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Escribo desde Viena, donde se celebra la reunión de la Comisión de Estupefacientes (CND) de las Naciones Unidas, el principal foro internacional para la discusión y el diseño de las políticas globales sobre drogas. Colombia ha tomado un papel activo en estos debates, defendiendo un enfoque que busca superar las fallidas estrategias de la guerra contra las drogas, que incluye la erradicación forzada de los cultivos ilícitos y la persecución al eslabón más débil de la cadena del narcotráfico.
Sin embargo, la crisis de seguridad que padece el país amenaza con distorsionar este debate. Mientras el Catatumbo y el Cauca enfrentan una ola de violencia, y de cara a la campaña presidencial que se está arrancando, varios intentarán atribuir este deterioro en la seguridad a la nueva política de drogas. Esta es una conclusión equivocada dado que existen factores más determinantes para entender la crisis que atraviesa Colombia. ¿Cuáles son?
Una política de “Paz Total” ineficaz. La implementación de los diálogos socio-jurídicos con grupos armados ha sido errática y sin foco. Esto ha llevado a treguas informales que los grupos armados han aprovechado para fortalecerse y expandir su control territorial sin enfrentar una respuesta contundente del Estado.
Los cambios en el paisaje criminal tras la reincorporación de las FARC. Después de la reincorporación de las FARC-EP, nuevas estructuras criminales han ocupado los espacios que dejó la guerrilla, pero sin la misma centralización del poder para regular el mercado de cocaína. Esto ha derivado en un modelo de gobernanza criminal fragmentado, donde el Estado sigue ausente o cooptado, mientras el control territorial se disputa de manera violenta entre diferentes bandas criminales.
La diversificación del crimen organizado. En los últimos años, el narcotráfico ha dejado de ser la única y/o principal fuente de financiamiento de los grupos ilegales. La extorsión, la minería ilegal y el contrabando han ganado cada vez más relevancia, multiplicando los focos de violencia y cooptación territorial. La política de drogas del gobierno no ha sido un factor determinante en este fenómeno.
El colapso del sistema judicial y la impunidad. Un sistema judicial desbordado y sin capacidad de respuesta también explica el auge de la criminalidad. Cuando las tasas de impunidad están por encima del 50% para muchos delitos de alto impacto en algunas ciudades, el problema más agudo es la ausencia de justicia efectiva y la falta de disuasión, no la decisión de arrancar (o no) los cultivos de coca.
El debilitamiento de la Policía Nacional. La salida forzada de varios generales y la designación de mandos medios con menos experiencia en el control del orden público han generado vacíos en la dirección estratégica de la seguridad urbana y rural.
Es cierto que una de las piedras angulares del nuevo abordaje—la sustitución voluntaria de los cultivos ilícitos—ha enfrentado enormes dificultades. Desde el Centro de Estudios sobre Seguridad y Drogas (CESED), demostramos que los retrasos en la entrega de los componentes del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS)—con solo un 10-15% de hogares recibiendo beneficios a tiempo—generaron presión económica sobre quienes erradicaron completamente sus cultivos de coca. Si el PNIS no logró cumplir sus promesas en el pasado, ¿qué garantías hay de que esta vez, en el Catatumbo, por ejemplo, la estrategia de sustitución funcionará? Mejorar la implementación de programas de sustitución es urgente.
Atender la crisis de seguridad del país es inaplazable. Pero exige un diagnóstico veraz: la crisis actual no es producto de la nueva política de drogas. En tiempos electorales proliferarán propuestas populistas y simplistas. No podemos ceder ante narrativas engañosas ni retroceder en un enfoque que, con ajustes, puede llevarnos a un futuro más seguro. La solución no es criminalizar a las personas que se ubican en los eslabones más débiles de la cadena, sino avanzar hacia la regulación de las sustancias psicoactivas.
Michael Weintraub es profesor asociado del Departamento de Ciencia Política y Estudios Globales Director, Centro de Estudios sobre Seguridad y Drogas (CESED) Universidad de los Andes