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Los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) fueron la máxima promesa para saldar la deuda histórica con los 170 municipios más afectados por el conflicto y el abandono estatal. Estos planes suman una inversión territorial de 26.7 billones de pesos, distribuidos en 6.954 proyectos, de los cuales 5.455 están terminados, 1.245 en ejecución y 284 estructurados y financiados.
En total, se formularon más de 33 mil iniciativas territoriales en los Planes de Acción para la Transformación Regional (PATR), de las cuales 18 mil tienen ruta activa. Para construirlos, se reunieron más de 200 mil personas en el ejercicio de participación directa más grande que ha tenido Colombia.
Hasta ahí, todo suena monumental. Si se pasa a los resultados, es distinto. Y en esto, antes de que los lectores piensen que esto es una diatriba contra uno u otro gobierno, en realidad es una explicación de cómo un mal diseño perjudica y hace inviable la ejecución, aún con las mejores intenciones.
El 26.7% del total de la inversión se concentra en el sector transporte. Mejoramiento de vías terciarias, infraestructura vial, y en una mínima proporción —apenas el 0.8%— en placas huella. La base de la movilidad rural en Colombia recibió migajas.
En contraste, la infraestructura educativa absorbió el 13.3%, incluyendo aulas y algunos programas de mejoramiento de alimentación escolar, inversiones perfectamente descentralizables y de posible control comunitario. El 11% restante se destinó a agricultura y desarrollo rural, donde se concentran las mayores expectativas de las comunidades. Y, sin embargo, es el rubro con menor inversión. A la inversión mayor —la de transporte e infraestructura—, considerando su magnitud, habría que ponerle una lupa del tamaño de un telescopio. El resto de los sectores tienen inversiones tan marginales que no merece la pena agobiar la lectura con los resultados.
Pero el problema no está, como muchos han sugerido, en la corrupción local, en las condiciones del territorio o en la supuesta falta de capacidades institucionales (que también). No. El problema más grave es de diseño.
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El diseño estructural de los PDET está lleno de fallas y también de paradigmas que no necesariamente se soportan en evidencia. Son el ejemplo más sofisticado de focalización tecnocrática: 170 municipios seleccionados con la más rigurosa ingeniería de indicadores. El culmen del diseño institucional medible. Y, sin embargo, un diseño incapaz de producir desarrollo territorial sostenible. Sé que decir esto me hace impopular en algunos círculos, pero los datos y los testimonios lo confirman: la estructura actual del PDET no es eficaz.
Del diseño tecnocrático a la ineficiencia territorial
Para sustentar esta afirmación, analicé la base de 5.455 proyectos terminados, y otra, compuesta por 819 proyectos con observaciones comunitarias recogidas por la ART y enviadas a la Contraloría. Ambas fuentes coinciden: el diseño institucional cuesta.
La participación masiva, aunque valiosa, dio lugar a una mega-agencia centralizada que encareció la implementación, ralentizó el seguimiento y dejó poca capacidad instalada en lo local. El centralismo también tiene su precio: no solo financiero, también ambiental, istrativo y político.
Pese al esfuerzo participativo, las prioridades comunitarias no se tradujeron en los proyectos ejecutados. Muchas de las 33.000 iniciativas terminaron convertidas en un inventario de deudas históricas: agua, energía, movilidad rural. Pero las decisiones reales de inversión obedecieron más a la lógica de alineación de gobernadores y alcaldes con el plan nacional —y con sus propias agendas— que a las necesidades territoriales.
El Sistema General de Regalías fue la fuente principal de financiación de los proyectos terminados, priorizando pequeñas obras, acueductos veredales y vías terciarias. Los OCAD Paz, con solo el 6.4% de los proyectos, concentraron el 28.6% de la inversión, con proyectos de alto costo unitario. En contraste, el Fondo Colombia en Paz ejecutó el 26.6% de los proyectos pero solo representó el 2.7% del gasto total, convertido en muchos casos en repositorio de recursos ministeriales sin ejecución clara.
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La inversión en placas huella fue de 49 mil millones de pesos, apenas el 0.7% del total del sector transporte. Mientras en otros mecanismos se encuentran precios entre los 150 y 1.400 millones por kilómetro, en OCAD Paz hay contratos por hasta 1.800 millones. Investigaciones como la de Blu Radio, en 2022, ya habían alertado sobre los sobrecostos y la captura política de los recursos por congresistas como Ape Cuello y Sammy Merheg. El diseño institucional, lejos de blindar la paz, facilitó su intermediación clientelista y lo hizo difícil de auditar.
Cuando la obra no transforma
La base con observaciones comunitarias revela una realidad aún más cruda: una obra entregada no es necesariamente una obra útil. Las comunidades denuncian tramos mal construidos, intervenciones en sitios no priorizados y placas huella fisuradas a los pocos meses. Lo que dicen es claro y brutal: sin concertación, sin control social, sin rendición de cuentas, la ejecución no transforma. El Estado aparece como un actor opaco, lejano e ineficaz.
El descontento no se limita a la infraestructura. Los proyectos agrícolas también concentran frustración. El principal reclamo es la desconexión con la realidad productiva local: insumos inadecuados, herramientas inutilizables, falta de diagnóstico y acompañamiento técnico. Muchas iniciativas fracasaron en sus primeras etapas, deteriorando aún más la confianza comunitaria.
A esto se suma la fragilidad institucional: asociaciones débiles, cooperativas sin consolidar, escaso seguimiento. Las comunidades perciben que los proyectos se diseñan desde el escritorio, con lógica presupuestal más que con visión territorial. La falta de escala y articulación a cadenas de valor condena estos esfuerzos al aislamiento. Como país, debemos salir del cuello de botella que implica sostener el desarrollo rural en múltiples, dispersos y descoordinados esfuerzos.
Urge preguntarnos si un instrumento como los PDET, tal como están concebidos, son realmente el camino para construir paz territorial. Quizá haya que rediseñar más que insistir, y articular en lugar de multiplicar diagnósticos sin transformación.
