Ampliar el espacio cívico en el sector minero –energético en Colombia

Son muchos los males que aquejan hoy a la democracia en el mundo. Como lo señala Anne Appelbaum en su libro Autocracia S.A., se impone cada vez más un modelo de “dictaduras electorales”, basadas en lógicas autoritarias que destruyen los principios y mecanismos básicos del sistema, tal y como lo hemos concebido durante décadas, dos de los cuales han sufrido impactos muy negativos, sin ser los únicos: el equilibrio de poderes y la participación de la ciudadanía en las decisiones que la afectan. No es este el espacio para enumerar las prácticas de las nuevas élites políticas que erosionan las bases del sistema democrático, pero sí para señalar que, en medio de esta tormentosa situación, la máxima perdedora es la ciudadanía, el constituyente primario, a quien se deberían las autoridades públicas como representantes de los múltiples intereses que circulan en nuestras complejas sociedades.

Un reciente informe de la Corporación Transparencia por Colombia afirma que la salud de la democracia es función de la apertura de la que dispone la ciudadanía para expresarse y actuar en la esfera pública. El debilitamiento progresivo de ese atributo es lo que permite afirmar que la democracia está cada vez más enferma en el mundo. La participación ciudadana pierde espacio en la medida en que las autocracias gobernantes han expropiado a la ciudadanía de su poder de intervención en los asuntos públicos. Y lo han hecho restringiendo drásticamente el espacio cívico, es decir, el conjunto de condiciones económicas, sociales, políticas e institucionales que hacen posible y garantizan la libre participación de la ciudadanía en el escenario público.

Esto es aplicable a Colombia y, más específicamente, al manejo del sector de minas e hidrocarburos en el país. El último informe del Monitor CIVICUS reitera que en Colombia el espacio cívico sigue siendo reprimido, a pesar de algunos cambios ocurridos durante el gobierno de Gustavo Petro, quien ha respetado las marchas y la protesta ciudadana y se ha abierto al diálogo para la solución de conflictos y para el diseño de algunas políticas públicas. No obstante, Colombia ocupa un lugar preocupante en el ranking del continente americano sobre espacio cívico, superado solamente por Cuba, Nicaragua, Honduras y Venezuela, los países de peor calificación en dicha clasificación.

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El cierre del espacio cívico en Colombia es más notorio en el sector minero-energético, cuya gestión ha estado tradicionalmente monopolizada por el gobierno central, convertido en promotor de la gran industria minera y de hidrocarburos, a espaldas de las comunidades y las autoridades en los territorios. El actual gobierno, si bien ha abierto algunas puertas al diálogo y la consulta con la ciudadanía en los territorios, mantiene ese esquema vertical, aunque sin la influencia del sector empresarial en sus diseños de política.

Tres componentes del espacio cívico muestran altos niveles de precariedad en el sector: la habilitación de dispositivos adecuados para el diálogo y la participación ciudadana; la oferta de información clara, oportuna, confiable y de fácil para el ciudadano medio; y la capacidad del Estado de proteger las libertades ciudadanas y brindar las garantías necesarias para el ejercicio de la participación.

A diferencia de otros sectores de la gestión pública, el minero-energético no tiene un dispositivo propio y permanente de participación para deliberar y llegar a acuerdos sobre el uso de los recursos naturales no renovables. Algunos mecanismos han sido utilizados en el sector, como las audiencias públicas, la consulta previa, los terceros intervinientes, las consultas populares y las veedurías ciudadanas. Pero no existe una instancia para conocer los proyectos en marcha o por ejecutar, construir acuerdos sobre su implementación y procesar conflictos en el sector. La Corte Constitucional señaló en su sentencia SU95 de 2018 la existencia de un déficit participativo en el sector y exhortó al Congreso de la República a aprobar una ley de coordinación y concurrencia que incluyera un dispositivo permanente de participación. Esa exhortación no ha sido atendida ni por el gobierno ni por el Congreso, luego de casi siete años de expedida la Sentencia.

El a la información muestra también signos de debilidad. Aunque la oferta de información ha mejorado, especialmente a partir de la expedición de la ley 1712 de 2014, el a ella sigue siendo difícil para muchas personas y, sobre todo, para comunidades en la periferia del país. La brecha digital tiene mucho que ver con esa situación, al igual que las bajas capacidades de ciertos estratos poblacionales para acceder, comprender y manejar la información como insumo para su participación en las decisiones que afectan su territorio.

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Por último, el Estado tiene aún mucho que hacer para brindar las garantías necesarias que permitan a hombres y mujeres participar de manera efectiva, sin temores ni amenazas, en decisiones relacionadas con su territorio y, en particular, con el aprovechamiento de los recursos no renovables. El último informe de Global Witness afirma que Colombia es el país con la mayor tasa del mundo de homicidios de personas defensoras de la tierra y el medioambiente, con 79 asesinatos en 2023, lo que representa el 40% del total de asesinatos cometidos contra defensores en todo el mundo. A esta falta de protección y seguridad se suman el desconocimiento de muchas comunidades y organizaciones sociales como interlocutoras válidas del Estado en esta materia, la falta de garantías para acceder a la información y a los espacios de participación, y la ausencia de libertades para expresarse libremente y protestar por decisiones contrarias a los intereses de las comunidades y sus territorios.

Urge trabajar en esos tres frentes. El gobierno y el Congreso deberían unir fuerzas para sacar adelante la ley de acuerdos Nación – Territorio para la toma de decisiones sobre el aprovechamiento del subsuelo, incluyendo el dispositivo de participación sugerido por la Corte Constitucional. La Agencia Nacional de Minería diseñó un protocolo para ese efecto que no interpreta el espíritu ni la letra de la sentencia de la Corte, por lo que habrá que pensar en algo diferente más cercano a lo señalado por el tribunal constitucional.

En materia de información, más allá de la pedagogía sobre la ley 1712 y su aplicación, es preciso habilitar los actores, especialmente en las zonas periféricas del país para que puedan hacer uso adecuado de la información que ofrecen el gobierno y las empresas, a fin de cualificar sus procesos participativos, de forma que sean efectivos, es decir, incidentes, en la decisión final. No solo hay que mejorar la oferta de información, sino que hay que bajarla a los actores sociales para que la usen en su provecho y el de su territorio. Por último, hay una enorme tarea en materia de libertades y garantías para la participación. El gobierno es el responsable de brindarlas para crear un ambiente favorable a la participación, libre de amenazas, temores y pérdida de vidas de líderes y lideresas defensoras de su territorio.

La reglamentación, socialización y aplicación del Acuerdo de Escazú, ya ratificado por el Congreso y avalado por la Corte Constitucional, es una de las herramientas más poderosas para encaminarse hacia el logro de los anteriores objetivos. Pero no es la única. Hace falta una ley que reglamente la Consulta previa; otra que regule la protesta social, al tenor de las declaraciones y acuerdos internacionales sobre la materia; y otra, de coordinación y concurrencia, sugerida por la Corte Constitucional. Estas normas por sí solas no bastan para resolver los déficits de espacio cívico en Colombia; sin embargo, son instrumentos necesarios y deben ser el fruto de un acuerdo entre el gobierno, el Congreso y los diferentes estamentos de la sociedad. No hay otro camino. Superar la retórica y concretar hechos en la triple dirección de información, participación y garantía de derechos es la única forma de ampliar el espacio cívico en Colombia.

*Columna escrita por el Capítulo Foro Región Central de la Fundación Foro Nacional por Colombia.

*Foro Nacional por Colombia es un Organismo Civil no Gubernamental sin ánimo de lucro, creado en 1982, cuyos objetivos son contribuir al fortalecimiento de la democracia en Colombia. Desarrolla actividades de investigación, intervención social, divulgación y deliberación pública, asesoría e incidencia en campos como el fortalecimiento de organizaciones, redes y movimientos sociales, la participación ciudadana y política, la descentralización y la gestión pública, los derechos humanos, el conflicto, la paz y las relaciones de género en la perspectiva de una democracia incluyente y efectiva. Foro es una entidad descentralizada con sede en Bogotá y con dos capítulos regionales en Bogotá (Foro Región Central) y Cali (Foro Suroccidente).

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