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Para este jueves está programada una reunión entre el Distrito y el Ministerio de Ambiente para concertar los lineamientos ambientales que tendrá la Sabana de Bogotá. Esto, en cumplimiento de una orden del Tribunal de Cundinamarca, que ordenó la concertación del trámite junto a los 40 municipios involucrados.
Horas antes, la Secretaría de Ambiente informó por medio de un comunicado que esta reunión se dio luego de que un grupo ambientalista mediara para agendarla. “Gracias a su gestión, fue posible dar un paso concreto hacia el cumplimiento de la orden judicial, reencauzando el proceso hacia una construcción coordinada”.
En respuesta, la ministra de Ambiente, Lena Estrada, aseveró que “no está bien que existan otros actores que quieran dispersar este proceso de concertación y participación”.
Y resaltó. "A la Alcaldía se le hizo una citación o una invitación a conversar. Por eso no está bien que salgan en medios a decir otras cosas porque desde el Ministerio con todas las buenas intenciones se está haciendo una invitación para conversar una ruta de trabajo. Es un primer encuentro de muchos", dijo.
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Finalmente, Estrada señaló que la visión ambiental de la Sabana desde el Ministerio, está enfocada en proteger el agua “por encima de muchos intereses que también existen aquí, como los económicos”. “Es un proceso sagrado porque tiene que ver con la protección del agua que tanto necesita Bogotá. Entonces sí hay que dar participación, pero no hay que generar ambigüedades o alargar el proceso”.
Mientras tanto, desde el Distrito reiteraron que su objetivo se enfoca en restaurar y conservar la Estructura Ecológica Regional, priorizando las Áreas de Importancia Estratégica para la Regulación Hídrica,“con el fin de proteger los ecosistemas vitales y asegurar la provisión sostenible de servicios ecosistémicos”.
Para ello, señalaron como indispensable la construcción de una metodología interinstitucional que “defina el análisis normativo que sustentará el acto istrativo. Dos, se acuerde el ámbito territorial de aplicación. Tres, se elabore un diagnóstico integral del territorio,que identifique los principales conflictos y desafíos ambientales.Y cuatro, trazar la ruta técnica y jurídica para la formulación y adopción del acto istrativo”, sentenciaron.
La resolución de MinAmbiente
Una directriz del Ministerio de Ambiente reactivó el choque entre el Distrito y la nación. Se trata de la reciente consulta pública por un proyecto de resolución que cambiaría el ordenamiento territorial de los municipios de la sabana de Bogotá. En ella se delimitan cinco zonas (recarga de acuíferos, bosques naturales andinos, bosques secos subxerofíticos, humedales y áreas de amenazas naturales) y las declara áreas de especial importancia ambiental, cobijando con medidas de protección a casi 581.000 hectáreas (ha), lo que obligaría a acogerse a nuevas reglas ambientales a cualquier iniciativa urbanística, minera o agrícola.
En este pleito hay una verdad irrefutable: el flujo migratorio desde la capital hacia los municipios vecinos generó una creciente demanda de vivienda, obras de urbanismo y zonas de producción, que vienen ejerciendo presión en los ecosistemas de una zona originalmente rural. Y esto se respalda en cifras: según Bogotá Cómo Vamos, entre 2005 y 2018 la población de estos municipios pasó del 47 % al 63 % y, según el DANE, la tasa de crecimiento poblacional aumentó 117 %.
En lo ambiental, cerca del 70 % de los humedales han sufrido alguna modificación por la expansión, y la conectividad hídrica se ha visto fragmentada un 85 %. Para completar, de 2000 a 2018 se perdieron 36.000 ha con potencial agrícola (casi el 10 % de la zona más fértil de la sabana) y el al agua también se ha visto afectado: gran parte de los municipios reportan demandas muy altas, sobrepasando la oferta hídrica. De ahí, que nueve de las diez cuencas de la sabana se encuentren en riesgo.
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Pero construir de manera desmedida en un territorio como la sabana, a través del relleno de humedales, también tiene sus consecuencias. 21.570 hectáreas están en zonas de alta amenaza por inundaciones y deslizamientos. De hecho, sucesos como el de hace unos años en Mosquera, en cercanías del humedal La Herrera, o las inundaciones en la autopista norte del año pasado, fungen como el ejemplo perfecto.
Aunque varios actores reconocen la importancia y el legado a la preservación de la resolución, una vez sea expedida, hay otros actores que han presentado sus reparos. Entre ellos, la Alcaldía de Bogotá y el gremio constructor, quienes aseguran que lo planteado en la resolución impactaría el desarrollo de nuevas unidades de vivienda y la realización de obras como la ampliación de la autopista norte, la Av. Boyacá; así como la PTAR Canoas.
Dichas críticas han sido desestimadas por expertos, quienes aseguran que la resolución no reemplazaría ni suprimiría lo estipulado en los POT Y PBOT de Bogotá y los 35 municipios, sino que daría nuevas directrices para la preservación de este ecosistema de interés nacional. No obstante, tanto el Distrito como los demás opositores, sostienen que existen puntos ambiguos en la norma que “les generan incertidumbre”.
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Por Redacción Bogotá
