No es solo coca: los impactos ambientales de los conflictos armados en Colombia

Durante el mes de abril en conjunto con FCDS y Crisis Group organizamos desde el Centro de Estudios sobre Seguridad y Drogas (CESED) de la Universidad de los Andes un evento para conversar sobre economías lícitas e ilícitas y sus impactos en seguridad y medio ambiente. El objetivo del evento era reunir diferentes voces y visiones sobre lo que está ocurriendo en Colombia y en particular en la región amazónica, con un énfasis en la interrelación entre las diferentes economías (coca, oro, ganadería) y el rol de las gobernanzas armadas. Las presentaciones, en conjunto, dieron un panorama desalentador, pero ofrecieron pistas para intervenciones más integrales para abordar los problemas territoriales, y no solo los asociados a una economía específica. Es un error que el foco siempre está en la coca. En esta columna intento resumir los principales aprendizajes y retos basados en las presentaciones de los istas invitados.

Varias de las presentaciones e investigaciones resaltan el impacto socioambiental de las nuevas gobernanzas criminales y la necesidad de evitar lecturas fragmentadas. Actualmente, en Colombia, no estamos en un escenario propio de la lucha armada en el que grupos insurgentes buscan tomarse poder estatal. Como lo han señalado otros investigadores, estamos en un contexto donde se escenifican conflictos armados locales con características y dinámicas propias. Una cosa es el rol de Comandos de la Frontera en Putumayo, otra es el EMBF de Calarcá en el sur del Meta y otro el EMC de Mordisco en el Guaviare. Lo que sí parece ser común es que los grupos armados nuevos o reconfigurados, están ahí para controlar el territorio y las economías lícitas e ilícitas: coca, oro, ganadería, pero también el mercado de tierras y el ordenamiento territorial.

Desde el CESED mostramos como la salida o desconcentración de la economía cocalera en Meta y Putumayo no implicó la salida de los grupos armados, y hoy la minería ilegal juega un rol fundamental para financiar grupos armados y procesos de transformación del territorio.

Sabemos algo sobre la relación entre coca y ganadería y varios estudios muestran como el boom cocalero o la presencia de rutas se traduce posteriormente en expansión de pastos para ganadería y patrones de acaparamiento de tierras. Pero tenemos menos claro los flujos de recursos del oro hacia estas economías. Los recursos provenientes de la economía del oro ilegal, como lo mencionó Rodrigo Botero de FDCS, de manera indirecta también están financiado procesos de deforestación y acaparamiento de tierras, afectando especialmente comunidades indígenas y campesinas. Esto no solo ocurre en la región Amazónica Colombiana, también en Ecuador como mencionó Sofía Jarrín de Amazon Watch.

Santiago Saavedra de la Universidad del Rosario resaltó el rol los sistemas de monitoreo con apoyo de inteligencia artificial para identificar la minería ilegal y cómo es necesario la coordinación entre autoridades municipales y nacionales, mientras Giselle Figueroa recordó que la gobernanza del oro depende de una demanda global donde unos pocos definen el precio y legalizan la mercancía sin importar de donde venga.

Como dice Rodrigo Botero, la lectura fragmentada de los territorios no nos deja entender el panorama completo, incluyendo el nuevo rol de los grupos armados, su rol en la regulación económica, los “impuestos” que cobran en diferentes momentos de las cadenas de valor y su participación en procesos como los catastros que están haciendo en Guaviare como explicó la periodista Juanita Vélez. Los grupos armados locales son dueños de maquinaria, compran pasta base y oro y están relacionados con las compras masivas de tierras.

El trabajo de Crisis Group presentado por Elizabeth Dickinson nos recuerda además que los grupos armados no están aislados, que la mirada debe ser latinoamericana e incluso global. Los grupos colombianos pierden peso en los momentos más rentables de la cadena de valor de la cocaína y la multiplicidad de grupos que participan en el tráfico hace más difícil su abordaje. Hay unas relaciones transfronterizas que necesitamos entender para recuperar el control territorial.

El evento terminó con un político, moderado por Mauricio Velásquez, para discutir caminos de acción. En un con la participación del representante Juan Carlos Losada, la senadora María José Pizarro y el Viceministro de Ambiente Mauricio Cabrera, se discutieron los problemas de la Paz Total y como en palabras del Viceministro Cabrera, la deforestación se volvió un chantaje. Durante las diferentes presentaciones fue claro como el desorden de la Paz Total afectó la deforestación y como las soluciones ambientales, como lo mencionó Juanita Velez, están presas por la extorsión. Desde el CESED resaltamos la necesidad de definir criterios de distinción entre informalidad, ilegalidad y criminalidad, y la importancia de apoyar la iniciativa legislativa del representante Losada sobre la trazabilidad de la ganadería así cómo avanzar en la trazabilidad del oro. El Estado debe regular y monitorear estas economías, de lo contrario, los actores armados como en el caso de la coca y la cocaína, entrarán a regularlas con impactos en términos socioambientales.

*Profesora Titular de la Facultad de Economía, Directora del área de Desarrollo rural, economías ilícitas y medio ambienta (CESED)

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