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En casi diez horas transcurrió la audiencia pública para definir el futuro de la concesión para que Coca Cola, a través de Femsa S.A., capte 3.23 litros por segundo de agua subterránea en el municipio de La Calera. El evento había atraído la atención de una opinión pública cada vez más preocupada por el agua de la región y la controversia de que un recurso lucre a una empresa privada.
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Las dos primeras horas de la audiencia marcaron la pauta de lo que serían las 300 intervenciones, de tres minutos cada una, que hicieron las personas inscritas. Durante este periodo inicial, tanto la embotelladora, como las organizaciones ambientalistas que solicitaron la audiencia, efectuaron intervenciones de 20 minutos en las cuales expusieron sus motivaciones.
El debate técnico
La embotelladora, como lo había comentado El Espectador previamente, citó unos estudios efectuados por la consultora especializada, Hidrogeocol, en los cuales se concluyó que el agua captada por Coca Cola solo corresponde al 0.6 % del agua de la cuenca de Tres Quebradas, y el 2 % del agua total del municipio de La Calera. Asimismo, que el agua captada de los manantiales, no está por encima del agua que entró al subsuelo por cuenta de las lluvias.
Finalmente, la firma dictaminó que el agua de los manantiales no viene de otras cuencas aledañas, en especial la de San Lorenzo, la cual surte una parte del agua consumida por el casco urbano del municipio de La Calera.
Sin embargo, otros estudios efectuados por la Corporación Geoambiental Terrae, dedicada a estudios hidrogeológicos, cuestionaron los resultados de Hidrogeocol.
Los técnicos a cargo concluyeron que los resultados expuestos por la consultora estaban incompletos y que confundieron los conceptos hidrogeológicos y de hidrología. Este aspecto es clave, puesto que, de esta confusión, dicen los técnicos a cargo del segundo estudio, surgió la conclusión de que el agua de los manantiales no viene de la quebrada San Lorenzo.
Por consiguiente, el modelo numérico para arrojar dichos resultados, no resultaba concluyente para establecer que el agua captada por Coca Cola no se tomaba de la quebrada San Lorenzo, la cual surte del recurso a una buena parte del municipio de La Calera. Este debate es el eje axiomático de la discusión, por cuanto, si bien el nuevo estudio no tenía el objetivo de concluir si había, o no, un impacto ambiental de la concesión, dejó entrever la falta de información para tomar una decisión en torno a la concesión.
En vista de lo anterior, una solución equilibrada, dicen los expertos, pasaría por reducir el caudal de captación de la concesión anterior, al menos hasta los 2 litros por segundo, mientras se obtiene mayor evidencia científica. En especial, sobre el impacto del cambio climático en las recargas del agua subterránea y la conexión entre las cuencas Tres Quebradas (en donde está el manantial) y la de San Lorenzo.
División social
Ya en las intervenciones de los inscritos a la audiencia, se pudo evidenciar una polarización entre dos sectores de la población del municipio. Por un lado, están los empleados de la compañía (cuyo 80 % reside en La Calera) y los campesinos de las fincas vecinas a la embotelladora, que defienden su continuidad.
Por el otro, está la sociedad civil y colectivos de otros municipios y de la parte baja del municipio, en el casco urbano, azotada históricamente por racionamientos y escasez de agua. Mientras unos defienden su derech al trabajo y el impacto social que ha tenido la empresa en las veredas de Santa Helena y Buenos Aires; los demás alegan el libre y público al agua, y la injusticia ambiental de la que son víctimas al tener problemas de abastecimiento.
Entre las dos voces, sin embargo, hay un punto en común: el precio que paga esta, y las otras 200 concesiones para el uso industrial de agua subterránea.
Aunque Femsa dice que su compensación se evidencia en el pago de más de $1.000 millones y otros $12.000 millones para conservar el ecosistema en torno a los manantiales, la comunidad exige formas diferentes de retribución.
En especial, al calcular que el aprovechamiento de casi 100 millones de litros al año podría representar ingresos cercanos a los $200.000 millones. Mientras tanto, según la tasa de tarifas que la CAR cobra por estas concesiones —ronda el 0,4 % al 0,6 % de los dividendos—, esta y las otras embotelladoras solo pagarían entre $4 y $6 millones al año.
Por eso, líderes y vecinos de La Calera exigen, por ejemplo, paquetes de becas para estudiantes del municipio, mejoras en las vías destapadas en las veredas de Santa Helena y Buenos Aires —aledañas a la planta—, así como mayor inversión en infraestructura de acueducto y alcantarillado. No obstante, este último punto parece ir más encaminado hacia la forma en la cual la istración municipal ha manejado los recursos tributarios de esta y otras concesiones en el territorio.
Asimismo, el tema de las tarifas resulta crucial de cara a la renovación de esta, y las demás concesiones, tanto en La Calera, como en Bogotá, y el resto de Cundinamarca. Sin embargo, la fijación de las mismas está a cargo del Ministerio de Ambiente, entidad que aún no da señales de cambio o modificaciones en esta materia.
Ahora, tras la audiencia, el balón está en el patio de La CAR. Aunque nada de lo dicho en el espacio tiene efectos directos sobre la decisión final, varios de los conceptos y opiniones son clave para que dicha determinación esté debidamente sustentada. Sea cual sea el resultado, lo cierto es que la autoridad ambiental del departamento, y el Ministerio de Ambiente, tiene bastante trabajo en la mesa para actualizar y fortalecer la normativa en torno a las aguas subterráneas y el conocimiento sobre ellas.
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Por Miguel Ángel Vivas Tróchez
