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A través de una carta dirigida a varios ministerios, 100 organizaciones nacionales e internacionales pidieron al Gobierno Nacional evitar el hundimiento de la ley que busca prohibir el fracking y la extracción de yacimientos no convencionales en Colombia.
“Como bien saben, si el proyecto no es debatido antes de que finalice la legislatura (el 20 de junio), será nuevamente archivado, en este caso, debido a la falta de acción del ejecutivo y el legislativo, que poco han hecho para hacer efectivo el mensaje de urgencia que fue radicado hace más de tres meses”, se lee en el documento.
Vale recordar que a mediados de febrero de 2025, los ministerios de Ambiente y de Interior radicaron un mensaje de urgencia para que se discutiera el proyecto. No obstante, a la fecha, no se ha agendado un espacio para el debate de la iniciativa legislativa.
La carta, radicada por la Alianza contra el Fracking en Colombia, asegura que la falta de acción por parte del Gobierno Nacional en torno a este proyecto de ley, compromete sus promesas alrededor de la transición energética y la protección de los ecosistemas. Por su parte, la alianza solicitó una reunión con funcionarios de los diferentes ministerios para avanzar en esta materia.
¿Qué propone el proyecto de ley contra el fracking?
El fracking, como se sabe, es una técnica en la que se utiliza agua a presión, con una mezcla de arena, para poder romper y generar grietas en rocas que están kilómetros de profundidad de la tierra y estas liberen, por así decirlo, el gas o el petróleo que tienen almacenado.
En palabras muy resumidas, además de prohibir el fracking, el proyecto de ley busca prohibir toda exploración y explotación de hidrocarburos en cinco tipos de yacimientos no convencionales: las lutitas, las areniscas bituminosas, los hidratos de metano, el gas asociado a mantos de carbón y las areniscas y carbonatos apretados.
El Ministerio de Ambiente aseguró hace meses el proyecto de ley es “fundamental para alcanzar las metas del Estado colombiano en materia de reducción de emisiones para hacer frente a la crisis climática, e impedir la ocurrencia de riesgos graves sobre la salud humana, la fauna y la flora local, el agua subterránea, entre otras afectaciones advertidas por la ciencia asociadas al fracking y a los yacimientos no convencionales”.
Es posible que no sea tan sencillo que este proyecto de ley prospere. Ya el año pasado, por ejemplo, el que había sido impulsado por el gobierno y, especialmente, por la exministra Susana Muhamad, terminó hundiéndose, luego de que la Comisión Quinta de la Cámara de Representantes no agendara el tercer debate.
La entonces ministra insistió en que esta técnica “afecta no solamente los suelos porque ocupa espacios que deberían ser para la agricultura, que deberían ser para los humedales en grandes cantidades. Tiene altísimo riesgo de contaminación por ese cóctel de químicos usados para romper la roca y sacar el gas al agua subterránea, recurso absolutamente estratégico en la transición climática de Colombia”.
En la otra cara de la moneda, la industria ha señalado que esa técnica es uno de los caminos para que haya energía a mejores precios para los colombianos y para que el país tenga mejores reservas de crudo.
En este artículo están expuestos de forma más amplia los diferentes argumentos que se han puesto sobre la mesa.
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