.
Retomando lo dicho por Palacios, para el chocoano es clave no dejar acabar el legado del Informe Final, pues puede ser un insumo importante dentro del Plan Nacional de Desarrollo a la luz de la defensa de los derechos humanos de las y los líderes sociales en Colombia.
Lamentó que “el país no ha querido pasar ese informe por su corazón” e hizo lo propio, de forma crítica, con algunas promesas del Gobierno de Petro.
“Yo creo que cuando el presidente dijo que iban a implementar las recomendaciones a rajatabla es un bombillo que se prende. Ahí está planteado que se debe implementar el Acuerdo de Paz. Se plantea la garantía para los defensores de derechos humanos y eso no se está viendo hoy”, concluyó.
Gilles Bertrand, embajador de la Unión Europea en Colombia, también estuvo con Palacios ante los medios de comunicación. Resaltó el trabajo social del chocoano y pidió un mayor trabajo estatal en el Pacífico, región que el ve con pocos beneficios durante el posacuerdo.
“Leyner es una persona que ha dedicado su vida entera a la paz y reconciliación del país y del Chocó. Y este departamento ha sido de los que menos ha visto los beneficios del Acuerdo de Paz en 2016″, enfatizó Bertrand.